Las comercializadoras de energía temen a Trump y al rumor de una vuelta del tope al gas
A este escenario se le añaden varios frentes regulatorios abiertos que tratan de solucionar con el Gobierno
Unos aerogeneradores. | Europa Press
El mejor precio para las comercializadoras energéticas (tanto de luz como de gas) es que el que hay se mantenga estable. pero el escenario geopolítico a corto y medio plazo está cargado de incertidumbres. Una situación que preocupa a aquellos intermediarios independientes (que reúnen al 20% de la clientela de nuestro país) encargados de comprar la energía en el pool para venderla a los hogares.
Las dos razones principales, explican desde el sector, son las presiones del presidente de EEUU, Donald Trump, para que aumenten las compras del gas estadounidense y el rumor que llega desde Bruselas de una posible vuelta del tope al gas (el conocido como mecanismo ibérico). Con respecto a lo primero, se estima que el precio aumentaría porque los barcos metaneros son más caros que un gasoducto, por el impacto que podrían tener los aranceles de gas y petróleo que prepara sobre las importaciones y por las posibles alteraciones si finalmente se reduce la compra de gas ruso.
Con respecto a lo segundo, llegan rumores desde Bruselas de que puede imponerse de nuevo el tope al gas, una situación que genera preocupación para las comercializadoras porque la diferencia entre el precio real del gas y el precio topado la debían pagar a todos aquellos que acudían al pool para compensar a las centrales de ciclo combinado. El resultado fue que muchas de ellas, que tenían contratos de un año a un precio fijo, acabaron vendiendo electricidad por debajo del precio real de compra.
Asfixia regulatoria
Las comercializadoras independientes se quejan del escenario regulatorio que sufren y del abandono en el que el Gobierno tiene al sector. El histórico muestra el incumplimiento de ciertas promesas, como sacar al mercado las subastas inframarginales (energía producida con las tecnologías más baratas, como la hidráulica, las nucleares y renovables de primera generación). Por otro lado, hay una serie de normas que han puesto contra las cuerdas su negocio: desde la excepción ibérica antes mencionada hasta la limitación «artificial» de la TUR (tarifa de último recurso).
Además, existe un coste ‘extra’, llamado servicio de ajuste (lo que se debe pagar a las centrales de cogeneración de apoyo para evitar apagones) que supone un porcentaje importante de su facturación. La tendencia del mercado es una penetración cada vez mayor de las renovables, lo que provocará que el mercado se vuelva aún más impredecible y sea aún más necesaria la cogeneración. Si a esta situación se le añade el fin de la energía nuclear (que da una gran estabilidad al sistema), el escenario se vuelve más crítico para las comercializadoras.
Cruzada por las llamadas de teléfono
El Ministerio de Transición Ecológica y el de Consumo tienen en la diana a las comercializadoras independientes. El primero estudia un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre la prohibición del uso de los call centers para atraer clientes. Por otro lado, las comercializadoras mantienen un pulso con el ministerio que lidera Pablo Bustinduy para evitar que el cliente tenga que llamarlas cuando existe algún corte o avería.
Sobre esto último, las comercializadoras exponen que aunque son intermediarias entre la distribuidora y el cliente, su función es generar un contrato de luz con el cliente, pero que no tienen ningún tipo de capacidad de actuación cuando existe un corte o avería. Por eso instan al ministerio a que sean los clientes los que llamen directamente al distribuidor, que es quien debe solucionar el problema de forma eficiente. Por último, otra de las luchas que tienen es que se lleve a cabo una subasta de los clientes cuando una comercializadora quiebra, en lugar de que se entreguen de forma directa a las grandes comercializadoras como Iberdrola y Endesa.
