La UE pone coto a las trabas contra los pisos turísticos: ni prohibiciones ni doble registro

La Unión Europea fija límites cada vez más estrictos que complican la continuidad del actual modelo jurídico español acerca de las viviendas de uso turístico. Dos resoluciones europeas han supuesto sendos varapalos a varias regulaciones vigentes en España a nivel nacional, autonómico y municipal, en un momento en que varias Administraciones se plantean restringir más el sector de los alojamientos turísticos por el malestar social ante la masificación de ciertos destinos: algunos partidos y movimientos han culpado a los apartamentos de corta estancia del problema de escasez de vivienda, aunque la evidencia empírica al respecto es más compleja.

La Comisión Europea se ha pronunciado sobre los registros públicos de pisos turísticos, que los Gobiernos central y autonómicos utilizan para eliminar del mercado los pisos turísticos que operan ilegalmente sin licencia, aunque la duplicidad que se da en varias regiones que ya contaban con este mecanismo antes de la iniciativa estatal ha provocado un caos burocrático. En una carta a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, la directora general de Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y Pymes de la UE, Kerstin Jorna, advierte al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, de la imposibilidad de mantener dos registros simultáneos, e insta a las autoridades españolas a resolver esta anomalía en los próximos tres meses. Aunque la resolución se emitió para analizar el anteproyecto de Ley de Turismo Sostenible de Andalucía, su contenido afecta al marco ya vigente en varias comunidades que, como Cataluña, cuentan ahora con este doble trámite.

Otro freno relevante para las actuales normativas turísticas españolas ha llegado desde el Tribunal de Luxemburgo, que está analizando una regulación local de Bruselas contra los alquileres de corta estancia, un caso que ha generado notable expectación por las implicaciones que puede tener en el resto de países miembros que, como España, establecen restricciones a este sector. Este caso ya cuenta con el dictamen del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que pone freno a las prohibiciones, expropiaciones o medidas desproporcionadas contra los apartamentos turísticos. Aunque la opinión de estos juristas no es vinculante, suele adelantar la postura que adoptan más adelante los jueces europeos.

El ultimátum de Bruselas, «un palo para el Gobierno»

En su escrito, Bruselas recuerda al Gobierno que el reglamento europeo sobre alquileres de corta duración exige a los Estados miembros que cumplan las indicaciones recogidas en la directiva, por ejemplo, que una unidad «no estará sujeta a más de un procedimiento de registro». Esta norma «no entrará en vigor hasta el 20 de mayo de 2025», pero «cualquier procedimiento debe cumplir plenamente, para esa fecha, los requisitos establecidos».

Fuentes de la patronal barcelonesa de apartamentos turísticos han señalado que, más allá de las implicaciones para la legislación andaluza, la indicación de Bruselas «es un palo para el Gobierno», porque «el reglamento europeo decía expresamente que no podía haber dobles registros». Consideran que el nuevo registro estatal carece de sentido y solo añade «más cargas» burocráticas y «más costes», ya que las comunidades autónomas tienen delegadas las competencias en turismo y pueden imponer un número de registro.

El abogado general del TJUE también pone límites

El dictamen del abogado general sobre el asunto C-813/24, referente al contencioso entre Smartflats contra la Région de Bruxelles-Capitale, especifica que cualquier limitación a los alquileres a corto plazo debe cumplir la directiva de servicios de la UE, que recoge que las ciudades, regiones o estados pueden restringir las autorizaciones siempre que las medidas se demuestren necesarias, proporcionadas, transparentes, jurídicamente seguras y plenamente justas.

En este contexto, los planes de municipios como Barcelona para retirar licencias ya concedidas sin compensación económica, o, en general, cualquier régimen de concesión de licencias que carezca de claridad y plazos vinculantes, pueden entrar en conflicto con este principio. El dictamen recoge además que el silencio administrativo no puede considerarse en ningún caso como una denegación de las autorizaciones, que según las normas de la UE deben darse por concedidas si las autoridades no responden a tiempo.

Estas manifestaciones por parte de responsables de la Comisión y la Justicia europea añaden condicionantes sobre la forma en que los países miembros, España incluida, podrán regular a partir de ahora los apartamentos turísticos. El PSOE se ha mostrado partidario de limitar esta modalidad de alojamiento, registrando una propuesta en el Congreso en mayo del año pasado —todavía pendiente de tramitación— que incrementaría los impuestos que pagan estos establecimientos, mientras que desde el Gobierno ha impulsado el registro estatal y en varias comunidades ha propuesto limitaciones adicionales. También en municipios, siendo Barcelona el caso más restrictivo.

Estas propuestas parten de la base de que los pisos turísticos contribuyen a la emergencia habitacional al restar viviendas, una hipótesis que no se ha demostrado de forma universal. Un estudio de la Universidad de Málaga concluyó que un incremento del 10% en el parque de apartamentos vacacionales está relacionado con un aumento de cerca de tres euros por metro cuadrado en el mercado del alquiler. Sin embargo, otro informe de la consultora PwC concluyó que en el caso de la capital catalana —que solo cuenta con unos 10.000 establecimientos de este tipo, alrededor de un 1% del parque residencial— no se había producido un efecto perceptible. De hecho, algunos expertos consideran que este impacto en los precios solo se produce cuando hay un gran número de apartamentos, y el consenso académico tiende a apuntar que la problemática de la vivienda en España responde principalmente a una falta de oferta en las zonas de mayor demanda, como las grandes urbes, que se resolvería con la construcción de obra nueva o con inversión en pisos sociales, que suele presionar los precios a la baja.