La incertidumbre económica y regulatoria dispara el estrés de los directivos en un 60%
Un 83% de ejecutivos reconoce haber sufrido tensiones en 2025, frente al 24% de 2024, según Hiscox
Un 83% de ejecutivos reconoce haber sufrido estrés en 2025, frente al 24% de 2024. | Europa Press
El Foro de Davos terminó señalando que España se enfrenta a serios problemas por su deuda pública y la falta de oportunidades económicas, así como por el posible aumento del desempleo y la incertidumbre, tanto económica como regulatoria. No es casualidad que estas sean las dos grandes losas sobre la espalda de los directivos españoles: un 83% afirma haber sufrido ambas en 2025, frente al 24% de 2024.
Según los datos de 2025 del II Informe de Pymes y Autónomos de España de Hiscox al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, el 74% de los directivos reconoce haber experimentado algún tipo de síntoma relacionado con la salud mental (problemas para dormir, síntomas de ansiedad o síntomas de depresión, entre otros).
El comienzo de 2026 vuelve a situar el foco en el estado de la salud mental de los directivos y responsables empresariales de España. La presión derivada de la gestión diaria, la incertidumbre económica y regulatoria, y el aumento de las responsabilidades tienen un impacto directo sobre su bienestar emocional, hasta el punto de que el estrés se ha convertido en uno de los principales problemas a los que se enfrentan.
El 74% reconoce haber experimentado algún tipo de síntoma, entre los que destacan los problemas para dormir (60%, frente al 21% en 2024), ansiedad (de un 21% a un 49%) y depresión (28% frente al 11% del año anterior). A esto se suman la baja autoestima y la inseguridad (25%), y el déficit de atención o dificultad para concentrarse (20%).
La carga sobre las pymes
Los directivos que declaran haber sufrido alguno de estos síntomas presentan, de media, 2,6 afecciones simultáneas, lo que evidencia un impacto acumulativo en su bienestar. Por número de empleados, los síntomas son más frecuentes entre quienes dirigen pymes de 1 a 250 empleados (82%), aunque también afectan de forma significativa a las pymes sin asalariados (69%).
El deterioro de la salud mental de los directivos se enmarca en un contexto económico complicado, determinado por la constante evolución y multiplicación de riesgos, entre ellos el legal, y de forma creciente. El informe revela una preocupante falta de concienciación sobre estas amenazas: el 26% reconoce no ser consciente de los riesgos legales que asume en el desempeño de su actividad, una cifra que desciende al 22% entre aquellos con empleados. Además, el 18% afirma haberse visto afectado por algún problema grave o reclamación de terceros, ligeramente por encima de los niveles registrados en años anteriores.
Entre quienes han sufrido este tipo de situaciones, los problemas administrativos (54%) y laborales (52%) son los más habituales, seguidos de los medioambientales (17%). En cuanto a las demandas recibidas, predominan también las relacionadas con cuestiones administrativas (36%), laborales (19%) y medioambientales (14%). El 45% asegura no haber sido demandado nunca.
Consecuencias de gobernar sin calendario
Los gestores administrativos también advierten de una situación estresante para las empresas, en especial para las pymes y los autónomos, en gran medida como consecuencia de la inseguridad jurídica que acarrea gobernar sin calendario y por ende, sin Presupuestos. Fernando Santiago, presidente del Ilustre Colegio de Gestores Administrativos, mantiene que «hay una forma silenciosa de inseguridad jurídica que no suele ocupar titulares, pero que golpea cada mes a miles de pequeños negocios, debido a la falta de previsión normativa en materia laboral. Tanto, que empezamos el año sin conocer el nuevo salario mínimo interprofesional, sin certezas sobre las cotizaciones sociales y sin un marco claro de costes laborales. De modo que, lo que para una gran empresa puede ser un ajuste contable, para una pyme o un autónomo con empleados es un problema serio de gestión».
España es un país de pequeños negocios. El 99,8 % del tejido productivo está formado por pymes y microempresas que necesitan algo tan básico como saber cuánto les va a costar mantener su plantilla a lo largo del año. «Sin embargo, una vez más, se les obliga a operar en la incertidumbre, a pagar nóminas provisionales y a asumir que, más adelante, deberán rehacer cálculos, regularizar diferencias y absorber efectos retroactivos desde el 1 de enero».
Este sistema «genera un doble perjuicio. Por un lado, impide una planificación financiera responsable. Nadie puede presupuestar con rigor si desconoce una de sus principales partidas de gasto. Por otro, incrementa innecesariamente la carga administrativa, con nóminas que hay que recalcular, cotizaciones que deben corregirse, diferencias que hay que explicar a trabajadores que no entienden por qué su salario cambia meses después. Y todo ello con el consiguiente desgaste de tiempo, recursos y confianza».
Y el problema de fondo, sostiene, «no es técnico, es cultural. Se legisla sin asumir el impacto real en el pequeño empresario, como si la retroactividad fuera neutra y como si el tiempo administrativo no tuviera coste. Falta empatía para entender que, en una gestoría o en un pequeño negocio, cada cambio normativo tardío se traduce en horas de trabajo adicional, en tensión financiera y en decisiones que se toman a ciegas».