La productividad por hora trabajada en España ya es un 14% inferior a la media europea
Según los expertos consultados por TO, la sobrerregulación está contribuyendo al descenso del atractivo inversor
Fábrica General Dinamics en Trubia, Asturias (España). | Europa Press
España fue el país de la Unión Europea donde más creció el PIB en 2024. Ahora, los organismos nacionales e internacionales barajan lo mismo para el año 2025 y 2026. Sin embargo, una cosa es cómo se comporta el producto interior bruto, y otra muy distinta cuál es el grado de productividad de nuestros trabajadores.
Un dato que dista de las buenas referencias económicas, pues la productividad por hora trabajada en España es hoy un 14% inferior a la media de la Unión Europea –destaca el abogado y experto en políticas públicas, Alex Cortés Fernández–. «Poniendo así en duda la sostenibilidad de estas buenas cifras, sin acometer más reformas estructurales, y teniendo en cuenta que estamos metidos en un serio debate que afecta a la reducción de jornada laboral».
El último informe del economista Javier Santacruz Cano, para los gestores administrativos, también pone el foco en la caída sostenida de la productividad por trabajador. Una caída que se remonta a 2008, y cuyo deterioro en el volumen de ventas por empleado ha sido manifiestamente palpable en los últimos seis trimestres, especialmente entre las empresas más vulnerables.
Recuerda Santacruz, en este sentido, que el 90% del tejido productivo de nuestro país lo conforman microempresas y pymes con una rentabilidad muy limitada, baja productividad y escasa capacidad de inversión. Y de ahí que nos encontremos con una caída sostenida de la productividad por trabajador desde 2008, mientras que los costes laborales han aumentado. De modo que hoy «las empresas sobreviven, pero no crecen, no invierten y, en muchos casos, ni siquiera compensan el coste de su deuda», subraya el economista.
La moderación de las exportaciones
Alex Cortés, especializado también en análisis e impacto regulatorio, se detiene en otra asignatura que, a su parecer, está dando muestras de debilidad, como uno de esos indicadores anticipatorios. Hace hincapié en nuestras exportaciones, «mostrando, una moderación creciente que nos debería preocupar, pues, tras un récord en 2022, el sector cerró 2023 con una caída del 1,4 %, y aunque en 2024 creció un discreto 0,2 % en valor, en unidades reales registró una contracción del 1,5 %». «La recuperación registrada en el primer trimestre de 2025, «no ha compensado el deterioro de fondo, porque además –añade–, la fortaleza exportadora de España se enfrenta a crecientes costes energéticos y regulatorios».
Pero las exportaciones y la productividad no son los únicos ingredientes que preocupan a este economista-consultor. Opina que, «la consecuencia de la falta de un marco regulatorio estable, que se suma a la actual parálisis legislativa en el Congreso por falta de mayorías estable, lo que da lugar a que no contemos con unos Presupuestos Generales, hace también que se perciba un escenario de incertidumbre de potencial riesgo para los inversores».
«Otros ejemplos que justifica esta afirmación –remarca Cortés a THE OBJECTIVE– es que según una encuesta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el 47,8 % de las empresas españolas percibe la regulación como un obstáculo importante para la inversión a largo plazo (frente al 26 % de la media europea). Entre las pymes, este porcentaje llega hasta el 63 %», aclara.
Perdida de posiciones
Un impacto que también preocupa al director del Instituto de Estudios Económicos, Gregorio Izquierdo, y, a la técnica economista de la misma entidad, María Higuera, tal y como recoge un estudio monográfico. En dicho estudio, los dos expertos en economía coinciden en afirmar que un marco regulatorio e institucional que promueva una normativa «estable y predecible» y garantice la seguridad jurídica es algo clave para el crecimiento empresarial».
La sobrerregulación –retoma Cortés Fernández– perjudica la productividad, la libre competencia y puede incluso desincentivar la innovación y contratación, como ya vienen publicando el Instituto de Estudios Económicos (IEE) y Kearney, advirtiendo de que, «el deterioro del entorno regulatorio –junto con la inseguridad jurídica y la falta de incentivos fiscales– ha provocado una pérdida de posiciones en el ranking de confianza entre inversores, contribuyendo así al descenso en la atracción de inversión extranjera».
El presidente de la Asociación Empresarial de Gestores y Gestorías Administrativas, Fernando Santiago Ollero, se une a esta corriente de pensamiento. Para Santiago, la situación de la economía española es especialmente preocupante para las empresas, con un escenario dominado por «una sobrerregulación creciente, una fiscalidad cada vez más asfixiante y una Administración desconectada de la realidad de las empresas». Y, con un componente añadido que no cesa –afirma–, y es que «las reformas impositivas siguen gravando más al que emprende, las decisiones sobre jornadas, salarios o cotizaciones se adoptan sin consultar a quienes las sufren, y lo más hiriente, quienes debían defendernos han permanecido en silencio».