Un juez admite una querella por prevaricación contra un cargo que depende de Teresa Ribera
La empresa sostiene que ha habido múltiples errores en la resolución del Ministerio y que esta no tiene fundamento legal
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. | Europa Press
Un juzgado de instrucción de Madrid admitió a trámite hace una semana una querella de la empresa Biomar Oil por prevaricación administrativa contra el subdirector general de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles del Ministerio de Transición Ecológica, José Luis Cabo. El problema gira en torno a la presentación por parte de esta compañía de unos certificados de biocarburantes que han sido denegados por el Ministerio, lo que ha provocado que se les exija ahora unos pagos compensatorios millonarios.
Estos certificados son una especie de acreditación verde que permite conocer si un operador y distribuidor está cumpliendo con lo que exigen dos directivas europeas (RED II y FQD) al vender en una gasolinera, ya sea convencional o low cost, el mínimo porcentaje de biocombustible, que se sitúa ya en el 10,5%. Un plan con el que el Gobierno quiere lograr la mayor descarbonización y que revisa cada quince meses. No obstante, el Ejecutivo busca reducir los tiempos y ya existe una orden ministerial para que las inspecciones pasen de quince meses a solo un trimestre.
Biomar Oil sostiene que presentó múltiples solicitudes de expedición de certificados de biocarburantes ante la Subdirección General de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles. Sin embargo, la empresa relata que todas estas solicitudes fueron eliminadas de la plataforma del Sistema de Información para la Certificación de Biocarburantes (Sicbios) sin justificación, obligando a la compañía a enviar de nuevo la documentación fuera de plazo, aunque con el permiso del Ministerio.
El pasado 31 de mayo, la Secretaría de Estado de Energía emitió una resolución, firmada por Cabo, donde denegaba las solicitudes porque «faltaba documentación». Lo que provocó que Biomar Oil tenga ahora que llevar a cabo un desembolso millonario por pagos compensatorios. Desde la empresa aseguran que cumplieron con todos los requisitos exigidos, y que así lo confirma la documentación entregada y los registros administrativos.
El 7 de junio de 2024, Biomar Oil presentó alegaciones detallando múltiples errores en la resolución, entre los que se incluían fallos técnicos y omisiones en el cálculo de los certificados, lo que, según la empresa, vulnera varios principios fundamentales del derecho administrativo. Por otro lado, la empresa entiende que, al firmar la resolución denegatoria sin un fundamento legal válido y obligar a Biomar Oil a realizar dicho pago compensatorio, podría existir un delito de prevaricación administrativa, recogido en el artículo 404 del Código Penal. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica han preferido no hacer comentarios a THE OBJECTIVE sobre este asunto.
Los certificados de biocarburantes son una de las grandes preocupaciones dentro del sector petrolero. Así, algunas empresas aseveran que al no introducir los biocombustibles, las gasolineras se ahorran hasta seis céntimos de litro de combustible. Por otro lado, aseguran que «el incumplimiento de esta obligación supone un evidente daño para el medioambiente, porque no se reducen emisiones, y también para la competitividad de los que sí cumplen frente a los que defraudan, porque el coste de los biocarburantes es superior al de los combustibles convencionales».
Cabo, que lleva ya varios años trabajando en el Ministerio de Transición Ecológica, comenzó de jefe de servicio en la Secretaría General de Hidrocarburos en el año 2016, durante el gobierno del popular Mariano Rajoy. Con el paso de los años, ha ido escalando posiciones hasta llegar a subdirector general de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles.
Según ha podido saber este medio, la querella pide la inhabilitación especial del funcionario por un periodo de siete a diez años. Todo ello lo basan en el artículo antes mencionado, que asegura que «a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años».
Según argumenta la compañía, el pago millonario les compromete financieramente, ya que pasará a tener una situación de patrimonio negativo, por lo que obligará a solicitar concurso de acreedores. En otras palabras, y según comentan fuentes financieras a este medio, cuando el patrimonio neto es inferior a la mitad del capital social, una compañía entra en quiebra. Sin embargo, existe un plazo de tiempo para reequilibrar el balance, que es de aproximadamente un año en España.
