Por qué el rechazo de Sánchez a la opa de BBVA sobre el Sabadell le viene bien a Trump

El Gobierno de Pedro Sánchez se está preparando para que la oferta pública de adquisición de acciones (opa) de BBVA sobre el Sabadell fracase. Para ello, se ha dado hasta finales de junio. Será entonces cuando anuncie las medidas que impondrá a la operación con el fin de que descarrile.

Desde el primer momento el Ejecutivo se ha mostrado contrario a la opa, pero es ahora cuando va a intervenir en el proceso. Una injerencia que ha levantado ampollas en Bruselas y que, según destacan fuentes financieras a THE OBJECTIVE, supone un «enorme favor» a la administración de Donald Trump en Estados Unidos. «Si la operación no sale adelante, Europa habrá perdido una oportunidad para construir bancos más grandes con los que poder financiar los proyectos del presente y el futuro y hacer frente a Norteamérica».

La Comisión Europa está vigilando los pasos que da el Gobierno español y ha amenazado con sanciones si las medidas que adopta en torno a la opa de BBVA vulneran la normativa comunitaria. En Bruselas no se entiende por qué una operación que ha sido respaldada tanto por el BCE como por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se quiere bloquear o torpedear por cuestiones políticas.

Además, consideran que en la actualidad, tras la guerra de aranceles, es necesario que avance la denominada Unión Bancaria y se incentive la creación de bancos con un mayor músculo, capaces de rivalizar con los potentes estadounidenses (Morgan Stanley, Bank of America, Goldman Sachs, etc.), muy superiores a los del Viejo Continente en volumen de activos y capacidad.

Las fuentes financieras consultadas por este periódico manifiestan con sorna que tiene cierta guasa que sea Sánchez el que esté poniendo palos en la rueda a este proyecto comunitario y dando alas a Trump, siendo el presidente español uno de los mandatarios más críticos con el inquilino de la Casa Blanca. Entienden más la postura adoptada por el Gobierno de Giorgia Meloni en Italia con las medidas exigidas a Unicredit para hacerse con BPM al ser más cercana al líder de Estados Unidos.

Moncloa baraja imponer a BBVA exigencias similares a los de Meloni e inclusono descarta que sean de una mayor intensidad. Su ofensiva contra la opa al Sabadell se está complicando, no solo por las alertas y la presión de Bruselas, sino porque la Audiencia Nacional va a analizar si puede usar los resultados de la inédita consulta ciudadana para recabar opiniones sobre si pone en riesgo el interés general.

El Gobierno únicamente puede intervenir basándose en esto último y bajo una serie de requisitos para añadir exigencias a los compromisos pactados por BBVA con Competencia. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha negado que haya un conflicto con la Comisión Europea por la opa, pero ha pedido que se respete la legislación nacional. La normativa española solo permite al Ejecutivo ampliar los requerimientos, pero en ningún caso que se desautorice la operación, tal y como está reclamando algunos socios parlamentarios de Sánchez.

Moncloa sopesa impedir a BBVA el cierre de oficinas del Sabadell y despidos de personal. Además, estudia adelantar el veto a una posterior fusión de ambos bancos, aparte de otras cuestiones como la obligación de vender una parte del negocio y de mantener el flujo a pymes, particulares e instituciones públicas. Todo con la intención de encarecer la opa y que el grupo vasco retire la propuesta de adquisición.

BBVA ya ha señalado en varias ocasiones que desistirá de llevar a cabo la opa si el coste es demasiado alto, pero también ha indicado que sin una fusión, por el momento, los cálculos son positivos, dando a entender que la no unión no es un problema insalvable. El propósito de la entidad que preside Carlos Torres es lograr unos ahorros de 850 millones con la transacción planteada hace algo más de un año.

Ante el retraso y la incertidumbre en cuanto al resultado de la opa sobre el Sabadell, BBVA ha puesto de nuevo la mirada en México, su principal mercado, donde ha elevado un 20% la inversión anual, con un volumen total de 4.500 millones de aquí a 2030. Una decisión que ha tomado pese a los riesgos existentes por las políticas comerciales de Donald Trump en Estados Unidos y tras haber recortado la plantilla de la franquicia en 1.500 trabajadores a principios de este ejercicio.