Los inversores se repliegan ante el riesgo de un nuevo gran apagón en España

Red Eléctrica hizo saltar todas las alarmas esta semana al advertir de un riesgo real de que en España se produzca un nuevo gran apagón similar al que llevó a negro a toda la península ibérica el pasado 28 de abril. El informe del operador de las redes eléctricas generó revuelo en la opinión pública, pero no así en el mundo empresarial, donde esta posibilidad está dentro de los escenarios que se analizan de forma periódica. Y no solo entre las energéticas, sino también en el sector inversor, que ante esta incertidumbre prefiere replegarse a la espera de la evolución de los acontecimientos.

Representantes de fondos y asesores de grandes empresas han confirmado a THE OBJECTIVE que los informes que manejan coinciden con el diagnóstico de Red Eléctrica: un nuevo apagón en España es posible aunque no tenían constancia de la inminencia a la que se refirió el operador de las infraestructuras. En cualquier caso, en lo que sí coinciden es en que no se están tomando las medidas adecuadas para evitar una nueva caída del sistema y que en los últimos meses el Gobierno y las operadoras se han enfrascado en una guerra estéril sin llegar a identificar con total claridad las causas del apagón, menos aún a encontrar la solución que pudiese evitar otra crisis.

El suministro eléctrico es una de las claves para mantener la confianza inversora y la seguridad jurídica de un país. Y es además uno de los argumentos por el que muchas empresas extranjeras han decidido venir a España: energía relativamente barata en relación con sus pares europeos y estabilidad del abastecimiento. No obstante, el apagón de abril, su posterior gestión y la amenaza real de que vuelva a repetirse ha hecho que muchos analistas y fondos hayan sugerido a grandes corporaciones que paralicen inversiones que tenían pensadas para España y que no muevan ficha hasta tener certeza de que el problema energético esté completamente solucionado.

¿Nuevo apagón?

España se ha convertido en polo de atracción de gigantes tecnológicos –como Amazon y Oracle– para poner en marcha centros de datos y hub tecnológicos que consumen ingentes cantidades de energía, al tiempo que ha generado un importante apetito por renovables y por industrias punteras para las que es clave tener un suministro eléctrico que no esté en cuestión. Los costes de tener una empresa o una fábrica sin electricidad durante un día son muy relevantes, pero peor es la incertidumbre de que en cualquier momento se puede volver a repetir un gran apagón.

«Los inversores no resistirían otra caída del sistema», dice una fuente de una empresa extranjera con intereses en España, advirtiendo que sería un punto de no retorno en el que otra situación como la vivida en abril generaría incluso una fuga de capitales. Y es que –coinciden en señalar– cabalgamos la delgada línea entre un hecho puntual y extraordinario (con el cero energético de haces unos meses) y una situación habitual e incontrolable si se produce un segundo apagón en los próximos meses o semanas. Si hay otra desconexión total por muchas horas, el país tendría muy difícil recuperar la credibilidad internacional, indican.

El problema es que no parece que exista acuerdo entre el Gobierno y las empresas. El informe enviado esta semana por Red Eléctrica a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) advierte de «variaciones rápidas de tensión registradas en estas dos últimas semanas» que «potencialmente pueden desencadenar desconexiones de demanda y/o generación que terminen desestabilizando el sistema eléctrico». El operador pidió medidas con «carácter de urgencia», como la posibilidad de intervenir unas 200 centrales eléctricas de las empresas privadas para controlar la sobretensión en la red.

Marco normativo

Esta nueva norma ha generado disconformidad entre las grandes eléctricas que consideran que es una intervención sin precedentes que generará el endurecimiento de las condiciones de prestación de los servicios, podría reducir la oferta y la competitividad y redundar en un incremento del coste soportado por la demanda. Una nueva batalla entre el sector privado y el público (Red Eléctrica es propiedad al 20% del Estado, que además nombra a su presidenta), que –dicen los inversores– no ayuda a solucionar los riesgos latentes e inminentes, utilizando el lenguaje de REE.

Mientras tanto, la inversión extranjera directa (IED) sigue dando síntomas de enfriamiento. España se ha constituido en la última década en un polo de atracción gracias a su mix de energía barata, calidad de sus servicios, industria turística, diversificada base exportadora y crecimiento del PIB superior a Europa, pero hay datos que invitan a la prudencia. El primero de ellos es la caída del peso de la IED en el PIB español: la entrada de capital foráneo ha descendido a la mitad, pasando de representar un 4,42% en 2021 hasta el 1,89% en 2024, como señala un reciente informe de BrokerChooser.

Esto indica que el PIB ha crecido en este tiempo (una media del 3% anual) por encima de los flujos de inversión y eso que en 2024 se registró uno de los tres mayores volúmenes de la historia, con la entrada bruta de 36.000 millones de euros. De esta manera, según el ranking de esta firma de análisis, la media de los últimos cuatro cursos sitúa a España en el sexto lugar mundial de atractivo inversor, aunque el dato del año pasado le deja en la posición número doce.

Caída de la inversión

Por otro lado, las cifras de la Secretaría de Estado de Comercio indican que en 2024 la inversión real, es decir, el flujo neto de capital y patrimonio hacia la economía española, alcanzó los 16.762 millones de euros, un 30% menos, y el más bajo desde la covid. En tanto, la IED bruta del primer semestre llegó a los 8.476 millones, un 60% menos que lo registrado en igual periodo de 2024, con especial caída de los flujos desde Estados Unidos y Reino Unido.

Las fuentes consultadas subrayan que estos desplomes dan cuenta de varios años de políticas restrictivas de la inversión, populismo económico, aumento de impuestos y encarecimiento de los costes laborales. A eso se le suma la inseguridad generada por el funcionamiento de las infraestructuras y el suministro energético, lo que puede crear un explosivo cóctel de cara a los próximos meses. Hay que considerar además que las decisiones de inversión se toman con mucha antelación: lo que se está viviendo ahora repercutirá probablemente en la entrada de capital del próximo lustro.