La patronal eólica de Galicia denuncia la «persecución» de la Justicia gallega al sector
La Asociación Eólica Galega presenta una queja ante el CGPJ por la paralización de 60 proyectos
Varios aerogeneradores en el parque eólico de Vilachá, a 15 de marzo de 2024, en Lugo, Galicia. | Europa Press
La Asociación Eólica Galega (EGA) ha presentado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial, alegando lo que describen como una «persecución y bloqueo» por parte de la sección tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) hacia la industria eólica. Esta acción busca destacar una situación que consideran desfavorable de manera injusta para su sector.
La EGA ha explicado que la decisión de presentar esta queja es el resultado de un extenso periodo de deliberación. Han destacado la existencia de «ciertas anomalías» en los procedimientos judiciales, mencionando el fallo del Tribunal Supremo sobre la repotenciación del parque eólico de Corme como un ejemplo de las dificultades que enfrentan.
Desde la asociación señalan que la situación de «persecución y bloqueo» que denuncian no se observa en otros sectores, lo que sugiere un trato desigual. «Parece un posicionamiento de la sección contra la eólica», han criticado. Estas declaraciones reflejan un malestar significativo dentro del sector eólico, observando cómo casi 60 proyectos han sido paralizados en Galicia, según el último recuento.
Este conflicto no solo cuestiona la viabilidad de los proyectos eólicos, sino que también levanta preguntas sobre la equidad y la imparcialidad del sistema judicial en su trato hacia diferentes industrias. La queja presentada busca no solo resolver un problema específico, sino también visibilizar y cuestionar lo que consideran una anomalía en el trato judicial.
La acción de la EGA podría tener repercusiones más allá del sector eólico, incitando a un examen más profundo de cómo se gestionan los conflictos judiciales que involucran a la industria energética en España. Este caso pone de relieve la compleja interacción entre el desarrollo industrial y la regulación judicial, un equilibrio delicado en el contexto de la transición energética y la sostenibilidad ambiental.
