España sigue sin adjudicar 111.000 millones de euros de fondos UE y solo quedan 16 meses

España sigue con una ejecución de los fondos europeos Next Generation que le impedirá cumplir con los plazos de la Unión Europea si no acelera el paso en los próximos meses. Los datos actualizados por la plataforma Elisa, creada por el Ministerio de Economía, son desalentadores e indican que al cerrar el mes de abril apenas se habían resuelto convocatorias por valor de 51.335 millones de euros. Esto supone que –según el análisis de THE OBJECTIVE– quedan por asignar al menos el 68,5% de todo el montante que le corresponde a nuestro país en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y solo quedan 16 meses para repartirlo.

Cuando ya se han cumplido 88 meses del comienzo del plan, apenas se han resuelto convocatorias equivalentes al 31,5% de los recursos o, lo que es lo mismo, quedan sin asignar 111.645 millones de euros. Si analizamos la evolución temporal, vemos que en abril se produjo un leve acelerón con la adjudicación de 1.868 millones -similar a los 1.871 millones que se licitaron en todo el primer trimestre del año– pero el avance global es escaso. Si al finalizar marzo el reparto era del 70%, apenas se ha recortado en un punto y medio en el último mes.

Y los problemas siguen siendo los mismos que han afectado a todo el proceso desde el comienzo del Plan de Recuperación hace ya cuatro años: convocatorias mal diseñadas sin tomar en cuenta las necesidades de las autonomías y de las empresas; excesiva burocracia; lentitud en el reparto hacia las regiones y a las entidades locales; y un exceso de condicionantes para recibir los fondos europeos. Unas dificultades endémicas que –dicen los expertos– ya no dan margen de maniobra para acelerar los procesos.

Se acaba el plazo

Estos números indican que se tendrían que adjudicar al menos 6.977 millones cada mes hasta agosto del próximo año para cumplir con los objetivos y el plazo estipulado por Bruselas. Los datos de abril también indican que actualmente hay 78.115 millones en convocatorias, es decir, recursos que potencialmente pueden repartirse en los próximos meses, solamente el 47,9% de todo lo disponible. Al cerrar marzo, el dinero en de alguna licitación era de 76.800 millones, el 47,1%. Un avance de menos de un punto porcentual en treinta días.

A todas luces, las cifras todavía son claramente insuficientes si consideramos que en agosto del próximo año expira el plazo para gastar los fondos europeos Next Generation. Si no se adjudican para esa fecha, el dinero se tendrá que devolver a las autoridades comunitarias, lo que obliga al Gobierno a explorar dos caminos: o pedir una prórroga junto con el resto de los países de la Unión Europea, o buscar fórmulas para mantener los recursos en las arcas españolas y asignarlos sin que existan convocatorias en marcha.

Lo que parece claro es que con el actual nivel de adjudicación no se cumplirán los plazos. «Lo que no se ha hecho en cuatro años no se va a hacer en un año y medio», indican a este diario economistas que hacen seguimiento de los fondos europeos. Del mismo modo, en el entorno comunitario parece claro que no se aceptarán prórrogas, lo que obliga al Ejecutivo a mover ficha. Este diario ya ha explicado que una de las fórmulas que se barajan es utilizar empresas y entidades públicas para canalizar estos recursos.

Fondos de la Adenda

Ante los problemas para gastar y adjudicar los recursos, el Gobierno prevé utilizar la Adenda del Plan de Recuperación –que reparte 84.000 millones de los Next Generation en forma de créditos–, pero que hasta la fecha no están en ninguna convocatoria. Esta herramienta entrega la gestión de los fondos a entidades públicas como el Instituto de Crédito Oficial (ICO) que son las que deben repartir el dinero y asegurarse de que se devuelva.

En este sentido, el Ejecutivo cree que utilizando, además del ICO, al Fondo de Resiliencia Autonómico, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Cofides o Sepides se podría consignar el remanente –sin utilizar el dinero– antes de que expire el plazo. Moncloa y el Ministerio de Hacienda están convencidos de que firmando algún tipo de compromiso se aseguraría el préstamo antes de que se lance en alguna convocatoria y así se daría por cumplido el objetivo comunitario. Un plan al que –en principio– Bruselas no se opondría.

El Plan de Recuperación y Resiliencia indica que España recibirá 79.000 millones en ayudas directas y otros 89.000 millones en préstamos a bajo interés a través de la mencionada Adenda. En el primero de los casos, el dinero deberá estar ya desplegándose en proyectos concretos antes del 31 de agosto del próximo año, y en cuanto a los créditos, deberán estar comprometidos, aunque su devolución se podrá hacer después de esta fecha. La clave estará en ver cuál es límite que establece Bruselas para considerar este último montante como invertido: si se puede incluir en un fondo de crédito público o si será necesario que esté adjudicado en alguna convocatoria.

Datos de la IGAE

Con todo, los expertos consultados indican que las cifras de Elisa tampoco son fiables y que estos 51.334 millones no necesariamente son equivalentes al dinero que está llegando al tejido productivo. En este dato la administración no incluye ayudas devueltas porque no se han ejecutado los proyectos ni las convocatorias recurridas, ni los recursos que no se entregaron a su destinatario final. Una cifra en la que sí se incluyen fondos adjudicados a entidades públicas o a autonomías, que no se sabe si -a su vez- los han repartido.

Las cifras de la Intervención de la Administración General del Estado (IGAE) indican que hasta el 31 de marzo se han hecho pagos por valor de 42.260 millones en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Esto indica que apenas han salido del Tesoro desembolsos equivalentes al 25% de todos los fondos europeos Next Generation adjudicados. En todo caso, tampoco existe certeza de que este apunte contable del Ministerio de Hacienda en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) sea sinónimo de que el montante llegue a su destinatario final.