Bruselas aprueba 200 millones de euros en ayudas públicas españolas al vehículo eléctrico
Se usará para inversiones en la fabricación de baterías y otras tecnologías utilizadas en la producción de este tipo de coche
Planta de producción de vehículos.
La Comisión Europea aprobó este jueves un plan español de 200 millones de euros en ayudas públicas para inversiones en la fabricación de baterías y otras tecnologías utilizadas en la producción de vehículos eléctricos, según informó la institución en un comunicado.
El Ejecutivo comunitario considera que el régimen español es «necesario, adecuado y proporcionado para acelerar la transición hacia una economía con cero emisiones netas» por lo que ha dado su visto bueno conforme al marco temporal de ayudas del Pacto de Industria limpia aprobado el año pasado.
En concreto, este esquema permitirá conceder ayudas en forma de subvenciones directas a inversiones que aumenten la capacidad de producción de tecnologías de baterías y almacenamiento de energía y tecnologías de hidrógeno para su uso en vehículos eléctricos.
Asimismo concederá apoyo para la producción o recuperación de las materias primas críticas necesarias y estará abierto a empresas de todo el territorio español hasta el 30 de junio de 2026.
«En un momento de creciente incertidumbre geopolítica, la autonomía energética de Europa, que reduce nuestra dependencia de los combustibles fósiles importados, es más importante que nunca. Invertir en baterías, almacenamiento e hidrógeno no es solo una cuestión de competitividad, sino también de resiliencia y soberanía», dijo la vicepresidenta de la Comisión Europea responsable de Competencia, Teresa Ribera. «Los fondos se desplegarán rápidamente para que la industria de las baterías pueda avanzar en esta transición», añadió en un comunicado.
El marco de ayudas de estado del Pacto de Industria Limpia, que estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2030, facilita la concesión de ayudas a sectores considerados clave para la transición hacia una economía con cero emisiones de dióxido de carbono con el fin de acelerarla.
En particular, los Estados miembros pueden programar ayudas que apoyen el despliegue de energías renovables y combustibles con bajas emisiones, para aliviar el precio de la electricidad a las industrias de alto consumo energético con el fin de evitar su relocalización en otras jurisdicciones, o para facilitar la descarbonización de los procesos industriales.
También autoriza el apoyo para garantizar suficiente capacidad de producción de tecnologías limpias, incluidas baterías, paneles solares, turbinas eólicas o bombas de calor, entre otras, así como para reducir el riesgo de ciertas inversiones en ese sector, en la descarbonización industrial o en infraestructuras energéticas, entre otras áreas.