Cómo va a regularse el cannabis medicinal en España
El Gobierno deberá definir antes del 27 de diciembre la norma que rija en el uso terapéutico de la marihuana y el acceso a ella por parte de pacientes
Una planta de cannabis sativa
La Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso aprobó definitivamente el 27 de junio el dictamen que avala la regulación del cannabis medicinal en España. Votaron a favor el PSOE, Podemos, Ciudadanos, PdeCAT y PNV, en contra lo hicieron PP y Vox y se abstuvieron ERC y Bildu. Lo cierto es que, tras la aprobación, el Gobierno tiene un plazo de seis meses para materializar las recomendaciones del documento que concrete la nueva normativa que regule el uso del cannabis con fines terapéuticos.
Esa utilización terapéutica es lo que habrá de concretar antes de seis meses y se basa en que esta droga sea realmente efectiva para mitigar el dolor que producen algunas patologías, muchas de ellas crónicas. De hecho, la Comisión recomienda incluirla en los casos de dolor crónico, neuropático, oncológico, para la endometriosis, la espasticidad en pacientes con esclerosis múltiple, epilepsia, náuseas o vómitos derivados de los tratamientos de quimioterapia.
No al autocultivo, sí a la venta en farmacias
Sin embargo, todo indica que el texto definitivo no incluirá la opción legal del autocultivo. Podemos, ERC y Bildu reclamaban que se permitiera el autoconsumo de los cogollos del cannabis para «pacientes con receta», pero el PSOE no parece por la labor de regular ese supuesto. El gran objetivo de esta novedosa norma que deberá concretarse este mismo año es mejorar la calidad de vida de muchos pacientes y eso está abierto a interpretaciones diversas que deberán solventarse.
El dictamen aprobado sugiere que la marihuana medicinal pueda ser dispensada en farmacias comunitarias, como reclamaba Podemos, a través de fórmulas magistrales y preparados estandarizados de cannabis. También a partir de la red de farmacias del Sistema Nacional de Salud, con prioridad para las farmacias hospitalarias.
Solo profesionales sanitarios
En cuanto a su prescripción, se contempla que el cannabis medicinal «exclusivamente» pueda ser asignado a un paciente por profesionales sanitarios y «preferentemente» por médicos especialistas que supervisen la dispensación y el consumo. Fue obviada la solicitud de Ciudadanos de plantearse igualmente la regulación del cannabis para su uso recreativo para «evitar que los pacientes acudan al mercado ilícito», algo en lo que coincidía con ERC.
La norma ahondará solo en el cannabis medicinal y se creará un registro centralizado de pacientes que demandan de su uso, que permitirá evaluar periódicamente la evolución de esos tratamientos terapéuticos y cotejar sus resultados y los datos de consumo de la población.
Llega tarde
Tras la aprobación del dictamen por parte del Congreso, queda por saber qué tipo de normativa será la que se instaure y rija, a cuántos pacientes beneficiará, cuánto tendrán que pagar por los los productos derivados del cannabis y en qué situación van a quedar los que se procuraban su propio consumo a través de una instalación personal de autoconsumo, puesto que no será legal.
Y es que tras esta primera regulación, si la comparamos con otros países, llega tarde; que no piensen algunos habituales de la marihuana que van a hacer su agosto legalmente. Cualquier dosis o cantidad mensual deberá ser prescrita por un médico especialista que se fije en las enfermedades que hacen aconsejable el consumo de marihuana como remedio paliativo.
En qué va a inspirarse
En estos menos de seis meses que quedan para perfilar obligatoriamente una norma sobre el uso terapéutico del cannabis que distintos sectores de la población llevaban alentando años, el Gobierno tendrá que tener en cuenta muchísimos factores, que cada cual lleva a a su terreno. Está por verse cómo es la distribución de la droga por cauces administrativos, puesto que de manera ilegal su uso está más que consolidado y puede resultar más barato y accesible. Eso es una evidencia.
Por eso el Gobierno deberá incidir sobre todo en cómo adecúa la norma sin favorecer a terceros y a un mercado fraudulento que siempre ha existido. En principio es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, AEMPS, del Ministerio de Sanidad, quien vela por la correcta utilización y uso de los fármacos. Pero esto es diferente e insospechado. Todo será nuevo legalmente dentro de un ámbito ilegal el que que está todo visto, y consensuar eso para ofrecer a quienes lo demandan una alternativa cannábica a sus dolencias parece fácil, pero puede ser un mundo en casa caso.
Para cuántos
Con la nueva norma, a definir por completo como tarde en diciembre de este año, ha de perseguirse la viabilidad del uso terapéutico de la marihuana y si estandariza adecuadamente, mejor que mejor. Pero al Gobierno le corresponderá, en todo caso, comenzar a distribuir cannabis con fines medicinales a miles de personas, procurar que no les falte en los plazos estipulados, y deberá estar preparado para controlar un sector, o subsector legal del cannabis, en el que tiene amplia competencia ilegal y más que consolidada desde siempre.
A pesar de que se ha aprobado un dictamen que es el borrador de la futura pero inminente ley, está todo en el aire con este asunto. El Ministerio de Sanidad tiene hasta el 27 de diciembre para dar cumplimiento al acuerdo aprobado en el Congreso. Está por verse cuántas personas se benefician de la in inminente ley, puesto que el Gobierno no contempla ni menciona cifras ni siquiera aproximadas, aunque según diferentes asociaciones bastante entusiastas podríamos estar hablando de entre 250.000 y 500.000 personas solo inicialmente. Cómo atenderlos a todos y acertar parece más complicado.
Seis toneladas anuales
La Aemps será quien gestione el proceso regulatorio del cannabis medicinal. La evidencia nos dice que en otros países, los que se procuraban cannabis de manera ilegal lo siguen haciendo porque a demasiados usuarios no les convencen las «limosnas» oficiales, mientras que otros agradecen no tener que «buscarse la vida» a diario para tener sus dosis.
Existen instalaciones de cultivo legales amparadas por los gobiernos que producen esta droga o mantienen algún tipo de asociación, publicitadas como tales o disfrazadas de fines oficiales de investigación. Hasta 22 entidades disponen de licencia y producen 4.500 kilos anuales para nuestro país, y en último caso está la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que ya ha hecho una previsión de seis toneladas de cannabis anuales para España, una cantidad que multiplica por diez los 600 kilos que citó en 2021.
Demasiados controles
La ambigüedad marca este asunto también poderosamente, así que veremos cómo es capaz de sortearlo y darle forma el Gobierno, que está solo en lo global de la futura legislación mientras su socio de Gobierno, Podemos, va por libre, como acostumbra, en su afán de ser Gobierno y oposición. El PP y Vox se quedaron solos en su intención de que no se hiciera nada de nada en relación con este tema y corresponderá al ejecutivo definir una norma que seguro creará polémica al margen de lo que refleje finalmente.
Tampoco se conoce el porcentaje del precio del cannabis con objetivos terapéuticos que asumirá la administración y eso para muchos posibles pacientes deja todo en el aire. En otros países a los pacientes no les convencen los productos y las presentaciones que les receta el Estado y les es más factible acudir al mercado ilegal, donde pueden elegir. Un aspecto muy a tener en cuenta por el Gobierno para erradicar las prácticas fraudulentas disfrazadas de legales. Y como todo es nuevo, se quiere controlar por completo. Así, la Aemps deberá realizar un informe anual sobre el uso terapéutico del cannabis, en colaboración con las comunidades autónomas, habrá de incluir los pacientes, los servicios que se les han prescrito, el total de productos dispensados e información detallada sobre la eficacia y la seguridad al utilizarlos.
