Caixabank, Santander y BBVA, en riesgo de perder el 22% de su valor por el 'impuestazo'
Los mayores bancos verían afectados sus recursos propios en esta magnitud en España si se perpetúa el gravamen
Los presidentes de BBVA, Carlos Torres; Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri; y de Santander, Ana Botín. | BBVA
El ‘impuestazo’ a los bancos, que el Gobierno tiene previsto hacer permanente, amenaza de manera significativa el valor de Caixabank, Santander y BBVA. El resto de las entidades afectadas se verían muy perjudicadas e, incluso, más. Esta es una de las conclusiones de un informe que intenta avisar sobre las consecuencias que podría tener la decisión de perpetuar en el tiempo el gravamen que se aprobó a finales de 2022 con carácter temporal.
El estudio, elaborado por el Instituto Español de Analistas y al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, calcula que los fondos propios de los tres principales bancos españoles de su negocio en nuestro país podrían sufrir un deterioro de entre el 13 y el 14% en el escenario central, pero que este efecto podría alcanzar, de manera rápida, hasta el 22%.
Este roto en los recursos de Caixabank, Santander y BBVA no solo repercutiría en los retornos de dicho capital, es decir, en los dividendos a los accionistas, sino también «en la inversión, la innovación y en la concesión de créditos a todos los sectores, especialmente las pymes y los colectivos más vulnerables», advierte el documento.
La banca ya venía avisando del efecto negativo del ‘impuestazo’ sobre el flujo de los préstamos. Y este jueves lo volvió a hacer, alertando del peligro de que la financiación a empresas y familias pueda drenarse en 50.000 millones, en un duro comunicado de las patronales AEB y CECA contra la perpetuidad del gravamen, que el Gobierno intenta establecer antes de que finalice el año.
El Consejo de Ministros ya aprobó el año pasado prorrogar la temporalidad del tributo en diciembre de 2023 para 2004 y 2025 y se comprometió a hacerlo permanente, al igual que la tasa extraordinaria a las energéticas, para cumplir con el acuerdo con Sumar para que Pedro Sánchez pudiera mantenerse en La Moncloa. En la actualidad, el PSOE intenta que este compromiso se incluya en una proposición no de ley por la falta de unos presupuestos generales, pero se está encontrando con la oposición de Junts per Catalunya para sacarlo adelante, por las amenazas de Repsol de paralizar su inversión en Tarragona si el gravamen a las petroleras se eterniza en el tiempo.
Las negociaciones para uno y otro tributo van por separado, y el Gobierno podría llegar a aprobar la permanencia de su ‘impuestazo’ a la banca y dejar en stand by o prorrogar de manera temporal otra vez el que afecta a las empresas de energía.
El impacto para Caixabank, el Santander y BBVA, de acuerdo con el estudio, es mucho mayor de lo que a simple vista parece y lo que justifica el Ejecutivo, ya que en conjunto representa solo un 0,06% de los activos de estos bancos y un 4,8% del margen financiero (ingresos por intereses y comisiones). El documento, de igual manera, hace una salvedad en las consecuencias globales para las tres entidades, ya que tanto Santander como BBVA tienen un importante negocio fuera de España, por lo que el efecto sobre los grupos es menor.
Se prorrogue el gravamen o se haga permanente, el conjunto de la banca afronta una subida de su coste de unos 500 millones, hasta cerca de 2.200 millones en 2025, en función de las estimaciones sobre sus cuentas en 2024. El más afectado sería Caixabank, con una factura superior a los 600 millones. Si bien hay que tener en cuenta que, en el debate existente en la actualidad, no se descarta que para perpetuarlo se incorporen cambios en la estructura de la tasa. Unas modificaciones que podrían o no incluirse en los pagos para el próximo año.
Una de ellas podría ser que la tasa se aplicara a todas las entidades y no solo a las más importantes -con una facturación de más de 800 millones)-, algo que el Gobierno estaba dispuesto a ajustar para evitar una de las discriminaciones. Otra sería que se sustente sobre los beneficios y no, como hasta ahora, sobre los ingresos.
Estos ajustes serían bienvenidos por parte del sector, a pesar de que son contrarios al ‘impuestazo’ y de que analizarían recurrir la permanencia del mismo, como ya hicieron con la aprobación del gravamen temporal. Bankinter ya ha adelantado que estudiaría con todo detalle su articulación para llevarlo a los tribunales en caso de que considerase que va en contra de la normativa y la constitucionalidad.
