El sector energético presiona al PP para sacar una ley: «Hay 160.000 millones en juego»
El pasado año solo se aceptó una de cada diez solicitudes de acceso a la red por falta de capacidad
Plantas de renovables. | Europa Press
La consultora PwC -muy presente en la actividad energética de España- ha agitado el debate sobre el Real Decreto-ley 7/2025 tras publicar hace unos días un informe en el que califica la norma de «una oportunidad para la reindustrialización». Una ley cuya luz verde está en juego porque uno de los socios clave del Gobierno, Unidas Podemos, votará en contra. Es un escenario que pone el foco sobre el Partido Popular (PP), ya que su decisión (votar a favor o abstenerse) será necesaria para que el Ejecutivo saque adelante la ley.
Fuentes internas del PP desconocen de momento su intención de voto. Mientras tanto, la industria y el sector renovable también se unen a la presión. El informe de la consultora PwC ha sido analizado minuciosamente por el sector energético. Según el documento, las solicitudes de acceso a la red superaron los 18.000 megavatios en 2024, pero en ese mismo año solo se aceptó una de cada 10 solicitudes «por falta de capacidad» en la red, por lo que quedaron destendidos 16.200 megavatios.
Según el Banco de España, cada megavatio de potencia eléctrica conectada tiene una inversión media de 10 millones de euros, por lo que se estaría dejando de invertir en la industria, según los datos de PwC, unos 160.000 millones de euros. Fuentes del sector van más allá y señalan que habría entre 20.000 y 40.000 megavatios en juego, por lo que la inversión en jaque podría incluso estar entre los 200.000 y 400.000 millones de euros.
El informe de PwC detalla los objetivos de la norma, apodada ‘antiapagones’, que se trata de aprobar: «La revisión obligatoria de la planificación eléctrica cada tres años, la incorporación de modificaciones puntuales cada dos años, medidas para aprovechar la red existente (actualmente existen muchas posiciones que están infrautilizadas o directamente no utilizadas), procedimientos más ágiles para habilitar nuevas posiciones en subestaciones y la posibilidad de que varios consumidores compartan posiciones en subestaciones con habilitación a los distribuidores para desplegar redes de 220 kilovatios».
«Adicionalmente, persisten barreras estructurales que deben ser abordadas con urgencia como la agilización de los concursos de acceso para la demanda y la revisión del marco retributivo de las redes, asegurando que resulte atractivo para movilizar inversiones sostenidas en un contexto de electrificación intensiva, junto con la modificación de los límites legales de inversión anual en redes, actualmente fijados en el 0,065% del PIB para el transporte y el 0,13% para la distribución, porcentajes que resultan insuficientes para atender las necesidades reales del sistema eléctrico», señala la consultora.
Por otro lado, según fuentes del sector energético, «en España no está siendo posible atender la demanda que ya existe y quiere conectarse a la red para materializar esta oportunidad. En 2024, solo se pudo aceptar una de cada diez solicitudes de conexión en la red de distribución por falta de capacidad en las redes, lo que evidencia una incapacidad estructural del sistema para dar cabida a las peticiones de la industria actuales y a la nueva demanda, generando cuellos de botella que amenazan la competitividad y el proceso de descarbonización industrial».
Industria y sector renovable
Algunas voces de la industria española y el sector de las renovables también presionan al PP para que apruebe la norma El Cluster de Energías Renovables de Navarra, la Asociación de la industria Navarra y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) han pedido el apoyo de los grupos a la convalidación del real decreto-ley 7/2025: «Persigue objetivos técnicos y estratégicos esenciales para la seguridad energética y la competitividad empresarial española y consolida el modelo exitoso que ha convertido a Navarra en pionera y referente europeo en renovables».
Sobre la aprobación del real decreto-ley, en Navarra, por ejemplo, afirman lo siguiente: «Aportan seguridad del suministro eléctrico, certidumbre a los inversores y competitividad empresarial, mientras avanzan en electrificación y fomentan nuestra soberanía energética, todo ello mejorando el entorno financiero de los proyectos y siguiendo la estrategia que ha posicionado a Navarra como hogar de más de 110 empresas del sector renovable líderes en el mercado internacional».