El Gobierno busca fórmulas para limitar la inversión exterior de las empresas españolas
El Ejecutivo pretende reducir la fuga de capitales con la excusa de que no se puede invertir en cualquier sitio
Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa. | Ricardo Rubio, Europa Press.
El Gobierno busca opciones que permitan controlar no solo la entrada de capital extranjero -como lo hace actualmente el escudo antiopas- sino también las inversiones realizadas por empresas españolas en el exterior. Según ha podido confirmar THE OBJECTIVE, el Ministerio de Economía lleva meses trabajando en una fórmula con la que puedan blindar el capital saliente y que encaje en la normativa comunitaria y con proyectos similares en países de nuestro entorno.
Una normativa de control de inversiones salientes tendría la misma justificación que el escudo antiopas: la protección de las empresas estratégicas y las infraestructuras clave para la economía española en un momento de constante ebullición internacional y con el riesgo creciente de guerras y conflictos que puedan afectar a la Unión Europea y sus Estados miembro. No es lo mismo invertir en un país en conflicto como Rusia que hacerlo en el bloque comunitario, así como tampoco lo es si se mueven infraestructuras estratégicas como redes de fibra óptica y centros de datos o si lo hacen en sectores como la distribución.
Para este control están abiertas todas las posibilidades -aunque todavía no se concreta ninguna-, desde un mayor control de las exportaciones (referido a materiales y materias primas críticas) hasta la inversión en países o empresas que puedan generar un riesgo de seguridad o la posibilidad de controlar las ayudas públicas a las inversiones salientes.
Inversiones en el exterior
Esto supondría crear un listado de sectores estratégicos que no sería muy diferente al del escudo antiopas, afectando a telecomunicaciones, defensa, empresas digitales, infraestructuras y energía. La inversión de las empresas españolas en el extranjero llegó a los 18.655 millones de euros en 2023, un retroceso del 43% interanual, aunque en el primer trimestre de este año se remontó a los 5.439 millones, un 30% más.
Fuentes del sector empresarial apuntan a que se trata de una respuesta a casos como el de Ferrovial, que hace más de un año decidió mudar su sede social a Países Bajos para tener más fácil cotizar en Estados Unidos, generando un fuerte rechazo del Gobierno. Del mismo modo, consideran que estamos ante un blindaje en previsión de posibles movimientos que las grandes empresas puedan tomar frente a la constante subida de impuestos, como la recién anunciada a las grandes fortunas por Pedro Sánchez en el comienzo del curso político.
Mientras tanto, en Moncloa y en el Ministerio de Economía consideran que está creciendo el debate a nivel europeo e internacional sobre la opción de establecer medidas que mitiguen riesgos relacionados con la inversión saliente, es decir, la inversión realizada por los inversores de un país en el extranjero. Desde esta perspectiva, no se trata de vetar per sé inversiones en el exterior, sino de establecer un filtro en el que el Gobierno tenga la última palabra en grandes inversiones de empresas españolas estratégicas en el exterior.
Normativa europea
En el último Informe de Inversiones Extranjeras de la Secretaría de Estado de Comercio, ya se deslizaba esta posibilidad y se justificaba con los movimientos que ya se están produciendo en Estados Unidos y en el mundo. En el documento se indicaba que, en agosto de 2023, el presidente Joe Biden emitió una orden ejecutiva para regular inversiones estadounidenses en sectores como los semiconductores, la microelectrónica y la IA en países que puedan presentar problemas para la seguridad nacional.
Del mismo modo, en julio de 2023 se formó en la Unión Europea un grupo de expertos sobre inversiones salientes que determinó la necesidad de un análisis más profundo por parte de la Comisión Europea y los Estados miembro para determinar si es necesario introducir medidas para mitigar riesgos de inversiones salientes. Se propuso un procedimiento de consulta que sigue sin ponerse en marcha.
En el Gobierno no quieren avanzar en una normativa que no esté en línea con la Unión Europea, pero son conscientes de que los plazos que se manejan en el bloque comunitario podrían dilatar en el tiempo una acción concreta. Por ello, respetando los preceptos de la UE, no se descarta que puedan dar pasos en la dirección de este control de inversiones salientes antes de que se mueva ficha en Bruselas.
Fuga de inversiones
Por otro lado, el aumento de la presión tributaria sobre las grandes empresas y las grandes fortunas sumada a las constantes críticas de los miembros del Gobierno, tanto del PSOE como de Sumar, al tejido productivo han generado un caldo de cultivo por el que las empresas han avisado públicamente y en privado que, si este clima va a más, podrían frenar sus inversiones. De hecho, grandes corporaciones ya han valorado llevar sus inversiones fuera de España.
Pedro Sánchez ha vuelto a comenzar el curso político poniendo a las empresas y a las grandes fortunas en el punto de mira, con lo que por tercer año consecutivo la economía de las empresas y de las fortunas volverá a estar marcada por cambios fiscales. En 2022, se comenzó a discutir el impuesto extraordinario a la banca y a las eléctricas que finalmente se aprobó a finales de este año y en paralelo se aprobó también el impuesto a la solidaridad de las grandes fortunas, cuya primera liquidación fue en 2023. En el caso de la banca y de las energéticas, era un impuesto temporal por dos años, pero luego se ha prorrogado indefinidamente.
A esto hay que sumar otros dos impuestos aprobados desde 2020: el de los servicios digitales y el de las transacciones financieras. Los dos siguen en vigor. También se ha avanzado en la transposición de la directiva por la que se establece un nivel mínimo de imposición del 15% para los grandes grupos multinacionales dentro de la Unión Europa, al mismo tiempo que se han puesto de marcha una serie de políticas laborales como las constantes subidas del salario mínimo o la reducción de la jornada laboral, que se seguirá negociando este curso.
