El sector energético critica que la CNMC vaya a juzgar quién tiene la culpa del apagón

«Estamos investigando el apagón desde el siguiente día que se produjo». Esta es la respuesta oficial de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) cuando se le pregunta cuándo estará listo el informe final para determinar el culpable del suceso del pasado 28 de abril. Sin embargo, cada vez más expertos del sector energético ponen en cuestión este futuro documento que está preparando el regulador. El motivo es un posible conflicto de interés por parte de la CNMC, y que recientemente Red Eléctrica y el Partido Popular (PP) han acentuado tras señalarles como responsables del fallo eléctrico.

Este informe, que la CNMC espera tener listo a comienzos del próximo año, será una referencia clave para que los tribunales decidan quién fue el responsable del apagón de diez horas ocurrido en España: las compañías eléctricas (Iberdrola, Endesa y Naturgy) o el operador del sistema, Red Eléctrica. Durante los últimos meses, las dos partes han defendido con vehemencia su postura, ya que hay cientos de millones de euros en juego en posibles reclamaciones.

El Gobierno y la CNMC han tratado de pasar de puntillas sobre el incidente y ver desde la barrera el enfrentamiento entre el gestor y las energéticas. El Ejecutivo, a través de un comité que creó sobre el apagón, repartió las culpas de lo sucedido entre Red Eléctrica y las energéticas. Una conclusión que criticaron ambas y a la que respondieron con informes propios. En las últimas semanas, se ha puesto el foco sobre la CNMC. «El regulador estaba oculto, de lado, y ahora lo han sacado a bailar», indican a este periódico expertos energéticos.

La crítica de Red Eléctrica

Red Eléctrica fue la primera en disparar públicamente al regulador. A principios de octubre, el gestor, en un documento enviado a la CNMC para pedir modificaciones urgentes en la operación del sistema por el riesgo de otro apagón, recordó que el pasado 12 de junio (45 días después del apagón), el regulador modificó procedimientos de operación clave que llevaba tiempo pidiendo para evitar apagones. El operador del sistema expresó en ese documento que si se hubiesen tomado en cuenta sus sugerencias podría no haber habido apagón, algo que comparten voces autorizadas del sector energético, que no excusan la gestión de Red Eléctrica.

«Cabe recordar que en la actualidad, bajo la aplicación del P.O.7.4 aprobado mediante Resolución de 12 de junio de 2025 de la CNMC por el que se modifican los procedimientos de operación para el desarrollo de un servicio de control de tensión en el sistema eléctrico peninsular español, ya se está llevando a cabo el proceso de habilitación de las instalaciones de generación para que regulen tensión de manera dinámica en respuesta a las consignas del operador del sistema, lo que contribuirá a mejorar significativamente la seguridad del sistema y en particular, la rápida respuesta de las instalaciones», señaló el documento.

El PP acusa a la CNMC

El pasado jueves, la senadora del Partido Popular, Carmen Riolobos, llevó a cabo un interrogatorio incisivo contra la directora de Energía del regulador, Rocío Prieto. La senadora recordó que «el procedimiento clave para controlar la tensión (P.O.7.4) no se había actualizado de forma sustancial desde el año 2000, y que los Criterios Generales de protección en vigor el día del apagón databan de 1995. Preguntó directamente si la CNMC era consciente de esa obsolescencia y por qué no se actuó antes, recordando que REE había solicitado formalmente su revisión desde 2020».

Por otro lado, señaló que «la CNMC había advertido públicamente en enero de 2025 del alto riesgo de apagón por problemas de tensión y caída de demanda, sin que ello se tradujera en medidas regulatorias urgentes. Además, se recordaron varios incidentes graves —como los registrados en Chamartín, Cartagena y Almaraz— producidos en las semanas previas al colapso, así como datos preocupantes de oscilaciones y desconexiones por sobretensión, cuya gravedad, según la senadora, no despertó la reacción que exigía el riesgo real».

Por último, desde el PP se afirmó que «uno de los ejes del interrogatorio fue la ausencia de actividad inspectora. La CNMC no habría hecho auditorías específicas ni aplicado sanciones por incumplimientos en control de tensión antes del 28 de abril, ni habría verificado las acreditaciones técnicas de las centrales que podrían haber contribuido al fallo en cascada. La falta de control sobre la generación distribuida —más de 65.000 puntos opacos para el regulador— fue señalada como un agujero regulatorio que pudo amplificar el impacto del apagón».