Pensiones y deuda amenazan en 2027 con el mayor incumplimiento del déficit en ocho años
BBVA Research espera el año próximo el primer repunte en el desajuste entre ingresos y gastos desde la pandemia
Billetes de euro en una imagen de archivo. | Reuters
El crecimiento del gasto asociado a las pensiones de jubilación y los mayores costes de la deuda amenazan con imposibilitar el cumplimiento del objetivo de déficit público fijado por el Gobierno para 2027, que podría marcar el primer repunte en este indicador desde 2020, cuando se disparó el desajuste fiscal a causa de la pandemia de coronavirus. Desde entonces, el conjunto de las Administraciones Públicas ha logrado mejorar este dato ejercicio tras ejercicio, pero esta tendencia se romperá el año que viene, según las últimas estimaciones macroeconómicas.
Los cálculos de BBVA Research recogidos en su último Observatorio Fiscal de abril muestran que el primer incumplimiento de los últimos tiempos podría llegar este 2026. A pesar de que el déficit previsto se reducirá una décima hasta el 2,3% del producto interior bruto (PIB), se quedará dos décimas por encima del objetivo fijado por el propio Ejecutivo central, que esperaba una tendencia decreciente mayor. Además, el año próximo la situación se agravará notablemente, según este estudio, ya que el incumplimiento pasará de ser de solo 0,2 a superar en 0,6 puntos el límite (1,8%), al repuntar el desajuste entre ingresos y gastos hasta el 2,4%.
El informe —elaborado por la economista Virginia Pou con anterioridad a las medidas de alivio anunciadas por el Gobierno ante el impacto de la guerra de Irán— indica que «la fortaleza de la actividad económica, junto con el agotamiento de las ayudas vinculadas a la dana, favorecerán el ajuste fiscal en 2026, en un contexto de aumento del gasto en pensiones y defensa». Sin embargo, «la moderación de la actividad y las presiones al alza del coste de la deuda y las pensiones darán lugar a un ligero deterioro del saldo fiscal», de modo que «se espera que el déficit público se reduzca hasta el 2,3% del PIB en 2026 y se sitúe en el 2,4% a finales de 2027».
El servicio de estudios de la entidad financiera señala que, en un escenario sin cambios en la política fiscal, «se observaría un incumplimiento tanto del crecimiento promedio del gasto primario neto como del ajuste del saldo primario requerido». Además, el conflicto de Oriente Próximo «limita la capacidad de ajuste fiscal, por incremento de los precios de la energía y el coste de las medidas de alivio», y el aumento de la inflación y los problemas del comercio global «limitarán el crecimiento, minorando la recaudación tributaria y presionando al alza el gasto, sobre todo en pensiones».
El documento identifica entre los retos de la política fiscal el elevado nivel de deuda y la rigidez del gasto; el aumento del coste de pensiones, sanidad y cuidados por el envejecimiento de la población, una carga que aumentará en cinco puntos porcentuales del producto interior bruto hasta 2070; la necesidad de impulsar la inversión de calidad en infraestructuras modernas, en investigación y desarrollo, en educación y en sanidad, entre otros; o los compromisos para elevar las partidas destinadas a la defensa y la industria militar. También alerta de los desequilibrios que supondrán las desviaciones de las Administraciones regionales, la condonación de la deuda autonómica y la reforma del sistema de financiación territorial, así como la dificultad para llegar a acuerdos para garantizar la sostenibilidad de las cuentas públicas por la fragmentación parlamentaria, y urge a acometer reformas estructurales para mejorar la productividad, ampliar las bases fiscales e impulsar la eficiencia en el gasto.
El análisis contempla un escenario que «abandona el supuesto de cumplimiento de las reglas fiscales» por la fragmentación política y las prórrogas de las cuentas —el Gobierno cumplió por última vez su obligación constitucional de entregar presupuestos generales a las Cortes a finales de 2022—. Asimismo, constata que, en un entorno de tipos más elevados, «la estabilización de la deuda dependerá cada vez más de la generación de superávits primarios y de la disciplina fiscal».
Las estimaciones de BBVA Research se complementan con los avisos que ha emitido la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que considera complicado el cumplimiento de las reglas fiscales europeas a partir de 2027 por un aumento del gasto del 4% anual, superior al comprometido, por lo que aprecia la necesidad de llevar a cabo «ajustes adicionales». Esta institución se encarga precisamente de supervisar que las cuentas públicas se ajusten a los requisitos de Bruselas, que exige que este tipo de organismos operen bajo una independencia total del Ejecutivo. Un requisito que el Consejo de Ministros y la Comisión de Hacienda del Congreso han interpretado de forma laxa al nombrar a Inés Olóndriz, la responsable de Financiación Autonómica de la exministra María Jesús Montero, como presidenta del ente.