Las trabas legislativas amenazan 23.900 millones de inversión en centros de datos

El sector de los centros de datos en España advierte de que las trabas regulatorias y un contexto de menor seguridad jurídica podrían poner en riesgo hasta 23.900 millones de euros en inversión en los próximos años. Así lo señala SpainDC, la asociación que representa a la industria, en el marco de la presentación de su informe anual 2025, elaborado junto a Pb7 Research. El estudio dibuja un escenario de fuerte crecimiento para el sector en ausencia de cambios normativos.

Según sus estimaciones, los centros de datos podrían movilizar hasta 66.900 millones de euros en inversión directa e indirecta hasta 2030, con un impacto anual en el PIB de 7.300 millones de euros y más de 16.000 empleos asociados. Sin embargo, la patronal advierte de que este potencial no tiene en cuenta el efecto del real decreto aprobado recientemente por el Ejecutivo en el contexto de la guerra de Irán, que introduce nuevas exigencias para este tipo de infraestructuras.

Entre ellas, destaca la obligación de que los centros de datos generen energía renovable adicional equivalente a su consumo previsto, así como la posibilidad de que el Gobierno suspenda su acceso a la red eléctrica si no cumplen determinados criterios de eficiencia energética y uso del agua. Además, se contempla la creación de un comité de inversiones estratégicas que decidirá qué proyectos tienen prioridad en el acceso a la red. Desde SpainDC consideran que el conjunto de estas medidas introduce un escenario más restrictivo, caracterizado por mayores exigencias regulatorias y una creciente inseguridad jurídica. En este contexto, el sector teme que la combinación de nuevas obligaciones y falta de certidumbre afecte a la planificación de proyectos y al atractivo inversor de España frente a otros mercados europeos.

Sorpresa por el decreto

«Se trata de un sector estratégico que requiere reglas claras, predecibles y estables», señalan desde la asociación, que insiste en que no reclama ayudas ni ventajas, sino seguridad jurídica para poder desarrollar inversiones a largo plazo. La organización también critica la inclusión de los centros de datos en un decreto de carácter anticrisis, así como determinadas declaraciones políticas que apuntan a una posible priorización de otros sectores en el acceso a la red eléctrica. A su juicio, estas señales aumentan la incertidumbre en un momento clave para el desarrollo de la infraestructura digital.

Pese a ello, el sector asegura estar preparado para cumplir con la regulación, aunque cuestiona que España esté imponiendo requisitos más estrictos que los vigentes en otros países de la Unión Europea, lo que podría afectar a su competitividad. SpainDC advierte además de que, si el marco regulatorio no se estabiliza, podría producirse un desvío de inversiones a corto plazo hacia otros destinos más predecibles. En este sentido, la asociación subraya la importancia de mantener un diálogo fluido con la Administración para definir un entorno que permita consolidar el crecimiento del sector en España.

«España no compite solo por atraer centros de datos; compite por inversión, productividad y relevancia estratégica en la nueva economía digital. Consolidarnos como hub digital del sur de Europa refuerza nuestra competitividad y nuestra capacidad para desplegar digitalización e inteligencia artificial desde infraestructura propia», afirma Begoña Villacís, directora ejecutiva de SpainDC.