Sánchez podría lograr sacar a Escribano de Indra, pero no apartarle de contratos críticos
La dependencia tecnológica es clave por los acuerdos de Defensa que Escribano ya tiene blindados
El pulso por el control de Indra ha entrado en fase de guerra fría entre Moncloa y uno de los empresarios más estratégicos del sector de la defensa en España, Ángel Escribano.
El Gobierno, a través de la SEPI, tiene la capacidad de forzar su salida como presidente de la tecnológica, pero se enfrenta a una realidad técnica ineludible: la dependencia de las Fuerzas Armadas respecto a la tecnología de la empresa familiar Escribano Mechanical & Engineering (EM&E).
La estrategia del Ejecutivo de Pedro Sánchez para convertir a Indra en el campeón nacional de la defensa choca frontalmente con la estructura de la industria privada. Escribano no es solo un accionista con el 8% de Indra; es el fabricante de los sistemas sin los cuales los grandes programas de armamento actuales serían meras carcasas de metal. Además, se trata de contratos de un alto rango temporal, en los que se ha firmado el compromiso de colaboración durante años.
No hay que olvidar tampoco que Escribano es accionista de gran peso en Indra. Controla algo más del 14% de la corporación, consolidándose como el mayor accionista socio de la tecnológica, solo por detrás de la SEPI, que tiene el 28%.
La UTE Indra-Escribano, segunda por inversión recibida
El peso de Indra como proveedor de Defensa es clave. Según el estudio Rearme 2025 elaborado por el Observatorio de Seguridad Nacional de Opina 360, el gasto en equipamiento militar se disparó a cifras récord el año pasado, hasta los 31.793 millones de euros para cumplir con los compromisos de la OTAN.
Solo dos corporaciones, Airbus e Indra, concentraron casi el 71% de toda la inversión adjudicada ese año. La UTE Indra-Escribano se sitúa inmediatamente después gracias a una alianza estratégica que sumó 7.611 millones de euros (un 23,9% del total).
Se trata de contratos y tecnología desarrollados por EM&E, y los hermanos Ángel y Javier Escribano son dueños absolutos de la compañía con sede en Alcalá de Henares (poseen el 100% del accionariado a partes iguales).
En 2021, la familia recompró el 32,2% de los títulos que estaban en manos de un fondo soberano de Omán, con el objetivo de «españolizar» la empresa y asegurar la soberanía tecnológica en contratos sensibles. Desde entonces, el control familiar sobre las decisiones de la compañía es total.
Ángel Escribano tiene y tendrá un gran poder de influencia sobre la tecnología de la que es propietario y las decisiones empresariales a futuro de EM&E pase lo que pase con su sillón en el consejo de Indra. El Gobierno ha conseguido frenar su compra por parte de la empresa pública, tras presionar a la corporación tecnológicomilitar hasta que esta decidió retirarse de la operación, pero el futuro es incierto.
Está por ver si el Ejecutivo agitará el consejo para retirar definitivamente a Ángel Escribano del puente de mando de Indra, un movimiento de ficha complejo en sí mismo y por lo que subyace en cuanto al control de facto de EM&E y su tecnología.
Los contratos más críticos
Los contratos más críticos firmados por Escribano con el Ejecutivo son los del sistema de artillería de ruedas y de cadenas, que ascienden a 7.240 millones de euros y se adjudicaron en diciembre de 2025. En este proyecto, Escribano fabrica los vehículos lanzadores y se encarga de la integración mecánica, mientras que Indra aporta los sistemas de mando y control, así como las comunicaciones.
También es relevante el contrato del blindaje del VCR 8×8 Dragón (Vehículo de Combate sobre Ruedas, VCR). Este acuerdo depende en gran medida de las estaciones de armas remotas que solo fabrica Escribano.
El contrato inicial para la primera fase de producción de 348 vehículos se firmó en 2020 por cerca de 2.100 millones de euros, pero tras actualizaciones tecnológicas y varios ajustes, el Ministerio de Defensa y el consorcio Tess Defence (Indra, Santa Bárbara Sistemas, Sapa y Escribano) se ha elevado a entre 2.400 y 2.600 millones de euros.
Si sumamos el ciclo de vida completo (mantenimiento, formación y futuras fases), se estima que la inversión total del Estado podría alcanzar los 3.800 millones de euros para este proyecto en los próximos años.