España solo ha repartido el 26% de los fondos UE tras cuatro años del plan de recuperación

Los fondos europeos Next Generation cumplen esta semana cuatro años desde que la Comisión Europea autorizó el desembolso de 163.000 millones de euros para España en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Cuatro años en los que el balance sigue siendo pobre y con serias dificultades para que el dinero llegue a su destinatario final. De hecho, solo el 26% del montante total consignado ha salido de las arcas del Ministerio de Hacienda, según el análisis hecho por THE OBJECTIVE, cuando quedan 16 meses para que expire el plazo para gastar los recursos.

Son datos que hacen que el optimismo del Gobierno respecto de la ejecución de los fondos europeos vaya decayendo. De la «velocidad de crucero»· de Nadia Calviño de hace dos años hemos pasado a un silencio sepulcral del Ministerio de Economía, que no ha recordado la efeméride ni tampoco se ha referido a los datos más recientes en la rueda de prensa del Consejo de Ministros de esta semana. “Las cifras no son buenas”, reconocen desde el Ejecutivo, aunque también advierten que con la oleada de casos de corrupción que cercan al PSOE no tiene demasiado sentido hablar de datos económicos.

En cualquier caso, los datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) son claros e indican que hasta el mes de abril -último informe de ejecución presupuestaria- se han hecho pagos en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia por valor de 540,9 millones de euros. Esto supone que en los cuatro años de ejecución del plan, hasta la fecha solo han salido del Tesoro 41.751 millones, lo que significa que todavía faltan 121.240 millones de euros. Y el plazo expira en agosto de 2026.

Adjudicación de fondos UE

Este diario ha venido advirtiendo desde 2021 de las dificultades que ha tenido el plan para hacer llegar el dinero a los destinatarios y este dato de la IGAE ha sido uno de los más reveladores a falta de conocer cifras oficiales de ejecución. Consecutivamente se han incumplido los montantes consignados en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), quedando importantes partidas por gastar. En 2021 se pagó el 45,5% comprometido, en 2022 fue el 39,6%, en 2023 el 27,3% y en 2024 el 26,6%. Los recursos que no se gastan se vuelven a consignar al año siguiente y así sucesivamente.

Por otro lado, desde hace un año el Gobierno puso en marcha la plataforma Elisa con la que hace un seguimiento mensual de las adjudicaciones que se van resolviendo en las diferentes administraciones con dinero de los fondos europeos. Un indicador que tampoco arroja cifras demasiado alentadoras. Tal como publicó este diario, la última actualización indica que solo se han adjudicado hasta el 30 de abril 51.355 millones de euros, el 31,5% de los 163.000 millones disponibles.

Esto supone -según las cifras centralizadas de subvenciones- que quedarían por adjudicar nada menos que 111.000 millones y solo faltan 16 meses para hacerlo. Otra cifra preocupante es que actualmente hay solo 78.115 millones de euros en alguna licitación, es decir apenas el 47% del total, un dato que además se encuentra prácticamente estancado desde el comienzo del año y que refleja que no se están produciendo nuevas convocatorias para adjudicar los recursos comprometidos.

Desembolsos de Hacienda

El problema -coinciden los economistas consultados por este diario- es que los créditos contenidos en la Adenda del Plan de Recuperación no están llegando a las convocatorias. El plan indica que se conceden 79.000 millones en ayudas y otros 83.000 en créditos blandos y las cifras indican que las primeras están prácticamente en todas las licitaciones, pero el resto ni están ni se les esperan.

En cualquier caso, diferentes fuentes confirman a este diario que el dato de adjudicación no es sinónimo de ejecución de los fondos. Es verdad que refleja las convocatorias resueltas, pero no incluye el dinero que efectivamente ha llegado a su destinatario final, ya sea por tardanzas en procesos administrativos, recursos a las convocatorias o devolución del dinero por parte del beneficiario. De hecho, la diferencia de 10.000 millones entre lo desembolsado por el Ministerio de Hacienda y las convocatorias resueltas es un síntoma de que el proceso va aún más lento de lo que indican estos números.

En esta línea, las distancias crecen con el resto de la Unión Europea. Si España fue uno de los primeros en empezar la adjudicación de los fondos en 2021, cuatro años después se ha quedado rezagado. Los datos de Eurostat indican que al cerrar 2024 solo se habían gastado 32.000 millones, apenas el 19% del dinero que se concedió a España en ayudas y créditos blandos. Un dato que nos deja por debajo de la media del continente y muy lejos de quienes lideran el ranking con cifras por encima del 70% como Países Bajos, Francia y Dinamarca.

Adenda del Plan de Recuperación

Una situación que ha despertado la inquietud de organismos como el Banco de España. En su último informe presentado hace una semana, ha instado a las diferentes administraciones a acelerar la adjudicación de los fondos para no tener que devolver el dinero. Por su parte, BBVA Research indica que sería necesario aumentar la ejecución en un 29% respecto al ritmo actual; de lo contrario no se llegará a tiempo para cumplir con los plazos estipulados. Otros economistas indican a este diario que será imposible que se cumplan los plazos para gastar los 163.000 millones comprometidos.

Y es que el gran cuello de botella sigue siendo saber qué pasará con los 84.000 millones de créditos blandos. Hasta la fecha no solo no están en convocatorias, sino que tampoco se han diseñado programas concretos para su reparto y no hay un gran apetito de las empresas por optar a ellos. En esta línea, una de las fórmulas que baraja el Gobierno es utilizar empresas y entidades públicas para canalizar estos recursos. La idea es usar el Instituto de Crédito Oficial (ICO), la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Cofides o Sepides para consignar estos remanentes –sin utilizar el dinero– antes de que expire el plazo.

El Ministerio de Hacienda cree que si se firman compromisos sobre estos préstamos antes de que se lance en alguna convocatoria se daría por cumplido el objetivo comunitario. La norma dice que el dinero de las ayudas de los fondos Next Generation deberá estar ya desplegándose en proyectos concretos antes del 31 de agosto del próximo año, y en cuanto a los créditos, deberán estar comprometidos, aunque su devolución se podrá hacer después de esta fecha.  Todo dependerá de cuál es límite que establece Bruselas para apuntar la inversión: si se puede incluir en un fondo de crédito público o si será necesario que esté adjudicado en una convocatoria.