La familia Botín reestructura su pacto en el Santander para sumar a una nueva generación
Se incorporan al acuerdo de sindicación de la saga seis empresas creadas en los últimos años
Diferentes miembros de la familia Botín, entre ellos, la presidenta del Santander. | EP
La familia Botín ha reestructurado el pacto de accionistas que tiene suscrito en el Santander para dar paso a nuevos miembros de otra generación. Dicho acuerdo, vigente hasta 2056, establece limitaciones para la libre venta de acciones que están bajo este paraguas. El movimiento no cambia la esencia ni las condiciones generales de la alianza, pero sí las personas y sociedades que lo conforman.
Así, han entrado a formar parte del pacto seis diferentes compañías creadas en diciembre de 2025 y enero de 2026 por familiares de la presidenta del Santander, Ana Botín, y a las que se les ha transferido acciones del banco que ya eran de su propiedad. En concreto, se han incluido Agropecuaria El Castaño Ibérica, de Javier Botín; Alina 38, ligada a Paloma Botín; Nueva Azil Horizonte, vinculada a Carolina Botín; y cuatro de Emilio Botín, a través de filiales de Puente San Miguel, según los datos recabados por THE OBJECTIVE.
Hasta ahora, solo un miembro de la siguiente generación —hijos y sobrinos de Ana Botín— se había hecho cargo de la administración de una de las empresas que componen la alianza accionarial de la entidad. Se trata de Tatiana Shin, que desde 2022 gestiona Nueva Azil y desde hace unas semanas Nueva Azil Horizonte.
Ahora los hijos de Emilio Botín ganan protagonismo. Han sido nombrados administradores de las cuatro sociedades de nueva constitución y, según desvela el banco, las mismas se han sumado al pacto accionarial de la familia. A Puente San Miguel LB ha accedido Luis Botín; a Puente San Miguel EB, Emilio Hubert Botín; a Puente San Miguel HB, Humberto Botín, y a Puente San Miguel DB, Daria Botín.
En principio, los vástagos de Javier y de Paloma no tienen ningún tipo de cargo de momento, ni forman parte de la administración de las empresas de la saga de banqueros, a pesar de haber constituido firmas y haber realizado un traspaso de acciones y activos a las mismas. Ni tampoco los de la presidenta del Santander ni los de Carmen.
Los Botín, a título personal o a través de empresas, son propietarios de 110,3 millones de acciones que forman parte de la alianza, un 0,75% del total. El acuerdo pasó por su última reorganización en 2019 y por entonces los títulos adheridos al mismo sumaban 93,45 millones, por lo que en la actualidad el volumen es superior.
De este montante, 80,35 millones, el 0,55% del Santander, están sujetos a restricciones de transmisibilidad. La familia estableció que estas acciones solo podrían venderse o transmitirse previa autorización de la asamblea del sindicato, salvo que el adquiriente sea la Fundación Botín.
En virtud del pacto, las partes se comprometieron a sindicar y agrupar los derechos de voto, de tal forma que la actuación de los miembros frente al Santander se realiza de forma concertada. El banco explica en sus informes anuales que esta sindicación abarca no solo las acciones sujetas a las restricciones de transmisibilidad, sino también los derechos de voto vinculados a cualesquiera otras acciones de la entidad mantenidas directa o indirectamente por las partes y cualquier otro derecho de voto atribuido a ellas en virtud de usufructo, prenda o cualquier otro título de naturaleza contractual, mientras mantengan esas acciones o tengan atribuidos esos derechos.
La representación del pacto se atribuye al presidente de la Fundación Botín, que en la actualidad es Javier Botín, y solo puede resolverse de forma anticipada por acuerdo unánime de los miembros. Eso sí, pueden salirse con anticipación, siempre y cuando lo comuniquen seis meses antes de las prórrogas automáticas que se hacen cada diez años. En 2026 habrá una extensión automática del mismo.
Sumando la participación que tiene la Fundación, la familia controla un 1,286% del capital del Santander. Un porcentaje que ha ido aumentando con motivo de las recompras de títulos lanzadas por el propio banco para mejorar la política de dividendos, de diversas compras realizadas y de la entrega en especie en el marco del salario que cobra la presidenta de la entidad. A precios de mercado, el capital en manos de la saga tiene un valor de mercado superior a los 2.000 millones de euros, gracias a la apreciación que ha tenido en los últimos meses en bolsa.