Bruselas y los tribunales complican la ofensiva del Gobierno contra la opa de BBVA
La advertencia de Europa con sanciones y el análisis de la consulta pública por la Audiencia Nacional limitan su actuación
El presidente de BBVA, Carlos Cuerpo, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. | Europa Press
La presión de Bruselas y de los tribunales están complicando la ofensiva del Gobierno contra la oferta pública de adquisición de acciones (opa) de BBVA sobre el Sabadell. Una operación que el Ejecutivo rechaza desde el primer momento y a la que pretende imponer exigencias para desbaratarla antes de que termine el mes de junio.
Ambos factores, según las fuentes financieras consultadas por THE OBJECTIVE, limitan la actuación de Moncloa contra la propuesta de compra lanzada por BBVA. Unas fuentes que señalan que es posible, por ahora, mantener la esperanza de los inversores en que la opa saldrá adelante, aunque para ello el grupo vasco vaya a tener que elevar el precio ofrecido con la incorporación de una parte en metálico. Un aumento que desde hace tiempo el mercado viene reclamando.
La Comisión Europa se ha mostrado a favor de la opa y ha advertido al Gobierno con la posibilidad de abrir a España un expediente sancionador si las decisiones que adopta incumplen la normativa comunitaria. Para Bruselas, la operación ha sido autorizada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y el BCE, por lo que no ve motivos para torpedearla o bloquearla.
El Gobierno, tras la aprobación de la CNMC, puso en marcha una consulta ciudadana inédita con el fin de recabar opiniones sobre si la transacción ponía en peligro el interés general, único motivo por el que puede exigir medidas adicionales. En ningún caso puede vetar la misma, a pesar de que algunos socios parlamentarios del presidente Sánchez lo estén pidiendo.
La consulta ha llegado a la Audiencia Nacional por la denuncia presentada por un accionista de BBVA. El tribunal ha admitido a trámite el caso y ahora analizará si puede ser usada por el Gobierno para establecer los nuevos requisitos a la opa. Este hecho ha añadido un plus de incertidumbre a las maniobras del Ejecutivo para intentar descarrilar la operación.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado que España está cumpliendo con la normativa vigente, pero ha reclamado a Bruselas que respete la legislación nacional. La ley de Competencia permite al Gobierno adoptar medidas por el interés general en operaciones corporativas de concentración cuando la CNMC las haya analizado en fase II y ha habido compromisos de por medio para reducir el impacto sobre la competencia, como ha sucedido con BBVA. Otra cosa distinta, señalan fuentes financieras, son las exigencias que imponga y bajo qué criterios. Y esto es lo que está preocupando en la Comisión Europea, que ve una motivación política en las trabas que pueda poner.
El Gobierno baraja requisitos similares o incluso, de mayor calado que los aplicados por el Gobierno italiano de Giorgia Meloni con la compra de BPM por parte de Unicredit, otra transacción que está bajo el estudio de las autoridades comunitarias. Moncloa sopesa impedir a BBVA el cierre de oficinas del Sabadell y despidos de personal. Además, estudia adelantar el veto a una posterior fusión de ambos bancos, aparte de otras cuestiones como la obligación de vender una parte del negocio y de mantener el flujo a pymes, particulares e instituciones públicas. Todo con la intención de encarecer la opa y que el grupo vasco retire la propuesta de adquisición.
BBVA ya ha señalado en varias ocasiones que desistirá de llevar a cabo la opa si el coste es demasiado alto, pero también ha indicado que sin una fusión, por el momento, los cálculos son positivos, dando a entender que la no unión no es un problema insalvable. El propósito de la entidad que preside Carlos Torres es lograr unos ahorros de 850 millones con la transacción planteada hace algo más de un año.
Ante el retraso y tanta incertidumbre en cuanto al resultado de la opa sobre el Sabadell, BBVA ha puesto de nuevo la mirada en México, su principal mercado, donde ha elevado un 20% la inversión anual con un volumen total de 4.500 millones de aquí a 2030. Una decisión que ha tomado pese a los riesgos existentes por las políticas comerciales de Donald Trump en Estados Unidos y tras haber recortado la plantilla de la franquicia en 1.500 trabajadores a principios de este ejercicio.