La mitad de los contratos del Gobierno se adjudica a la única empresa que se presenta
Bruselas sitúa en el 20% el umbral de riesgo en contratos con un solo licitador, un límite que el Estado duplicó en 2025
Ilustración de Alejandra Svriz.
Prácticamente la mitad de los contratos del Estado se adjudicaron en 2025 a la única empresa que se presentó al concurso. Los datos del panel estadístico de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon) analizados por THE OBJECTIVE muestran que el 45,82% de las concesiones de la Administración General del Estado se resolvió con un solo licitador, por un importe de 6.307 millones de euros durante el último ejercicio. Esta última cifra supone una cuarta parte del importe total adjudicado durante ese ejercicio.
La situación afecta a 25.874 contratos o lotes adjudicados con una única empresa participante. En todos estos casos, el procedimiento se publicó en la Plataforma de Contratación del Sector Público y cualquier empresa podía presentar oferta. Sin embargo, finalmente, solo una compañía concurrió al proceso y obtuvo la adjudicación. En muchas ocasiones, una sola exigencia en el pliego limita la capacidad de ejecutar el encargo a una empresa.
La magnitud del dato refleja que no se trata de episodios aislados ni de mercados extremadamente especializados. Los datos del supervisor indican que casi uno de cada dos contratos públicos del Estado se resolvió sin rivalidad entre empresas, un nivel que sitúa la falta de competencia como uno de los aspectos más relevantes de la contratación pública estatal.
Contratos con un solo licitador
El volumen económico también resulta significativo. Los 6.307 millones de euros adjudicados con un solo licitador en 2025 corresponden a contratos licitados mediante procedimientos competitivos, es decir, concursos abiertos en los que formalmente existe concurrencia empresarial. A diferencia de las adjudicaciones sin publicidad —en las que la Administración invita directamente a determinados operadores—, en estos casos la licitación está abierta, pero la competencia no se materializa porque solo se presenta una oferta.
La baja participación empresarial en las licitaciones públicas lleva años preocupando a los organismos de supervisión. Cuando el número de empresas que compite por un contrato es reducido, disminuye la capacidad de la Administración para comparar ofertas y obtener mejores condiciones económicas. Diversos análisis sobre contratación pública señalan que la concurrencia empresarial es uno de los factores que más influyen en el precio final de los contratos, ya que la rivalidad entre licitadores suele traducirse en rebajas sobre el presupuesto inicial.
El aviso de la Comisión Europea
Este indicador se utiliza habitualmente para medir el grado de competencia en el mercado público. La Comisión Europea incluye el número de licitadores en su cuadro de indicadores del mercado interior, conocido como Single Market Scoreboard, que evalúa el funcionamiento de la contratación pública en los Estados miembros.
Según la metodología europea, cuando el porcentaje de contratos con un único licitador supera el 20%, el indicador entra en zona de riesgo porque refleja una concurrencia empresarial limitada. Los datos de la Administración General del Estado en 2025 duplican ampliamente ese umbral: el 45,82% de las adjudicaciones.
La importancia de este indicador no es solo estadística. En las licitaciones públicas, la competencia entre empresas suele traducirse en rebajas sobre el presupuesto inicial del contrato. Cuando varias compañías presentan ofertas, la administración puede comparar propuestas, exigir mejores condiciones técnicas y presionar a la baja el precio final.
Impacto en el gasto público
El Tribunal de Cuentas Europeo ha advertido en distintos informes que la caída de la competencia en la contratación pública puede afectar a la eficiencia del gasto público. Cuando las administraciones reciben pocas ofertas o adjudican contratos sin rivalidad entre empresas, aumenta el riesgo de que el sector público pague más por bienes o servicios que en un entorno competitivo.
En España, diversos análisis sobre contratación pública también han señalado factores que pueden explicar la baja participación empresarial en las licitaciones. Entre ellos se encuentran pliegos de condiciones restrictivos, contratos de gran tamaño que limitan la concurrencia, requisitos de solvencia elevados o mercados con un número reducido de operadores. En otros casos influyen condiciones económicas poco atractivas para las empresas, sobre todo las pequeñas, o plazos administrativos que dificultan la preparación de ofertas.
Los datos analizados por THE OBJECTIVE muestran que esta situación no se limita a casos puntuales. La elevada proporción de contratos con un solo licitador refleja un patrón recurrente dentro de la contratación pública estatal, donde una parte significativa de las adjudicaciones se decide sin competencia efectiva entre empresas.
Adjudicaciones sin publicidad
La diferencia con otros procedimientos también es relevante. Mientras que en las adjudicaciones sin publicidad la falta de competencia forma parte del propio mecanismo —al tratarse de contratos negociados directamente con empresas invitadas—, en los contratos con un solo licitador la licitación sí está abierta, pero el mercado no responde con múltiples ofertas.
Los organismos europeos y las autoridades de competencia consideran que este indicador es clave para evaluar la apertura del mercado público. Cuanto mayor es el número de empresas que participan en una licitación, mayor es la competencia y más posibilidades tiene la administración de obtener mejores condiciones económicas.
El resultado es una imagen clara del mercado público estatal: casi uno de cada dos contratos del Estado se adjudicó en 2025 sin rivalidad entre empresas, un escenario que reduce la competencia y limita la presión del mercado para bajar precios en los contratos públicos.