Hacienda abre ahora la puerta a las pequeñas petroleras tras vetarlas durante un año
Solo en los dos primeros meses de este año ya se han concedido los mismos títulos que en todo 2025
La vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. | EP
El Ministerio de Hacienda ha dado en los últimos días (el pasado 28 de febrero y este 5 de marzo) dos títulos de Redef —el mecanismo clave que permite a las empresas sacar el producto de un depósito fiscal para venderlo a las gasolineras— a dos compañías. De esta forma, solo en los dos primeros meses de este año ya se han concedido los mismos títulos que en todo 2025. Un año en el que además se han llevado a cabo 13 inhabilitaciones de operadoras.
Fuentes conocedoras señalan que Hacienda decidió reducir la entrega de Redef (Registro de Extractores de Depósitos Fiscales) como medida de contención por el fraude de hidrocarburos, que ha provocado un agujero de cientos de millones de euros por el impago del IVA (impuesto sobre el valor añadido). Esto se acentuó en 2023, después de que precisamente el Redef, una medida impulsada por Hacienda, crease este mecanismo para controlar a todas las empresas del sector y evitar así el fraude. El problema es que, al mismo tiempo, Hacienda les dio el poder a todas las compañías de la cadena para extraer combustible del depósito fiscal, lo que facilitó a muchas empresas cometer el fraude ese año.
En los últimos años, este periódico ha podido constatar el enfado de las empresas que querían entrar en el negocio de la comercialización al por mayor de hidrocarburos por los retrasos y las denegaciones que la Agencia Tributaria imponía con respecto a sus solicitudes. «Trámites eternos, mucha burocracia y tiempo de espera infinito», señalan algunas fuentes. Lo que abre un escenario hipotético por responsabilidad patrimonial para los encargados de esta gestión.
Uno de los requisitos más polémicos es el de «fondos propios». Para algunos es una «cuestión de interpretación porque la norma establece que se requieren tres millones de euros afectos a la actividad, y esa frase es muy ambigua». Otras voces apuntan a que esos tres millones «no son fondos propios generales, sino fondos propios vinculados a la actividad de distribución al por mayor. El Ministerio exige por eso que esté en el capital social desembolsado y que la empresa acredite que solo se va a dedicar a la comercialización al por mayor porque fondos propios construidos con reservas e inversiones no lo aceptan».
En ese largo recorrido hasta lograr el Redef —que hasta hace unos meses era un título deseado por muchos— existe el miedo a que se archive el expediente por incumplir alguna condición. La razón de este temor no es otra que esa empresa tendría que comenzar el proceso de nuevo, con nuevas actualizaciones requeridas. Sin embargo, este título ha dejado de ser interesante en este sector porque una norma aprobada a principios de febrero ya no asegura una actividad económica en la compraventa de combustible a las estaciones de servicio.
La causa de esto último se remonta a una normativa que se puso en marcha el 1 de febrero, según la cual el Ministerio de Hacienda ha limitado a un selecto grupo de ocho «operadoras confiables» la venta de combustible a las estaciones de servicio y a los transportistas. El resto de operadoras —medio centenar— tiene que conseguir un aval o seguro de caución del 110% de la cuota de IVA de los dos últimos meses. Un reto «imposible» para la gran mayoría. «Con este obstáculo acabo vendiendo fuera del depósito a un precio mayor que las confiables, y eso es competencia desleal», argumentan desde el sector.
Paralelamente a este complejo escenario para las que tienen el título de Redef, Hacienda ha abierto el grifo de dar permisos para participar en este mercado a nuevos actores. No obstante, las condiciones han cambiado drásticamente. Este medio ha podido comprobar que muchos de los que están a la espera de este título ya no lo quieren por su falta de músculo financiero con las nuevas reglas.
Hacienda, tras comprobar la exigencia de sus requisitos para lograr ser «confiable», trató de rectificar hace unos días con el Real Decreto 2/2026, pero fue rechazado por el Congreso de los Diputados, por lo que solo ocho empresas tienen autorización desde febrero para vender combustible a las gasolineras. Una situación que, según fuentes del sector, va a generar un oligopolio y una subida en los precios para el consumidor final.