El 75% de las pymes catalanas de Sabadell y BBVA no opera con Caixabank o Santander

Las pymes han sido uno de los puntos más conflictivos de la oferta pública de adquisición de acciones (opa) lanzada por BBVA sobre el Sabadell. Ha sido el gran caballo de batalla que ha utilizado el segundo para desbaratar la operación y uno de los argumentos esgrimidos por el Gobierno para mostrar su oposición por el riesgo de que puedan quedarse sin financiación en caso de la que la compra prospere. Un temor que se ha extendido, principalmente en Cataluña, por la importancia de ambas entidades.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) aprobó la opa a finales de abril y en el informe provisional, publicado este viernes, deja claro que dicho temor no se ve sustentado, sobre todo después de los compromisos asumidos por BBVA. En el documento, el organismo señala que el Sabadell «no es imprescindible» para el mundo de las pymes, ni siquiera en Cataluña. Es más, asegura que «no es un operador imprescindible» en la región, desmontando así la estrategia del Gobierno, la Generalitat y los partidos independentistas, que pelean para que la opa no se ejecute o fracase.

Para llegar a esta conclusión, la CNMC se ha basado en diferentes datos y opiniones, tras casi un año de estudio. Entre estos destaca la pérdida de cuota de negocio del Sabadell entre 2021 y 2023, algo que ha continuado en 2024, tal y como ha venido publicando THE OBJECTIVE. Pero también se ha basado en otras cifras aportadas durante el proceso; entre estas destaca el hecho de que el 74,5% de las pymes en Cataluña que trabajan tanto con BBVA como con el Sabadell no opera con Caixabank o/y Santander y, por el contrario, lo hace con al menos otra entidad de menor tamaño.

Este porcentaje es relevante, porque de llevarse a cabo la operación, tres cuartas partes de las pequeñas y medianas compañías podrían tener a su alcance a otro gran jugador. O incluso los dos en algunos casos. De hecho, entre las cuatro entidades tienen en torno al 80% del negocio de pymes de Cataluña. El resto podría tener acceso a otros bancos de menor relevancia que, de acuerdo con la CNMC, están ganando posiciones en la comunidad autónoma sobre la base de datos remitidos por el propio Sabadell. Bankinter, Deutsche Bank e Ibercaja cuenta con una importante penetración en dicho segmento en Cataluña y alguno habría crecido con fuerza últimamente.

Estos números que se han tenido en cuenta por la CNMC fueron aportados por BBVA en un informe pormenorizado de las cuotas en Cataluña, en donde se subraya que además, otro importante volumen de pymes que comparten BBVA y el Sabadell no verían comprometida su financiación. En concreto, aquellos que diversifican sus créditos con al menos tres entidades, un tercio ya trabaja con Caixabank o/y Santander.

El Sabadell siempre se ha quejado de la metodología y la definición de las pymes usada por la CNMC, cuestionado su labor durante el proceso. Y en todo momento ha asegurado que las pequeñas compañías operan con cuatro o cinco entidades al mismo tiempo, para lo que se ha apoyado en multitud de patronales empresariales. Llegó a pedir desinversiones de una parte de la cartera conjunta en caso de que se aprobara la opa, pero el supervisor no tuvo en cuenta dicha reclamación.

La opa aún depende en parte de la voluntad del Gobierno central y entre las medidas que baraja imponer se encuentra la obligación de que BBVA venda una parte, principalmente en pymes. Moncloa baraja diferentes reclamaciones al grupo vasco para que pueda hacerse con el Sabadell al estilo de Giorgia Meloni en Italia con la adquisición de BPM por parte de Unicredit.

El Ejecutivo socialista se encuentra sometido a presión por parte de la Generalitat, los partidos independentistas y Sumar para que exija medidas insalvables para que BBVA no pueda hacerse con la entidad catalana. De hecho, esta semana, el Parlamento regional aprobó una moción no vinculante en la que pedía a Pedro Sánchez a impedir la opa. El Gobierno central tiene de plazo hasta finales de junio para adoptar una decisión después de haber llevado a cabo una insólita consulta ciudadana.

Las medidas que pueda imponer tienen que estar vinculadas al interés general. Pero Bruselas ya ha advertido con un procedimiento de infracción si intenta tumbar la operación con ellas. La Comisión Europea no ve bien que el Gobierno pretenda acabar con la opa y posterior fusión si ha contado con el beneplácito del BCE y de las autoridades de competencia.