Crisis en Tubos Reunidos: su polémico rescate por la SEPI aviva el conflicto laboral
Empresa y plantilla chocan por los planes para revisar el crédito investigado por la UCO
Piquetes de la plantilla de Tubos Reunidos este lunes en el acceso a la planta en Amurrio (Álava). | EFE
El rescate de Tubos Reunidos se ha convertido en motivo de discordia entre la compañía y su plantilla. Esta empresa siderúrgica con 130 años de historia planea despedir a 301 empleados, una cuarta parte de la plantilla. La ayuda pública que recibió en julio de 2021 se encuentra bajo sospecha: la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que la trama SEPI, presuntamente liderada por la exmilitante socialista Leire Díez, influyó para amañar esta y otras cuatro concesiones públicas por valor de 132,9 millones.
La firma está presionando, con el respaldo político del PNV, para tratar de modificar este crédito, aunque parte de su plantilla denuncia la mala gestión que se ha hecho de estos fondos y que esta modificación no servirá para salvar el negocio, teniendo en cuenta además que se trataría de una nueva ayuda pública cuando la primera no cumplió su objetivo —fortalecer la acería que hoy tiene planeado su cierre— ni se ha llegado a detallar a qué se destinó. La compañía sostiene que toda la información ha sido remitida tanto a la SEPI como facilitada en las juntas, y que publica sus cuentas, incluyendo la situación de las deudas bajo los requisitos a los que están sometidas las cotizadas. Sostienen que las inversiones y los ajustes de plantilla son para salvar a la empresa en un contexto en que el préstamo de la sociedad pública la está «ahogando» financieramente, de forma que piden una «renegociación financiera» que permita «relanzar el proyecto industrial».
El PNV reclamó este miércoles en el Congreso a Pedro Sánchez que permitiera una reestructuración en este sentido. La propuesta de los nacionalistas vascos para instar al Gobierno a valorar esta opción o una revisión de las condiciones financieras prosperó este jueves, aunque con el voto en contra del PSOE. Varias fuentes consultadas se muestran críticas con esta situación, manifestando que este rescate tenía que servir para potenciar la acería que ahora se pretende cerrar y sacar una línea de acero inoxidable que «no llegó a arrancar».
Estas tesis sostienen que el desembarco de la SEPI solo sirvió para sustituir deuda privada por pública y que «no se han cumplido» los objetivos de inversión marcados en 60 millones de euros de este crédito, entre los cuales 22 millones eran para la acería y para la que «la mitad de los objetivos no se han cumplido o se han cumplido con inversiones sin acabar». Una de las claves era el proceso AOD, que aspiraba a diversificar el producto con aceros especiales y de alto valor añadido, con menor coste de producción.
En este contexto, se han extendido las sospechas sobre la posibilidad de que los planes de la empresa pasen realmente no tanto por buscar una reestructuración de la deuda, sino más bien por una quita o condonación parcial, con otra parte de refinanciación. Se trataría de «otra inyección de dinero público», cosa que «el PNV, el PSOE y el resto de partidos saben de sobra».
Los representantes de los trabajadores de la empresa —que presentará previsiblemente este viernes sus cuentas tras publicar un avance de pérdidas poco antes de presentar el ERE— no han recibido por ahora respuesta del Gobierno vasco en su intento de agendar un encuentro. Algunos empleados se declaran «rehenes» de quienes intentan conseguir este acuerdo de refinanciación y recuerdan que, si no se paga la deuda, la SEPI podría entrar en el capital de la empresa, pero prefiere evitar esta opción.
La semana pasada, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ofreció la «mano tendida» del Gobierno a Tubos Reunidos para salir de la crisis con un «proyecto viable», pero reclamó a la empresa el «liderazgo» en la solución. En respuesta a una pregunta del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, se mostró partidario de construir entre el Gobierno de España, el Gobierno vasco y otras administraciones, y en diálogo con trabajadores y la empresa, un «modelo de viabilidad».
Defendió así que «solo desde el esfuerzo conjunto» se puede superar esta fase de crisis de una empresa en un sector estratégico, con el objetivo de «minimizar el impacto negativo y marcar una línea estratégica claramente de futuro». Aseguró que el proyecto empresarial «tiene futuro», aunque «evidentemente» es necesario tratar el tema de la deuda. «Ponemos a disposición todas las medidas de política industrial desde el ministerio», dijo, pero en base a «un plan de viabilidad que garantice el futuro de esta empresa», que a su juicio «debe reformular la estrategia».