Las empresas dan por hecho que la presidenta de la CNMC aspira a un tribunal de la UE

El próximo 16 de junio acaba el mandato de la presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández. En algunos despachos de las empresas reguladas (telecomunicaciones, energía y transporte, entre otros) ha comenzado la cuenta atrás para conocer quién será el nuevo jefe del regulador, un puesto clave para sus intereses. Al mismo tiempo, asumen que la actual presidenta lleva tiempo buscando su último reto profesional para retirarse en un puesto de responsabilidad.

Un cargo que, según creen, no estará en España, sino en la Unión Europea (UE). Fernández tendría como objetivo recalar dentro del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que garantiza el respeto del derecho de la Unión en la interpretación y aplicación de los Tratados. Otra opción sería el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE), encargado de conocer en primera instancia de los recursos de anulación interpuestos por instituciones de la Unión Europea, particulares, empresas y Estados miembros. Cani Fernández ya intentó sin éxito, antes de ponerse al frente del regulador, entrar en el TJUE.

Para llegar a ambos puestos es necesario tener el plácet del Gobierno, sobre quien recae la competencia de ascender a las personas a dichos cargos. Según fuentes del sector, esta dependencia de un Ejecutivo es lo que ha hecho que su perfil se haya ido moderando en los últimos meses para no seguir a pies juntillas los preceptos del Gobierno por la hipotética posibilidad de que llegue un nuevo Gobierno liderado por el Partido Popular (PP), como vaticinan la mayoría de las encuestas.

Cani Fernández ha sido una mujer de la confianza de la exvicepresidenta económica, Nadia Calviño, que dejó el Gobierno a finales de 2023 para convertirse en presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Esta la nombró asesora de su gabinete (donde estuvo cuatro meses) tras 23 años en el despacho de abogados Cuatrecasas, del que llegó a ser socia. En la actualidad, ella responde, en menor medida, al Ministerio de Economía, porque la CNMC está adscrita él. Por lo demás, actúa de forma libre.

La vía del sector privado, según las empresas, está descartada porque Fernández no puede trabajar en ninguna compañía supervisada por el regulador durante los próximos dos años por incompatibilidad, mientras que en el mundo de la abogacía ya ha tenido una carrera de éxito. Cabe señalar que aunque el mandato de Cani Fernández termine a mediados de junio, existe incertidumbre en los sectores regulados sobre si existirá consenso político para elegir no solo a la nueva presidenta, sino también a otros tres consejeros de la cúpula.

Los últimos meses en la CNMC

En el sector creen que los últimos meses de Cani Fernández al frente del regulador no se acometerán sobreesfuerzos. De todos los sectores bajo supervisión de la CNMC, el energético es el que más problemas genera a la cúpula del regulador. Las empresas amenazan con ir a los tribunales para recurrir la circular que desarrolla la metodología de la retribución de las redes eléctricas (que trata de imponer un modelo totex que ha sido criticado por no ajustarse a este).

Paralelamente, la comisión tiene que desarrollar un informe que determine quién fue el culpable del apagón del pasado 28 de abril. Un documento que, según fuentes internas, estaba aún en estado incipiente hace varias semanas. Este texto será clave para dilucidar quién deberá asumir la carga de las futuras indemnizaciones por el apagón. Según informó este medio, la Audiencia Nacional ya ha optado por el marco que impuso el Gobierno en su comité creado sobre los responsables del apagón, en el que repartió culpas entre las energéticas y el gestor del sistema, Red Eléctrica.

Por último, se espera que la circular que defina la retribución de las redes de gas no se apruebe hasta finales de este año, lo que puede provocar un enfrentamiento con el sector, que espera que esta medida se apruebe en unos meses. En principio, estos pagos no generarán la misma controversia que han tenido los de las redes eléctricas, porque ya fueron objeto de polémica en 2019, cuando las retribuciones fueron disruptivas.