La comunidad internacional clama para que el Gobierno permita la opa de BBVA
Organismos e inversores reclaman que la operación sobre el Sabadell salga adelante y amenazan con consecuencias
El presidente de BBVA, Carlos Torres, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. | Europa Press
La comunidad internacional está alzando su voz en las últimas semanas para que el Gobierno permita la oferta pública de adquisición de acciones (opa) de BBVA sobre el Sabadell. En algunos casos, los pronunciamientos son insólitos o inhabituales, por lo que cobran más importancia.
El clamor es tal que está suponiendo una gran presión para Moncloa, que tiene que adoptar una decisión a finales de junio, y tanto Sumar como los partidos independentistas reclaman que la operación se torpedee. Inversores extranjeros, tal y como ya publicó THE OBJECTIVE, importantes instituciones financieras, Bruselas y el Fondo Monetario Internacional (FMI) no entienden que el Gobierno esté barajando medidas para que BBVA retire la opa.
De seguir adelante con sus planes, España podría sufrir consecuencias. Por un lado, la fuga de inversiones a otros países y, por otro lado, la apertura de un proceso sancionador por parte de la Comisión Europea. Dos cuestiones que podrían limitar la actuación del Ejecutivo contra la oferta de compra sobre el Sabadell.
De hecho, en el mercado se sigue apostando por medidas adicionales a las exigidas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en su autorización, pero salvables para que BBVA mantenga la opa y se abra el periodo de adhesión con el fin de que sean los accionistas del banco catalán los que decidan su apoyo o no el proyecto, No obstante, cada vez tiene más claro que el grupo vasco tendrá que hacer un esfuerzo económico extra y mejorar las condiciones.
La prima del canje de acciones ofrecido, desde hace tiempo, cotiza en negativo. Y cada vez lo hace con una mayor contundencia. En la jornada de este lunes llegó a sobrepasar el 8%, lo que pone de manifiesto que los inversores están reivindicando una subida del valor del Sabadell en la opa. Los analistas consideran además que la mejora debería llegar en forma de efectivo, no en papelitos como hasta ahora.
Los organismos internaciones y los fondos de inversión, principalmente, indican que la operación cuenta con el respaldo de los supervisores, muchos de ellos internacionales. En total, la opa ha contado con aprobaciones de 26 instituciones foráneas, además de la autoridad de Competencia española. Esta última es la más relevante y en la que todos se agarran para ejercer presión al Gobierno con el fin de la oferta pueda materializarse.
Como ya informó este periódico, el Gobierno baraja distintas medidas con las que poner palos en la rueda de la opa, similares en algunos casos a los impuestos por el Gobierno italiano de Giorgia Meloni para que Unicredit adquiera BPM. Entre las condiciones se encuentra la venta de negocios, la prohibición de cierre de sucursales y despidos, la obligación de no reducir ni el volumen ni el precio de los créditos a pymes durante un periodo prolongado de tiempo y no abordar una futura fusión para que el Sabadell pueda mantener la sede social en Barcelona.
También estudia la posibilidad de requerir a BBVA que no disminuya la financiación de ambos al sector público, de acuerdo con las fuentes financieras consultadas por este medio, algunas de las cuales van incluso más allá y señalan que el Gobierno podría llegar incluso a vetar la opa pese a que la ley lo impide, saltándose la normativa con el pretexto del interés general. Pero esta última no forma parte del escenario central.
Cualquier exigencia encarecería la opa con la que BBVA prevé obtener unas sinergias de 850 millones de euros, siempre y cuando pueda integrar ambas entidades. El grupo vasco ha remarcado en más de una ocasión a que si no hay unión, la mayor parte de estos ahorros de costes los podrá conseguir.
Hasta la fecha, BBVA ha cuantificado cuántas sucursales pretende clausurar, en torno a 300. Pero aún no ha cifrado el recorte de personal que tendría que llevar a cabo para que la operación fuera eficiente y rentable. Desde un principio se calculan unos despidos de entre 4.000 y 5.000 trabajadores, pero estos números previsiblemente serán más bajos. En los círculos financieros se explica que el banco que preside Carlos Torres está negociando con el Gobierno para recortar el número de salidas, con el fin de que pueda continuar con la opa sobre el Sabadell, tal y como espera la comunidad internacional.