Las eléctricas temen que la decisión judicial sobre el 'impuestazo' termine en el TC
Si estima el recurso, la Audencia Nacional tendrá que plantear una cuestión de inconstitucionalidad o prejudicial en la UE
Edificio de Iberdrola. | Ramon Costa (Zuma Press)
La eléctricas están pendientes de la sentencia de la Audiencia Nacional acerca de si es legal la aplicación del impuesto especial contra las energéticas aprobado en 2022. El pasado mes de junio, sus recursos -que fueron presentados a principios de 2023- ya se encontraban en su fase final y en la mayor parte de los casos ya se había formulado el escrito de conclusiones. Fuentes conocedoras argumentan que las eléctricas temen que la decisión final acabe en el Tribunal Constitucional por su «sintonía con el Gobierno».
La Audiencia Nacional para resolver los recursos de las energéticas estimándolos o desestimándolos. Para llevar a cabo lo primero, tendría que elegir si plantear la cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional o una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en Luxemburgo. En cambio, si finalmente da la razón al Gobierno y desestiman los recursos, fuentes conocedoras argumentan que las eléctricas recurrirían esta decisión al Tribunal Supremo.
El impuesto fue recurrido a principios de 2023 por la patronal eléctrica Aelec (en la que se encuentra Iberdrola, Endesa y EDP) y también por las compañías Naturgy, Cepsa y Repsol. Según fuentes jurídicas, «la Audiencia Nacional no puede anular sin más las liquidaciones del impuesto porque tienen plena cobertura legal (Ley 38/2022). Si quiere anularlas, tiene que plantear previamente una cuestión de inconstitucionalidad o cuestión prejudicial ante el TJUE. El gravamen español tiene la cobertura del Reglamento UE 2022/1854. Así lo entendió la propia Comisión Europea, que denegó la solicitud de iniciación de procedimiento de infracción contra España por este motivo».
Fuentes conocedoras argumentan que ahora mismo las energéticas están pendientes de los recursos contra las liquidaciones del gravamen temporal energético. De momento, todo parece indicar que el impuesto no se hará permanente, como en un principio quería el Ejecutivo, y decaerá por la presión de Junts y PNV. Sin embargo, fuentes parlamentarias aseguran a este periódico que «los números no le dan al Ejecutivo para aprobar el decreto -en el que se estudia en otras muchas medidas este impuesto-, y que hasta ahora solo se tienen los apoyos de PNV y Junts». Los socios de coalición, como EH Bildu y ERC, se encuentran molestos por este pacto del PSOE y aseguran a este medio que no se moverán de sus posiciones para que el tributo a las energéticas continúe, como el de la banca y que defenderán «hasta el final» sus posiciones.
En los últimos días, las energéticas han hecho mucho ruido en su lucha contra una posible prórroga de este impuesto, principalmente Cepsa y Repsol. Ambas compañías han amenazado con congelar proyectos de hidrógeno verde milmillonarios para llevárselos a otros países. Sin ir más lejos, la petrolera dirigida por Josu Jon Imaz anunció la llegada de un electrolizador (la pieza clave para producir gas verde) a Sines (Portugal).
Por otro lado, tanto los bufetes de abogados como los departamentos jurídicos de las eléctricas consultados por este medio coinciden en que la Audiencia Nacional acabará dándole la razón a las eléctricas. Fuentes judiciales apuntan también que el impuesto podría ser «un fraude de etiquetas» por cómo ha sido diseñado, ya que actúa como un impuesto cuando realmente el Ejecutivo lo denominó «prestación patrimonial».
Según el Ministerio de Hacienda, las energéticas hicieron un primer pago en febrero de 2023 de 827 millones de euros y un segundo en octubre de ese mismo año de 817 millones de euros. Por lo que, en total, se recaudaron 1.644 millones de euros gracias al impuesto energético.
Los argumentos que esgrimen desde el sector son los siguientes. En primer lugar, aseguran que «es el único en Europa». «La UE ha establecido un impuesto sobre el petróleo y el gas en el que nada se dice sobre el sector eléctrico. Por tanto, el gravamen aprobado en España penaliza a un sector clave para impulsar el necesario cambio del modelo energético no solo mundial, sino específicamente español. Es imprescindible que España acelere su reconversión energética para tener fuentes de energía propias que reduzcan la dependencia del exterior».
En segundo lugar, critican que el impuesto sea sobre los ingresos. «En Europa es sobre beneficios y no sobre ingresos, como se ha implementado en España. Somos el único país de Europa que grava los ingresos, en concreto, el 1,2%». Por último, señalan la discriminación. «Solo un determinado número de empresas eléctricas son elegibles y otras, independientemente de su tamaño, están eximidas. Es una incoherencia fiscal».
