Auguran una reducción de la oferta de alquiler cuando se recuperen los pisos okupados

El mercado del alquiler acusará una «salida masiva» de pisos que anteriormente estaban en el mercado. Diferentes expertos consultados por THE OBJECTIVE prevén que esta sea una de las principales consecuencias del fin de la moratoria antidesahucios que llevaba más de cinco años vigente en España, paralizando entre 60.000 y 80.000 lanzamientos de okupas e inquiokupas declarados en situación de vulnerabilidad. Teniendo en cuenta la saturación actual de los juzgados y la reactivación de decenas de miles de casos, que cargará aún más el sistema, muchos de los procedimientos se pueden demorar varios años, pero una vez recuperen sus viviendas, se espera que sus propietarios, de forma mayoritaria, no vuelvan a arrendarlas, sino que las vendan.

La abogada especializada en derecho inmobiliario Arantxa Goenaga advierte que «si ya había poca oferta, nos vamos a encontrar que va a haber menos» y que esta situación generará «aún más tensión en el mercado». «[Se tardará] cinco años en recuperar la vivienda», lamenta la socia del bufete AF Legis, que afirma que muchos de estos inmuebles están muy deteriorados y las ayudas que deben pagar las autonomías como compensación solo cubren las rentas, pero no los destrozos ni otros gastos. «Han generado una situación tensa y muy desigual», denuncia, y se muestra convencida de que «los juzgados se colapsarán». «Estaremos todos pidiendo que se reanuden todos los lanzamientos y son procedimientos de hace años; si ya vamos colapsados, imagínate con esto». La jurista arremete contra el legislador por la «irresponsabilidad brutal» de aprobar una normativa que pretendía ser urgente y se ha demorado casi seis años. «En vez de buscar otros culpables, que busquen su responsabilidad; no es una cuestión política, han incurrido en una irresponsabilidad social hundiendo un mercado esencial».

Òscar Gorgues, gerente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, coincide en el análisis y anticipa una «salida masiva de pequeños propietarios», que no querrán alquilar tras haber vivido «graves problemas». «Siguen llegando inmigrantes y no encontrarán piso, no hay mercado de alquiler ni tampoco obra nueva», subraya. Además, señala que «los plazos de la justicia son inaceptables en una democracia normal. Puedes tardar tres o cuatro años en recuperar tu bien con el perjuicio que conlleva y hay propietarios que tienen pocos recursos, están indefensos», señala. «La situación del propietario se ha deteriorado tanto que, cuando recuperen su vivienda, en condiciones seguramente lamentables, decidirán venderla y no volverá al mercado de alquiler, así que no se podrá beneficiar de los desahucios la gente que está esperando legalmente para alquilar», asegura Gorgues, que considera que «muchas de estas viviendas ya no volverán al mercado del alquiler y no [se solucionará] el problema [del alquiler]», pero sí el de la compraventa.

El presidente de la patronal Fadei, Miguel Ángel Gómez Huecas, también observa que, tras la incertidumbre vivida en los últimos años por distintos cambios legislativos, «el arrendador se queda un poco disgustado con lo que ha pasado y se le quitan las ganas de alquilar». Incluso en el escenario de que el Ejecutivo intentase por tercera vez recuperar el llamado escudo social y Junts —que ya se ha posicionado claramente en contra de la okupación— lo aprobase, durante el periodo sin vigencia de la moratoria, «mucha gente reactivará procedimientos anteriores». «A la gente que ha estado viviendo por la cara, que no tenía un problema de vulnerabilidad y alargaban el procedimiento de desahucio, se les va a poder echar, pero la gente necesita vivienda y hay que trasladar el problema a los servicios sociales». Gómez se muestra partidario no solo de edificar vivienda asequible, sino de que las Administraciones públicas compren inmuebles de segunda mano para agilizar la formación de un parque residencial público.

La senadora Paloma Martín sostiene que la okupación «es un auténtico drama» y pide al Gobierno «que no añada inseguridad jurídica y no siga insistiendo con otro decreto» después de que el Congreso de los Diputados ya haya tenido que rechazar dos veces en lo que va de año la moratoria antidesahucios. La también coordinadora de Vivienda del PP cifra en 120.000 las viviendas que se han esfumado del mercado del alquiler en los últimos dos años, además de 80.000 inmuebles okupados, otros 21.000 inquiokupados y 23.000 pisos en venta con okupas dentro. A estas cifras «se suma la multitud de personas que no denuncian porque no confían en la justicia», en un momento en que «las empresas de desokupación están proliferando». Según la parlamentaria popular, «los perjudicados, además de los propietarios, son las personas de rentas medias y bajas que viven en los barrios donde más alta es la okupación y están sufriendo los efectos de la inseguridad o del deterioro de la convivencia».

Ricardo Bravo, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Okupación, pide «luchar contra la okupación y que sea el Gobierno quien se encargue de dar una solución a las familias vulnerables». «La responsabilidad es del Gobierno y nadie más, la ingeniería legislativa está detrás de la escasez de vivienda social porque no han construido en siete años». «No somos especuladores, somos familias y trabajadores, van a volver a atacarnos, pero ya va siendo hora de que dejen de jugar con los propietarios de vivienda y desde el Gobierno tomen medidas para construir».

Entre los miles de afectados por el problema de la okupación se encuentra Martín Angolian, que llegó de Argentina hace cuatro años y destinó todos sus ahorros a comprarse una casa en Estremera (Madrid). «La reformamos durante meses con mi mujer y mi hijo y la pusimos a alquilar para no dejarla sola, porque estaba pendiente de que me concediesen el teletrabajo para instalarnos», revive. Su calvario llegó cuando los inquilinos «pagaron tres meses y no pagaron más». Finalmente se fueron, pero al ir a recuperar la casa, había otro hombre viviendo en el domicilio. «Está durmiendo en mi cama, comiendo en mis platos y yo corriendo con los gastos de hipoteca, seguro, IBI, abogado… Tuve que vender mi coche para poder mantener las cuentas al día», explica este propietario, que está pendiente de un recurso judicial tras haber ganado contra el okupa en primera instancia. Angolian no se ha llevado una buena impresión del sistema político —«el Gobierno hace el caldo gordo a estas situaciones»— ni judicial —«te tratan a gritos, como a un delincuente»— español. «Es lo último que pensé que me podía pasar en España», sentencia.