Ribera rechazó el 27% de nuevas instalaciones de distribución eléctrica por impacto ambiental
En los años 2023 y 2024 se presentaron un total de 304 proyectos, de los cuales 83 obtuvieron DIA desfavorable
Teresa Ribera durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, a 24 de septiembre de 2024, en Madrid (España). | Diego Radamés (EP)
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en el mandato de Teresa Ribera, durante los años 2023 y 2024, rechazó el 27% de nuevas instalaciones de distribución eléctrica por su impacto ambiental. Así lo indican los datos aportados por dicho departamento a partir de una solicitud de THE OBJECTIVE al Portal de Transparencia.
En concreto, esto se produjo mediante la denegación de proyectos a través de la DIA (Declaración de Impacto Ambiental), que es un documento oficial que evalúa si puede afectar al medio ambiente y, en función de ello, determina si puede ser o no aprobado. En este periodo se presentaron planes de cuatro tipos: eólicos, fotovoltaicos, hibridaciones (combinan varias tecnologías de generación de energía) y líneas eléctricas.
Por tipo de proyecto, se presentaron 83 eólicos, 192 fotovoltaicos, 25 hibridaciones y 4 líneas eléctricas. En cuanto a los primeros, 50 obtuvieron DIA favorable y 33 desfavorable. De los segundos, consiguieron DIA 150 favorable y 42 DIA desfavorable. De los proyectos de hibridaciones, 17 fueron aprobados y 8 rechazados. Por último, todas las propuestas de líneas eléctricas fueron aceptadas. Es decir, se presentaron un total de 304 planes de los cuales 221 tuvieron DIA favorable y 83 DIA desfavorable.
En consecuencia, el porcentaje de planes desfavorables desglosado en función de su tipología fue: 39,8% los de energía eólica, 21,9% los de energía fotovoltaica y 32% los híbridos. Por tanto, los proyectos eólicos tuvieron la mayor proporción de rechazos y, por el contrario, los fotovoltaicos fueron los más aprobados en este periodo de tiempo.
Respecto a las resoluciones de declaración de impacto ambiental que han sido objeto de impugnación en vía administrativa y contencioso-administrativa en los años 2023 y 2024, desde el ministerio informan que «durante el año 2023 se contabilizaron un total de 284 recursos de alzada y 18 recursos contencioso-administrativos. Para el año 2024 se contabilizaron un total de 211 recursos de alzada y 39 recursos contencioso-administrativos».
Es decir, muchas de las decisiones sobre impacto ambiental en este periodo fueron cuestionadas y, quienes están en desacuerdo, buscan que sean revisadas. La mayoría de estas solicitudes de comprobación fueron realizadas primero a la propia administración, mientras que, en otros casos, se trasladó la decisión directamente a un tribunal o juez para que lo evaluaran.
Relación con el apagón de abril
Aunque el Gobierno todavía no ha detallado claramente las causas del apagón del pasado 28 de abril que dejó a la Península Ibérica sin suministro eléctrico durante aproximadamente nueve horas, y solo ha señalado que «tuvo un origen multifactorial», tal y como explicó Sara Aagesen (actual Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España), lo cierto es que las instalaciones de distribución eléctrica, consideradas «infraestructuras críticas», son fundamentales para sostener la red.
Cuando se niegan proyectos de este tipo, no se permite que la red disponga de mayor generación para cubrir altos picos de demanda, algo fundamental para la resiliencia del sistema, puesto que cada vez se dan con más frecuencia más momentos en los que se consume mayor electricidad. Entonces, existe más riesgo ante desajustes temporales entre consumo y producción. La propia ministra aseguró el pasado mes de marzo en el Congreso de los Diputados ser consciente «de que se debe elevar el nivel de inversión» en las redes de transporte y distribución eléctrica y añadió que ya estaban trabajando en ello.