Bruselas alerta del riesgo de endeudamiento público excesivo en España a partir de 2028

El lastre de un déficit público estructural y el progresivo envejecimiento de la población sitúan a España en «riesgo elevado» de endeudamiento público a medio plazo. Según la Comisión Europea, aunque la deuda del Estado ya es actualmente elevada, la situación está por ahora contenida debido a que, de no haber grandes imprevistos, las necesidades de financiación de las Administraciones se mantendrán previsiblemente estables cerca del 15% del producto interior bruto (PIB) a corto plazo. Una cifra que Bruselas no considera problemática, al menos de momento, teniendo en cuenta la percepción favorable de los mercados en un momento en que la economía crece en términos nominales por encima de la emisión neta de deuda, lo que contiene la ratio que usan las agencias de calificación, moderando a su vez el coste de los intereses.

Sin embargo, la Comisión prevé que estas circunstancias cambien a partir de 2028 por las mayores necesidades de gasto asociadas al envejecimiento demográfico y la incertidumbre financiera global, que podría incrementar el coste de emitir nueva deuda y refinanciar la existente. Por ello, aconseja tomar medidas de esfuerzo fiscal —esto implica o bien recortar el gasto público o bien incrementar significativamente la presión fiscal— para hacer frente a la subida en las partidas asociadas a pensiones, sanidad y cuidados de larga duración y garantizar la sostenibilidad de las cuentas a medio y largo plazo. De hecho, la institución presidida por Ursula von der Leyen ha situado a España entre los cuatro países del bloque comunitario con mayor riesgo a medio plazo en su último informe de sostenibilidad de la deuda, junto a Italia, Francia y Bélgica, que no solo están entre los 12 Estados miembros con riesgo alto a medio plazo, sino que además cuentan con una deuda ya de por sí elevada y en trayectoria creciente.

Partiendo de la base de estas estimaciones, este año y el siguiente la deuda pública española seguirá elevándose en cantidad total, pero no en su carga sobre la economía, que crece más rápido. Sin embargo, a partir de 2028 sí empezará a aumentar el peso sobre el PIB, lo que conlleva no solo un volumen más grande, sino intereses más altos, disparando los costes de financiación. Esta trayectoria proseguirá hasta que en 2036 se alcance el umbral del 108% del PIB, frente al 100,8% actual contabilizado por el Banco de España. En su Observatorio de Deuda de marzo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ha indicado que las proyecciones apuntan «una probabilidad significativa de que la deuda aumente en los próximos años» y que, además, «persisten riesgos inflacionistas que han desplazado ligeramente al alza las expectativas de los tipos de interés futuros», que «podrían requerir un cierto endurecimiento de la política monetaria»

«Según los datos de la Intervención General del Estado, en 2024, con los tipos por los suelos, pagamos 38.000 millones de euros en intereses, pero con la inflación más dos puntos, la factura sería tremebunda», advierte a THE OBJECTIVE el economista Clemente Polo. «Se ha visto una pequeña subida en el rendimiento de los bonos de Estados Unidos y Alemania; imagínate lo que puede suponer para un país como España, con la deuda que tenemos», reflexiona el experto, que anticipa una «subida» en los costes de financiación. Todo ello en el contexto de «un mundo donde las costuras están rompiéndose por todos lados», en plena crisis en Oriente Medio que «también está tensando las relaciones entre España y Estados Unidos». Según Polo, la Unión Europea actuará como paraguas ante posibles represalias comerciales para el país, aunque sorteable si Donald Trump recurre a alguna «estratagema legal» para considerar «país enemigo» a España, un escenario que agravaría todavía más las potenciales turbulencias económicas derivadas de la incertidumbre geopolítica.

A raíz de la guerra de Irán, los analistas esperan un encarecimiento de los costes financieros asociados a la deuda pública, algo que se observará previsiblemente en los próximos meses, aunque en el caso de España ya se han producido ligeros incrementos en la rentabilidad exigida por los inversores por los mismos bonos, lo que obliga al Tesoro Público a destinar más dinero a financiarse. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha recordado a los estados que no deberían estar incrementando su deuda en el periodo actual de relativa bonanza económica porque eso agotará su margen para financiar medidas contracíclicas cuando llegue una crisis económica. Ante el aumento esperado en la deuda y el pago de intereses, las alternativas, que plantean un difícil dilema tal y como admite el propio organismo, pasan por subir impuestos, recortar en servicios esenciales o bien entregarse a una escalada inflacionaria o de endeudamiento.

La directora ejecutiva del Fondo, Kristalina Georgieva, ha alertado durante su visita en Japón de que los políticos de todo el mundo deben «prepararse para lo imaginable», recordando que cada incremento del 10% en el precio global del petróleo —la subida en lo que va de año ya quintuplica este porcentaje— suele acarrear unas cuatro décimas adicionales de inflación, y una o dos décimas menos de crecimiento económico. Un escenario que, de confirmarse, tendrá implicaciones para el gasto público que conllevan las obligaciones financieras. Sin embargo, esta correlación entre encarecimiento petrolero y escalada de precios, que conduciría a pensar que el IPC puede enfilarse por encima del 4% en España, no es una equivalencia matemática simple, sino que varía estadísticamente en función de diversos factores. El FMI publicará en abril su estimación específica sobre el impacto económico de la inestabilidad en Oriente Medio, aunque varios análisis, entre ellos el de Funcas, ya dan por hecho que la inflación puede escalar fácilmente hasta el entorno del 3%, aunque solo de forma temporal si el conflicto no se alarga hasta generar efectos de segunda ronda, es decir, una espiral alcista más enquistada.