Los ayuntamientos eliminan la huella de contratos públicos por valor de 1.000 millones
Un tercio de los consistorios borran la información antes del plazo legal, lo que dificulta el seguimiento público del gasto
Tribunal de Cuentas.
Los ayuntamientos medianos y grandes ocultan la huella de contratos públicos valorados en más de 1.000 millones de euros al hacer desaparecer antes de tiempo la información contractual de sus portales oficiales. No se trata de adjudicaciones secretas ni de contratos inexistentes, sino de la eliminación anticipada del rastro documental que permite seguir, analizar y fiscalizar el gasto público una vez ejecutado.
Esa es la principal conclusión que se desprende de una fiscalización oficial sobre la transparencia en la contratación municipal durante 2023, centrada en los municipios españoles de entre 200.000 y 300.000 habitantes. El alcance del análisis del Tribunal de Cuentas, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, es relevante: los expedientes examinados representan el 83,45% del importe total adjudicado, con contratos por valor de 1.050 millones de euros, lo que convierte el problema en estructural.
La información contractual debe permanecer accesible al público durante al menos cinco años a través de los perfiles de contratante. Sin embargo, el informe constata que solo el 69,47 % de los órganos de contratación cumple ese plazo mínimo. El resto elimina o deja inaccesible la documentación antes del límite legal, rompiendo la trazabilidad del gasto público.
Opacidad en los pliegos municipales
La opacidad, por tanto, no se produce en el momento de adjudicar, cuando los contratos suelen publicarse conforme a la normativa, sino a posteriori, cuando la información desaparece de los portales institucionales. Es una opacidad sobrevenida que impide reconstruir decisiones públicas pasadas, revisar adjudicatarios recurrentes, analizar modificaciones contractuales o evaluar concentraciones de gasto en determinadas empresas o sectores.
Durante 2023, los ayuntamientos fiscalizados adjudicaron 1.258 millones de euros en contratos no menores ni patrimoniales. La muestra analizada —493 expedientes— concentra más de cuatro quintas partes de ese volumen económico, lo que permite extrapolar con solvencia las conclusiones al conjunto de la contratación local de grandes ciudades.
El informe detecta además incumplimientos relevantes en la rendición de cuentas al órgano fiscalizador. Decenas de expedientes que superaban los umbrales legales no fueron remitidos en plazo o directamente no se remitieron, y varios ayuntamientos acumulan retrasos sistemáticos en la entrega de la documentación contractual. En algunos casos, más de la mitad de los expedientes fiscalizados llegaron fuera de plazo o no llegaron nunca, lo que refuerza la pérdida de trazabilidad y limita el control efectivo del gasto público incluso antes de que la información desaparezca de los portales oficiales.
Ayuntamientos sin planificación
En varios ayuntamientos, el incumplimiento del plazo de conservación no se limita a áreas concretas, sino que afecta tanto a servicios municipales como a entidades dependientes, entre ellas empresas públicas, fundaciones y consorcios. Estas entidades, pese a gestionar cientos de millones de euros en contratación, presentan niveles de transparencia inferiores a los de los propios ayuntamientos matrices, lo que agrava la pérdida de control sobre el gasto público.
El informe no solo detecta fallos en la conservación de la información, sino también una ausencia casi total de planificación pública. Solo uno de cada diez órganos de contratación publica un programa anual de contratación, una herramienta básica para anticipar licitaciones, facilitar la concurrencia empresarial y reforzar la transparencia antes de que se adjudique el contrato.
La combinación resulta especialmente problemática: sin planificación previa y sin conservación posterior de la información, la contratación pública queda reducida a expedientes aislados, difíciles de contextualizar y extremadamente complejos de fiscalizar con perspectiva temporal. El gasto se ejecuta, pero no deja un rastro ordenado y accesible que permita analizarlo de forma global.
Contratos menores, en el punto de mira
La fiscalización vuelve a señalar a los contratos menores como uno de los principales focos de opacidad. Solo el 50,42% de los órganos de contratación publica correctamente la información exigida por la ley —objeto, duración, importe e identidad del adjudicatario—, pese a la obligación de hacerlo de forma periódica.
La falta de publicación completa y la desaparición anticipada de los datos refuerzan un patrón de pérdida de trazabilidad, especialmente relevante en un tipo de contrato que concentra un elevado número de adjudicaciones y un mayor riesgo de fragmentación del gasto.
El sistema, en su conjunto, cumple los mínimos formales, pero falla en la transparencia efectiva. Los perfiles de contratante existen y los contratos se publican, pero la información no siempre se conserva, no se ordena o no se centraliza de forma que permita un seguimiento real del dinero público. En algunos municipios, además, la existencia de múltiples perfiles de contratante, incluso asociados a órganos sin competencias reales, fragmenta aún más la información y dificulta su localización, incluso cuando no ha sido eliminada.