El Gobierno tiene bloqueado desde 2021 un proyecto que aseguraría el suministro eléctrico
El mercado de capacidad servirá para reforzar la seguridad y la flexibilidad del sistema eléctrico
La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen. | Europa Press
España sufre una crisis eléctrica según decretó el pasado lunes el Gobierno tras el apagón sufrido durante alrededor de 10 horas. Un escenario que cuestiona la estrategia de seguridad energética y que empuja a las diversas industrias a presionar ahora al Ejecutivo con medidas que tiene atascadas desde hace años. Una de estas es el mercado de capacidad, un mecanismo que retribuye a las instalaciones de generación, almacenamiento y a los consumidores por su disponibilidad para inyectar electricidad en las redes o reducir el consumo cuando lo requiera el gestor del sistema, Red Eléctrica.
Se trata de un instrumento más para evitar un posible apagón. Sin embargo, aunque los trámites regulatorios sobre esta herramienta comenzaron en abril de 2021, el incumplimiento de la normativa europea por parte de España está aplazando su puesta en marcha. A finales del pasado año, el Ministerio para la Transición Ecológica trató de avanzar y lanzó una propuesta de regulación para este mercado, incluyendo la posibilidad de un mercado secundario para aportar liquidez.
En la Unión Europea (UE) hay una serie de países -Bélgica, Francia, Italia, Alemania y Suecia, entre otros- que ya cuentan con este mecanismo de capacidad al haber cumplido los requisitos que exige la Comisión Europea. Y también fuera de la UE, como Reino Unido. De momento, el sector energético apunta a que la principal causa del apagón no fue por falta de capacidad de generación (de hecho, sobraba), sino porque los instrumentos para corregir los desequilibrios no eran los adecuados (exceso de solar), ya que no había generación firme disponible (gas, hidráulica y nuclear) en el mix energético.
La industria gasística y las tecnologías de bombeo y baterías (que ayudan a la penetración de las renovables porque permiten almacenar la energía sobrante) están entre los principales interesados en los mecanismos de capacidad. Según aseguró el Ministerio de Transición Ecológica el pasado diciembre, este mecanismo «reforzará la seguridad de suministro, la firmeza y la flexibilidad del sistema eléctrico, y facilitará la integración de las renovables. Se articulará mediante subastas en las que podrán participar la generación, el almacenamiento y la demanda, tanto con instalaciones existentes como nuevos proyectos de inversión».
La estrategia de seguridad energética se analiza ahora con detalle. Se da la circunstancia de que tres días antes de que el país se apagara durante diez horas, la ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, acudió a Londres (Reino Unido) a una cumbre coorganizada por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y el Gobierno británico para hablar sobre la seguridad energética. En la reunión, Aagesen defendió la estrategia de seguridad energética de España y la anticipación y planificación de sus políticas.
El papel de la industria
De la misma forma que existen los mercados de capacidad para evitar crisis de suministro, existen otras herramientas con la misma función, pero en la que participan otros actores del sector: los servicios de respuesta activa de la demanda. Recientemente, y tal y como publicó este medio, el gestor del sistema eléctrico lanzó una consulta pública para duplicar el número de subastas (que pasará de ser anual a semestral) dentro del marco del servicio de respuesta activa de la demanda, un instrumento que obliga a algunas fábricas a parar su actividad en España cuando existe un riesgo de suministro a cambio de una compensación económica. El movimiento lo lleva a cabo el gestor en pleno debate por el futuro de la energía nuclear, que el pasado año generó el 19,57% de la electricidad neta del país.
Se espera que la propuesta para revisar la normativa que prepara Red Eléctrica con respecto al servicio de respuesta activa de la demanda se apruebe en el segundo semestre de este año. El gestor busca acabar con el modelo que consiste en crear una subasta a finales de cada año (por varias decenas de millones de euros que se cargan a la factura de la luz) para que el servicio cubra todo el siguiente año. Fuentes conocedoras apuntan a que el nuevo sistema de subasta estará en funcionamiento en 2026, pero que necesitará antes el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)