Teresa Ribera: a la cúspide de la Comisión Europea pese a no poner un pie en Valencia
La exministra azotó a la nuclear, obvió el fraude del diésel y fracasó con el tope ibérico
La exministra de Transición Ecológica Teresa Ribera. | Europa Press
Teresa Ribera es, sin duda, uno de los protagonistas de 2024 debido a que ha alcanzado la cúspide de la Comisión Europea (vicepresidencia primera) tras haber sido la política que más tiempo ha estado al frente del área de Energía de la democracia española. Una cartera que ha estado históricamente anexionada a Industria y que hoy es un ministerio clave en el Gobierno.
Su legado de más de seis años ha generado simpatía (principalmente por los defensores de las energías renovables) pero también rechazo en una gran parte del sector. Sea como fuere, su trabajo le ha permitido llegar a Bruselas y convertirse en la mano derecha de Ursula Von der Leyen, y eso a pesar de que el Partido Popular español no votó a su favor en el Parlamento Europeo debido a su gestión de la dana de Valencia, ya que aún hoy sigue sin aparecer por la zona afectada pese a que dentro de sus competencias estaban las confederaciones de las que dependían el río y el barranco desbordados.
La trayectoria de Ribera al frente de Energía ha quedado salpicada en su etapa final por el fraude de los hidrocarburos. Así, su ministerio, junto con el de Industria, ha sido uno de los señalados en la trama del diésel: operadoras, que con el visto bueno de Transición Ecológica, no ingresaban el IVA (impuesto sobre el valor añadido) en las arcas del Estado por las operaciones de venta de combustible y lo escondían en su tesorería hasta hacerlo desaparecer.
El sector critica la negligencia por parte de la subdirección de hidrocarburos, que abrió las puertas a operar en la compra y venta de diésel a empresarios que contaban ya con un pasado delictivo. Durante estos años ha habido cientos de millones de euros defraudados y se ha mostrado una palpable descoordinación entre este organismo y el Ministerio de Hacienda. A diferencia de otros países, España aún no ha sabido dar una solución a este problema.
El tope al gas
De entre todas las medidas aprobadas por el Ministerio en estos seis años destaca una conocida como ‘milagro ibérico’. España (y Portugal) pudo intervenir a través de un mecanismo el mercado del gas y topar los precios por la peculiar condición de ‘isla energética’ de la península ibérica con el resto de Europa. Eso hizo que durante varios trimestres los precios en los dos países fuesen bajos en comparación con los del resto de Europa, que se dispararon en plena crisis energética tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. El precio del gas, por como está diseñado el mercado eléctrico, es quien fija el precio de la energía. Para que las energéticas no perdieran dinero, ese tope lo pagaba el consumidor a través de un recargo en el recibo de la luz.
Sin embargo, el 10 de febrero de 2023 este periódico publicó un estudio de la prestigiosa consultora norteamericana Nera en el que se señalaba que desde el 15 de junio de 2022 -cuando comenzó la medida- hasta el 31 de enero de 2023 los consumidores españoles pagaron un total de 1.945 millones de euros a Portugal, Francia y Marruecos por una mala negociación que hizo que nuestros países vecinos compraran la energía barata porque estaba subvencionada por el consumidor español.
Tras varios meses de negociaciones con Bruselas, se acordó que la subvención al gas la pagarían primero solo los consumidores del mercado regulado y después se extendería a los que tienen contratos en el mercado libre. Sin embargo, la gran mayoría de los consumidores de esos países tiene contratos a plazo y apenas los hay indexados al pool, como sí ocurre en España. Por consiguiente, el reparto causó que los consumidores españoles aportaran la mayor parte de la financiación. Además, antes de dividir el coste de la subvención entre españoles y portugueses, España puso los ingresos de las rentas de congestión que vienen de Francia al servicio de la excepción ibérica. Una iniciativa que abarató la contribución de los portugueses.
