El apagón retrasa aún más la puesta en marcha de la nueva Comisión Nacional de la Energía

La aprobación de la nueva Comisión Nacional de la Energía (CNE) se vuelve a atascar en el Congreso de los Diputados. La Mesa de la Cámara Baja (controlada por los partidos del gobierno) ha vuelto a ampliar hasta el 21 de mayo el plazo de enmiendas al proyecto de ley de la CNE, tanto en su totalidad como el articulado. Una realidad que se da tras el apagón sufrido en España el pasado 28 de abril y mientras el organismo encara una serie de frentes energéticos.

Entre estos frentes que el regulador tiene abiertos están desde la investigación del apagón hasta la retribución de las redes eléctricas y de gas. Antes de que acabe 2025 es necesario acordar una tasa para retribuir a las compañías del sector por su gestión e inversión de las redes. El rango de esta se encuentra entre el 6,38% y 7,38%. Las eléctricas buscan que se acerque más a esa última cantidad, mientras que la CNMC se mantiene cauta.

Por otro lado, el pasado martes, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, anunció que iban a llevar a cabo su propia investigación del apagón tras colapsar el sistema eléctrico peninsular, para lo que ya está recopilando toda la información que considera necesaria con el fin de «reconstruir el evento con una precisión técnica suficiente». En su comparecencia en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso de los Diputados, Fernández afirmó que ya se ha iniciado la tramitación del expediente informativo sobre el incidente, para lo que ya se han cursado requerimientos de datos y de información a las partes.

El sector presiona

El Foro Industria y Energía (FIE) pidió el pasado 8 de mayo «abrir una reflexión estratégica sobre el papel y el futuro de la Comisión Nacional de la Energía en la configuración del sistema energético español». El foro planteó la posibilidad de una CNE fortalecida, concebida como un ente articulador y supervisor integral del sistema energético, capaz de promover un enfoque unificado que garantice la seguridad del suministro y la autonomía estratégica del país, más allá de una simple fusión de los actuales operadores de redes, una propuesta que ya se plantea en algunos sectores».

Las grandes energéticas prefieren el modelo anterior al actual, en el que la CNMC integra a todos los sectores regulados. Buscan que los dos grandes sectores regulados -energía y telecomunicaciones- estén separados en materia de regulación. La razón de esto último es que esta estructura permite a la comisión de energía contar con más medios, ofrecer más atención y ser además más asequible. Un sistema que comparten la mayoría de los países de occidente, salvo Estonia, Nueva Zelanda y Países Bajos (donde hay una integración entre las salas de competencia y regulación).

«El restablecimiento de la CNE permitirá reforzar la capacidad institucional del regulador en un momento clave para la transición energética, respondiendo a las crecientes necesidades de especialización y eficacia derivadas del nuevo paradigma energético y regulatorio. El Gobierno cumple con su compromiso de recuperar la arquitectura institucional del regulador energético especializado existente en España hasta 2013 y presente en la mayoría de los países de nuestro entorno», aseguró el Gobierno el pasado septiembre cuando aprobó el proyecto de ley.

El plazo de enmiendas se abre en la Mesa tras remitir en el mismo acuerdo el proyecto de ley a la comisión correspondiente. La principal pugna está ahora en saber qué consejeros serán los elegidos y qué presidente y vicepresidente. La energía es uno de los sectores que más interés despierta en las fuerzas nacionalistas, principalmente PNV y Junts.

La nueva CNE tendrá como órganos de gobierno la presidencia y el Consejo, formado por nueve consejeros. Se han añadido dos nuevos miembros desde su anuncio el pasado año. De momento, se desconocen nombres para ocupar estos puestos, pero existe cierto consenso en que se planteen perfiles técnicos del sector para el nuevo organismo regulador