El Gobierno no podrá vetar la opa sobre el Sabadell, pero sí una posterior fusión con BBVA
El Ejecutivo no tiene competencias sobre la compra, aunque podría desbaratar los objetivos financieros de la misma
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, junto al presidente de BBVA, Carlos Torres. | Europa Press
El Gobierno ha salido en tromba para rechazar la oferta pública de adquisición (opa), con carácter hostil, de BBVA sobre Banco Sabadell. Hasta tal punto que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha llegado a decir que el Ejecutivo es «el que tiene la última palabra» para que propuesta salga adelante. Pero lo cierto es que no tiene ningún tipo de poder sobre esta cuestión, ya que ninguno de sus departamentos tiene que dar su autorización. Tan solo, según señalan fuentes financieras a THE OBJECTIVE, puede bloquear una posterior integración de ambas entidades, pero no la compra del 100% de los títulos de la entidad catalana por parte del grupo vasco.
La opa, que ha sido anunciada en vísperas de las elecciones a la Generalitat, tendrá que ser analizada por múltiples autoridades, tanto nacionales como extranjeras, pero no por el Gobierno. Únicamente la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones -dependiente de Economía- se pronunciará sobre las implicaciones en las filiales de sendos segmentos de negocio. Por lo general, en las operaciones corporativas, los bancos deshacen sus alianzas con importantes indemnizaciones, algo que BBVA tiene previsto en su plan. En este caso, se trata de las joint ventures que el Sabadel, tiene con Zúrich y Amundi.
Los reguladores a los que BBVA notificará la oferta pública hostil para que den su visto bueno o no opongan oposición son, por importancia la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), el BCE y la la CNMV. Y salvo intromisión del Gobierno, éstos a priori son independientes.
El grupo que preside Carlos Torres también va a remitir propuesta de compra a las autoridades de competencia de Estados Unidos, México, Portugal y Reino Unido. De igual modo, a Prudential Regulation (PRA) británico en relación a TSB, la filial del Sabadell; al Banco de España, por la franquicia de pagos Paycomet, a la Comisión de Valores de México; a Finantial Industry Reguluty de Estados Unidos; al Board of Governors de la Reserva Federal norteamericana; al New York State Departament of Financial Services; y al Florida Office of Financial Regulation.
La intención de BBVA con la opa es hacerse con el 100% del capital para, posteriormente, proceder a una integración con el fin de generar los ahorros de costes previstos, la capacidad de generación de negocio y beneficios y, por tanto, de alcanzar un 20% de rentabilidad estimado en el proyecto. Y el Ministerio de Economía es donde sí tiene la última palabra para desbaratar la hoja de ruta diseñada en la actualidad. Su oposición podría truncar este retorno, pero el banco adquiriente podría adoptar medidas alternativas para alcanzar sus objetivos, aunque estos tarden más tiempo en llegar.
En este escenario, en el que el Sabadell se mantendría como entidad independiente pero bajo el control del conglomerado vasco, podría desde deshacerse de la filial británica del catalán, cerrar un número mayor de sucursales y todas ellas del banco comprado; y despedir a más trabajadores de lo inicialmente calculado. Las dos últimas medidas irían en contra de lo que pretende el Gobierno, que ha salido en tromba a rechazar la operación por el impacto sobre el empleo, entre otras cuestiones. Según adelantó este periódico, la fusión conllevará el ajuste de 4.500 personas y la clausura de unas 800 sucursales, que son el equivalente a un tercio y dos de cada tres, respectivamente, de la compañía que preside Josep Oliu en nuestro país.
La idea de BBVA es convencer al Ejecutivo de las bondades y las ventajas de la integración para que su veredicto final sea positivo, según insistió una y otra vez este jueves Torres en sus explicaciones ante la prensa. Pero no descartó que el Gobierno cumpla con lo indicado y vete una fusión. Señaló que diferentes miembros del Ejecutivo habían sido informados previamente de la oferta, al igual que el BCE, que había adoptado «una postura preliminar favorable».
En cuanto a los riesgos de competencia, uno de los aspectos más controvertidos, el presidente de BBVA destacó que sus análisis, para los que ha contado con expertos externos en la materia, indican que el efecto que pueda tener en la estructura del mercado la fusión es limitada, inferior al impacto que tuvo la absorción de Bankia por parte de Caixabank hace tres años. Además, resaltó que en esta materia juegan otros factores, como la competencia efectiva que puedan hacer las entidades digitales, más allá de las cuotas de negocio en los diferentes territorios.
La cúpula de BBVA no solo quiere convencer a las autoridades de la operación, sino que también confía en que los consejeros del Sabadell vean el sentido de la opa. Para ello, mostró su mano tendida para llegar a un acuerdo que encarrile mejor la integración. Hay que destacar que el grupo vasco ha convertido en hostil la propuesta ante el rechazo frontal del órgano rector del banco catalán para iniciar conversaciones para llegar a un pacto.
Torres es consciente de los riesgos que asume con el lanzamiento de la oferta, incluido su cargo, si fracasa. El éxito está condicionado a recibir el apoyo de más del 50% del capital del Sabadell. «Estamos para asumir este riesgo y el daño de reputación que cause», señaló, porque, a su juicio, «es una oportunidad para BBVA, el sector financiero y la sociedad en general». «El camino fácil habría sido abandonar el proyecto», concluyó.
