El plan de rearme militar amenaza las inversiones verdes de la Unión Europea

La Unión Europea (UE) ha puesto sobre la mesa el plan Rearm Europe por 800.000 millones de euros durante los próximos cuatro años. Una cantidad que en Europa -según fuentes conocedoras- podría amenazar las inversiones verdes que ha lanzado para llevar a cabo la transición energética. Fuentes conocedoras de la situación aseguran a THE OBJECTIVE que ese debate se está abriendo en Europa por la incompatibilidad que existe en abarcar tantas inversiones.

Por un lado, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) -cuyos accionistas son los países miembros– ha girado de forma reciente su política de financiación y ahora incluye también proyectos vinculados al rearme militar. Una situación que ha hecho cambiar su naturaleza como entidad caracterizada en financiar principalmente proyectos relacionados con la energía sostenible. Este escenario ha comprometido a su presidenta, Nadia Calviño, que ha visto cómo la institución que preside está financiando ya no solo proyectos de energía nuclear (a los que se opuso mientras fue vicepresidenta de España), sino también, ahora, proyectos vinculados al rearme militar.

El plan de rearme seguirá dos estrategias. La Comisión Europea permitirá a los gobiernos endeudarse para invertir 150.000 millones de euros (habrá licitaciones conjuntas entre varios países), mientras que con el resto de la inversión, la UE dará luz verde a los países miembros para incrementar los límites de gasto hasta alcanzar los 650.000 millones restantes. Un aumento en la inversión que irá solo destinado a política de defensa.

El despliegue renovable en Europa está copado por multitud de proyectos multimillonarios. Uno de los ‘insignia’ es el conocido como Plan REPowerEU, que requerirá una inversión adicional de 210.000 millones de euros hasta 2027. A estos habría que añadirle 225.000 millones de euros en préstamos a través del Plan de Recuperación. Pero a estas cantidades hay que sumarle otras, como el Mecanismo para una Transición Justa (MTJ), que busca movilizar 55.000 millones de euros hasta 2027, o el Fondo de Innovación, 100 millones de euros para proyectos innovadores de tecnología limpia a pequeña escala.

Por otro lado, prueba de la sensibilidad energética del BEI han sido los importantes préstamos llevados a cabo en los últimos meses con algunas empresas y que se podrían quedar comprometidos en un futuro. Así, acordó con Naturgy un préstamo de 1.000 millones de euros para invertir en proyectos de energía solar y eólica terrestre en España en noviembre de 2024. Y, unos días después, firmó préstamos por valor de 700 millones de euros para la puesta en marcha de proyectos de energías renovables y la ampliación de la red eléctrica en el sur de Europa.

Incertidumbre con el hidrógeno

La energía renovable está capeando algunas dificultades para su desarrollo en Europa. Así, según informó este periódico hace unos días, los gobiernos de la Unión Europea (UE) están presionando a Bruselas para que relaje las normas para los certificados de hidrógeno verde en el futuro mercado. Esta corriente busca que la Comisión Europea cambie su propuesta sobre el gas renovable para que puedan subsistir los proyectos actuales. La norma, conocida como «principio de adicionalidad», no comenzará a aplicarse hasta 2028, pero genera una considerable incertidumbre en las compañías y las inversiones futuras.

A partir de esa fecha, y según lo propuesto por Bruselas, una empresa podrá certificar el origen renovable en el pool (mercado) del hidrógeno si cumple una serie de requisitos. En primer lugar, deben ser parques de nueva construcción (tanto eólicos como solares); en segundo lugar, debe haber una correlación geográfica (los nuevos parques deben estar cerca de donde se va a producir el hidrógeno) para reducir los costes; y, en último lugar, tiene que haber una correlación temporal (es decir, toda la energía que se genere debe ser enviada al momento a la planta donde está el electrolizador, la pieza clave para crear hidrógeno).