Los independentistas catalanes presionan a Sánchez para vetar ilegalmente la opa de BBVA
ERC y Junts, entre otros, reclaman al Gobierno que vaya más allá de prohibir la fusión y desautorice la operación

El presidente de BBVA, Carlos Torres, junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | Europa Press
Las medidas impulsadas por el Consejo de Ministros para frenar la oferta pública de adquisición de acciones (opa) de BBVA sobre el Sabadell no han tenido el efecto deseado para los principales socios del Gobierno de Pedro Sánchez, los independentistas catalanes. La prohibición temporal de la fusión no ha impedido que BBVA vaya a seguir adelante con la operación a pesar de las trabas, un hecho que no ha sentado nada bien en los partidos que sustentan al Ejecutivo actual y que están presionando para que vaya más allá y bloquee la propuesta de compra.
Por el momento, de acuerdo con las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, el Gobierno no se plantea hacer ningún cambio en las exigencias. Y menos aún saltarse la ley a las claras, que es lo que en definitiva están proponiendo tanto ERC como Junts. Las medidas adoptadas el pasado 24 de junio podrían haber traspasado ya las líneas que marca la normativa vigente, aunque no está claro.
De hecho, BBVA se están planteando acudir a la Justicia porque entiende que el Gobierno no podía endurecer los requerimientos o compromisos ya asumidos con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para la autorización de la opa. Además, Bruselas está estudiando si encaja con la legislación europea.
La ley estipula que el Ejecutivo no puede desautorizar una operación de concentración si ha recibido el visto bueno de la CNMC en fase dos, pero sí que puede intervenir y modificarlas por cuestiones de interés general. Por tanto, la petición de veto planteado por ERC y Junts, entre otras formaciones, iría en contra de la normativa. Si finalmente el Ejecutivo sucumbe a la presión, violaría de manera contundente la normativa.
Otras fuentes explican a este periódico que aunque a priori parece difícil que siga el juego a los independentistas catalanes, todo va a depender de las exigencias que planteen en las próximas semanas a Pedro Sánchez para mantenerlo en el poder. Su Gobierno se tambalea por los casos de corrupción que acechan al PSOE y al círculo más íntimo del presidente, por lo que no se puede descartar nada.
Estas mismas fuentes recuerdan que desde que se lanzó la opa de BBVA sobre el Sabadell es algo que ha estado en las negociaciones que mantienen tanto ERC como Junts con el Ejecutivo y, aunque no es el punto más importante de las conversaciones, sí ha sido relevante.
Para tumbar la opa, el Gobierno tendría que tomar nuevas medidas antes de que arranque el periodo de adhesiones, que previsiblemente se iniciará en la tercera semana de junio para que los accionistas del Sabadell acudan o no a la operación con la que BBVA pretende al menos conseguir el 50% del capital.
Los independentistas han mostrado su descontento ya con una iniciativa. Esta semana el Parlamento de Cataluña aprobaba, con la abstención de los socialistas, una resolución que exigía el veto a la opa. Contó con el apoyo también de Comuns (Sumar). Este último forma parte del Gobierno de coalición de Sánchez.
Para ellos, como para el sindicato Comisiones Obreras, las medidas se quedan cortas y solo resuelven el problema unos tres años, ampliables a cinco. Después el Sabadell desaparecerá como entidad independiente. Un banco que fue la primera gran empresa que devolvió su sede a Barcelona a principios de este año, como guiño para que Moncloa parara la oferta de compra, ya que el regreso impulsaba uno de los proyectos de normalización que intenta desarrollar el presidente de Cataluña, Salvador Illa (PSC).
En previsión de que BBVA no iba a cejar en su empeño de adquirir la entidad, como ha sucedido, la cúpula del Sabadell puso en marcha la venta de la filial británica TSB. La desinversión se ha acordado este mismo martes, cuando el consejo aceptó la propuesta del Santander por más de 3.000 millones. Con este dinero ha propuesto el reparto de un dividendo extraordinario de 2.500 millones a pagar en el primer trimestre de 2026, cuando se cierre la transacción, para disuadir a sus accionistas de que acudan a la opa.
Pero este reparto millonario puede ser una oportunidad para BBVA, que será el receptor de la mayor parte de ese dinero si triunfa la oferta de compra. Un dinero que amplía el margen para que suba el precio de la opa, algo que los inversores vienen descontando desde hace tiempo y que están pidiendo con mayor contundencia tras la venta de TSB.