Los dueños de pisos temen una maniobra del Gobierno para proteger a los okupas

La Plataforma de Afectados por la Ocupación ha celebrado el fin de la prórroga antidesahucios, una medida que consideran un «blindaje» a okupas y que recogía el decreto ómnibus. Esta vez los afectados por la okupación y la inquiokupación se han mostrado más optimistas al ver un cierto cambio en algunos partidos políticos, cada vez más sensibles a esta problemática creciente. Sin embargo, se mantienen expectantes sobre qué estrategia va a llevar a cabo el Gobierno para sacar adelante estas medidas, igual que logró hacer el año pasado.

Una medida que se empezó a aplicar a causa de la vulnerabilidad que generó la pandemia en algunas familias, pero que se ha ido prorrogando enmarcada en el llamado Escudo Social del Gobierno. Sin embargo, en la práctica, se trata de una decisión que a ojos de la Plataforma de Afectados por la Ocupación y de muchos expertos del sector, ha generado un aumento de estos fenómenos y una vulneración continua de los derechos de los propietarios que están haciendo «la labor social que el Gobierno es incapaz de hacer».

Desde la Plataforma temen ahora la nueva «jugada» que pueda hacer el Gobierno tras este primer fracaso parlamentario del año, pero se muestran satisfechos de que «haya calado» en varios partidos, como el PP, Coalición Canaria, PNV y Junts, que hay que retirar esta medida. «Nuestra petición está en línea con lo que han pronunciado varios partidos de hacer una medida exprofeso para proteger a los vulnerables, pero que sea el Gobierno el que se haga cargo de ellos, no los propietarios», asegura en conversación con THE OBJECTIVE, Ricardo Bravo, portavoz de esta plataforma.

La plataforma denuncia que la prórroga continua de este decreto ha supuesto una grave crisis para las familias afectadas, y ven cómo el Gobierno «sigue sin asumir su responsabilidad con los vulnerables, ni con los falsos vulnerables que se han aprovechado de la laxitud de la norma». Añaden, en conversación con este diario, que el Ejecutivo carece de financiación y viviendas sociales para atender a las familias afectadas, y deriva la responsabilidad hacia quienes poseen una única vivienda en el mercado de alquiler. El decreto, aprobado originalmente con carácter excepcional durante la pandemia, ha sido prorrogado hasta seis veces.

Entre 60.000 y 70.000 afectados

«El decreto era una coartada para que el Estado no hiciera su trabajo. Al decaer la norma, el Gobierno ya no puede mirar hacia
otro lado: ahora está obligado a buscar soluciones habitacionales dignas y reales para quien lo necesite, en lugar de obligar a un ciudadano particular a ejercer de servicios sociales sin ayuda ni compensación», añade Bravo. El Ejecutivo no ofrece datos oficiales de las personas que se encuentran en esta situación de vulnerabilidad. No obstante, a nivel nacional, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca habla de hasta 70.000 desahucios que se habrían beneficiado de la moratoria entre abril de 2020 y diciembre de 2025. A ello habría que sumar los 27.564 desalojos que se producen al año y sobre los que las administraciones públicas apenas pueden garantizar alternativas residenciales.

En el caso de comunidades como Cataluña, calculan que se podrían reactivar -en el caso de no aprobarse definitivamente la medida- un total de 13.260 desahucios que se habrían beneficiado de la moratoria entre abril de 2020 y diciembre de 2025. A estos desahucios habría que sumar los 7.381 desalojos que se producen al año en Cataluña. «Nosotros hablamos de 80.000, pero no hay datos contrastados, es de las cosas que pedimos», añade Bravo. Mientras, la PAH asegura que «es intolerable la incertidumbre a la que están sometiendo a las familias que esperan poder quedarse en sus casas o encontrar una solución habitacional digna».

Por otro lado, al margen de lo que pueda ocurrir en las próximas semanas —el año pasado, el decreto ómnibus también cayó en la primera votación y el Ejecutivo troceó las medidas, incluyendo la prórroga antidesahucios con la subida de las pensiones— la Plataforma de afectados considera que para recuperar la seguridad jurídica y la confianza en el mercado es imprescindible aprobar ya una Ley Antiocupas que garantice el desalojo exprés y proteja de forma efectiva la propiedad privada y a todos los afectados por la ocupación e inquiocupación.