Un experto en regulación de la UE critica la falta de inversión en redes eléctricas en España
Christopher Jones se une a la presión de las empresas y la oposición con respecto a este asunto clave para el sector
Christopher Jones, profesor de la Escuela de Regulación de Florencia.
Un experto de la Escuela de Regulación de Florencia -el centro que susurra a la Comisión Europea sobre las medidas en materia de regulación energética, además de a los principales organismos regulares- se une a la crítica por la falta de inversión en las redes eléctricas en España, que la oposición y las eléctricas reclaman.
Christopher Jones, profesor de la Escuela de Regulación de Florencia y con más de 30 años de ejercicio de cargos de responsabilidad en el área de energía en la Comisión Europea, asegura en una conversación con THE OBJECTIVE que «España tiene un problema delicado porque sus redes se encuentran congestionadas y ahora la inversión tiene que estar en las redes. Ahora mismo lo que se necesita es un sistema de redes que sea compatible con el cambio energético».
Sobre esta situación, Jones -que asistió hace unos días a un evento sobre el Pacto Industrial Limpio de la Fundación Naturgy- ha alertado a este medio de que están en juego «inversiones» en nuestro país por la falta de capacidad en la red que impide que se puedan conectar proyectos. Fuentes del sector energético aseguran a este medio que «la falta de infraestructuras de red es ya un drama y especialmente en algunas zonas del país. El Gobierno está desbordado y posponiendo la inversión para evitar que suba el coste de la luz a los consumidores». Mientras tanto, las energéticas siguen presionando para que se aumente la capacidad y evitar la fuga de inversiones.
Hace unas semanas, la prensa de País Vasco se hizo eco de los efectos perversos que estaba teniendo la saturación de la red eléctrica con respecto a las inversiones. El principal partido político de la región, el PNV, denunció que este escenario afectaba negativamente a la industria. No es la única zona; el problema se extiende al resto de las comunidades.
La inversión de las redes eléctricas ya creó tensión hace un año entre la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la titular de Transición Ecológica en ese momento, Teresa Ribera. Esta última trataba de reformar el actual límite legal que existe para invertir en las redes eléctricas. Pero este objetivo obliga a una movilización de recursos económicos considerable por parte del Estado. Según el Pniec (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima), se estima en 53.000 millones de euros para el año 2030.
En 2013, durante el Gobierno de Mariano Rajoy, se aprobó el Real Decreto 1048/2013 que limitó el volumen anual de inversión de todas las distribuidoras eléctricas (Endesa, Iberdrola, EDP, Naturgy y Viesgo) en las redes del sistema. De esta forma, no se podría superar el 0,13% del PIB de cada año previsto por el Ministerio de Economía. Así el Ejecutivo sorteaba una sobreinversión de las eléctricas en redes, que más tarde cargarían a los consumidores en la factura de la luz. Pero esta realidad, más de una década después, se ha mantenido.
Debate sobre la retribución de redes
En medio del debate sobre aumentar las inversiones en las redes ha surgido un nuevo frente que ha provocado un choque con respecto a este asunto entre las eléctricas y el regulador. Se busca que la retribución de las redes pase del modelo actual basado en aplicar una tasa de retorno al coste de mantenimiento, operación e inversiones a través del ‘capex’ (gasto en la inversión a largo plazo) y el ‘opex’ (gasto en las operaciones diarias) por uno llamado ‘totex’ (en el que en lugar de retribuir los activos -como por ejemplo los cables o los transformadores- se busque pagar el servicio. Por ejemplo, la penetración del coche eléctrico en un barrio).
Sobre este asunto, Jones se mantiene cauto y defiende que lo mejor es no cambiar la regulación porque compromete a los inversores y subraya que España es uno de los países que más ha cambiado este tipo de cuestiones. Hay que diferenciar entre la tasa por las redes de gas y la de las redes de electricidad: a las distribuidoras de gas les interesa menos esta retribución que a las distribuidoras eléctricas porque la fórmula retributiva no incluye el WACC (la tasa de rendimiento que una empresa necesita alcanzar para cubrir los costes de financiación de sus inversiones).
Por último, el pasado miércoles el Senado aprobó por mayoría absoluta la moción del Partido Popular (PP) que insta a «eliminar los límites de inversión en redes que están fijados por ley». La moción contó con las abstenciones de Vox, Junts, ERC y EH Bildu y el voto en contra del PSOE.
