Un cargo de Ribera declarará ante un juez en 15 días tras la inhabilitación de una petrolera
Se trata del subdirector general de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles, al que se le acusa de prevaricar
La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. | Europa Press
Un cargo del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico declarará como investigado el próximo 24 de octubre tras la inhabilitación del operador petrolero Biomar Oil por un presunto fraude de biocombustibles. La citación tendrá lugar en el Juzgado de Instrucción Número 26 de Madrid y la persona encausada es el subdirector general de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles del Ministerio, José Luis Cabo, al que se le acusa de prevaricación administrativa.
Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica aseguran a THE OBJECTIVE que la decisión de inhabilitar a la empresa es «definitiva» pero rechazan comentar la citación que tendrá lugar en dos semanas. A principios de julio, y tal como adelantó El Mundo, la compañía fue inhabilitada de forma temporal por el Gobierno por un presunto fraude de más de 200 millones de euros. Sin embargo, la compañía -que se encuentra hoy en concurso de acreedores- se prepara para plantar batalla por esta decisión.
A finales de junio, el juzgado admitió a trámite la querella de la empresa Biomar Oil. Meses antes, según la empresa, presentaron múltiples solicitudes de expedición de certificados de biocarburantes ante la Subdirección General de Hidrocarburos y Nuevos Combustibles. No obstante, todas las solicitudes fueron eliminadas de la plataforma del Sistema de Información para la Certificación de Biocarburantes (Sicbios) «sin justificación», empujando a la compañía a enviar de nuevo la documentación fuera de plazo, aunque con el permiso del Ministerio.
El pasado 31 de mayo, la Secretaría de Estado de Energía emitió una resolución, que fue firmada por Cabo, en la que se rechazaban las solicitudes de Biomar Oil porque «faltaba documentación». Un escenario que ha provocado que la operadora de petróleo tenga que llevar a cabo un desembolso millonario por pagos compensatorios. Desde la empresa aseguran que cumplieron con todos los requisitos exigidos, y que así lo confirma la documentación entregada y los registros administrativos.
Una semana después, el 7 de junio de 2024, Biomar Oil presentó alegaciones detallando múltiples errores en la resolución del Ministerio, entre los que se incluían fallos técnicos y omisiones en el cálculo de los certificados. Según la operadora, esto vulnera varios principios fundamentales del derecho administrativo. Además, la empresa entiende que, al firmar la resolución denegatoria sin un fundamento legal válido y obligar a Biomar Oil a realizar dicho pago compensatorio, podría existir un delito de prevaricación administrativa, recogido en el artículo 404 del Código Penal.
La versión del Gobierno difiere. El pasado martes, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la razón por la que inhabilitaba de forma definitiva a Biomar Oil y la culpó de cumplir solo con el 13% de los certificados de biocarburantes exigidos. «Con fecha 31 de mayo de 2024, se aprobó la resolución de la Secretaría de Estado de Energía, por la que se procede a la anotación de certificados definitivos de biocarburantes correspondientes al ejercicio 2023. De estos, se asigna a Biomar Oil la cantidad 149.359 certificados definitivos de biocarburantes, que deben ser expedidos para alcanzar su obligación en el citado ejercicio».
«A pesar de los requerimientos realizados por la entidad de certificación, la empresa no presentó toda la documentación necesaria, por lo que no se expidió ningún certificado definitivo de biocarburantes a su favor correspondiente a 2023. No obstante, Biomar Oil, a través del mecanismo de transferencias, realizó la compra de 19.587 certificados de biocarburantes en diésel, vendiendo 1.000 de estos certificados y comprando posteriormente 545 certificados de biocarburantes en gasolina. Lo que le permitió menos del 13 % de su obligación», sentenciaron.
Un Real Decreto-ley publicado el pasado 28 de diciembre puso cifras al fraude de los biocombustibles. «El incumplimiento por parte de algunos operadores de las obligaciones de biocarburantes está atentando contra la competencia en el sector, ya que, solo en 2022, siete empresas no han sufragado su deuda con el mecanismo de fomento de biocarburantes, por un importe total de 95 millones de euros». Una cifra que se actualizó a principios de verano situando esta cantidad en 581 millones de euros.
Los certificados de biocarburantes son una especie de acreditación verde que permite conocer si un operador y distribuidor está cumpliendo con lo que exigen dos directivas europeas (RED II y FQD) al vender en una gasolinera (ya sea convencional o low cost) el mínimo porcentaje de biocombustible. Este está fijado en el 10,5%. Un plan con el que el Gobierno busca conseguir una eficiente descarbonización y cuyo cumplimiento se revisa cada quince meses. Un espacio de tiempo largo, según el sector, que facilita llevar a cabo este fraude. El Ejecutivo busca reducir los tiempos y ya existe una orden ministerial para que las inspecciones pasen de quince meses a solo un trimestre.