De esta forma, y según el estudio, Portugal fue el país que más recibió de esta transferencia de capital, con 1.300 millones. En segundo lugar, Francia, con 592 millones de euros, aprovechó las interconexiones para comprar la energía al precio subvencionado. Por último, el reino alauita, que también se encuentra interconectado con nuestro país a través del gasoducto Magreb, recibió 59 millones de euros de los españoles. El mecanismo ibérico no se volvió a usar desde finales de febrero de 2023 porque los precios no rebasaron el umbral para activar el escudo.
La energía nuclear
Los más de seis años de Ribera al frente del Ministerio se caracterizarán por haber sido el azote contra la energía nuclear. Desde el principio de su mandato, la ministra acorraló a una tecnología (que en 2035 dejará de funcionar en España) que ahora resurge en el resto de Europa como clave para llevar a cabo la transición energética. Las propias empresas, los pueblos afectados, consultoras -como PwC-, el ‘informe Draghi’ (que está llamado a ser la hoja de ruta de Europa) y hasta exministros socialistas, como Jordi Sevilla, presionaron sin éxito para conseguir un cambio de postura por parte de Ribera.
El Ministerio de Transición Ecológica aprobó en 2022 un mecanismo llamado ‘servicio de respuesta activa de la demanda’. Con este plan, se buscaba evitar apagones en España y se solicitaba a la industria parar sus fábricas cuando hubiese más demanda que oferta. A cambio, estas -que tenían que participar en una subasta- recibían una subvención. Recientemente, la nuclear volvió a demostrar su importancia en el mix energético, ya que la parada de los dos reactores de la central de Ascó, en Tarragona, provocó que se activase el servicio durante tres días seguidos (10, 11 y 12 de diciembre).
Relación con las empresas
La ministra Ribera ha mantenido choques puntuales con las energéticas. El más reseñable ha sido con la petrolera Repsol en una batalla en la que cada parte defendía estrategias distintas en el proceso de descarbonización. Ya desde el inicio de su mandato, en junio de 2019, Ribera aseguró que el presidente de la petrolera, Antonio Brufau, no era una persona «moderna». Las discrepancias subieron de tono. Llamó «negacionista» al CEO de la petrolera, Josu Jon Imaz, al que también criticó por «la dureza con la que trata la política verde».
Ribera también mantuvo tensión con el otro gigante energético, Iberdrola. Condenó con dureza que el CEO de la compañía, Ignacio Sánchez Galán, criticase en otros países la normativa fiscal en materia de energía de España. Con el paso de los meses, la relación fue mejorando. Ambos incluso mostraron buena sintonía en un evento que tuvo lugar hacer varios meses en la Universidad de Icade (Madrid). Y Ribera incluso defendió a la energética durante su batalla legal contra Repsol por ‘ecopostureo’.
Lista pendiente
La ministra, que ha sido criticada durante estos últimos años por la improvisación normativa y la falta de coordinación dentro del departamento, dejó el cargo a su secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen (la más longeva en la conocida como ‘silla eléctrica’ en el sector) con una lista de asuntos pendientes. Entre estos cabe mencionar el aumento del acceso a la capacidad de la red para atraer inversión e integrar el reto del futuro (data center), la puesta en marcha de la Comisión Nacional de la Energía (que pese a aprobarse a principios de año se quedó estancada) y las subastas para la eólica marina.
Sobre esto último, la ministra ha tenido durante estos años varios sectores en contra de su ambicioso despliegue de las renovables en España. La ministra, asesorada por el ‘brazo armado’ del Ministerio (el IDAE), ha sido más propensa a apostar por la electrificación frente a los combustibles renovables. No obstante, son muchas las voces autorizadas que ponen en duda la hoja de ruta para 2030 marcada por el Ministerio a través del PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima) porque la consideran «irrealizable». Es reseñable destacar que de nuevo un ministro de Energía se va sin dar solución a las 65.000 familias afectadas por el recorte a las renovables de la época de Rajoy.
