España es el único país que no ha enviado aún sus previsiones presupuestarias a Bruselas

A estas alturas del año, España es el único país de la Unión Europea que no ha enviado aún las previsiones presupuestarias. Así lo ha denunciado en la Eurocámara la eurodiputada del Partido Popular Isabel Benjumea, en una jornada en la que el Parlamento ha votado a favor de sus presupuestos de 2026 con los apoyos de populares, socialdemócratas, liberales y verdes, y con la oposición de formaciones como Vox, dentro del grupo de Patriotas por Europa, y Left, que representa a la izquierda más radical.

Es una paradoja en el caso del PSOE, subraya Benjumea a THE OBJECTIVE, porque se trata de un partido y de un Gobierno —el de Pedro Sánchez— que en Europa sí se ha atrevido a votar este miércoles a favor de los próximos presupuestos, mientras que es «incapaz de presentar a las instituciones europeas sus previsiones presupuestarias y tampoco consigue aprobar unas nuevas cuentas públicas». Algo que no hace —señala la eurodiputada del PP y miembro de la Comisión de Presupuestos Europeos del Parlamento en Bruselas— «desde la anterior legislatura, concretamente, desde 2023».

De momento, el Gobierno ya ha incumplido la fecha para presentar al Congreso de los Diputados el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Tampoco ha presentado ni sometido a votación, pese los numerosos anuncios del Ejecutivo, el techo de gasto ni los objetivos de déficit y de deuda pública. Pedro Sánchez ha prometido la entrega de los PGE de 2026 antes de finalizar el año, aunque también ha señalado que no considera crucial su aprobación.

Los intereses de la deuda de los Next

Tras la votación de la Eurocámara, según fuentes europeas, se dan los pasos para que en el mes de noviembre se reúnan con el Consejo y la Comisión, que acaban de aprobar antes sus posiciones con respecto al presupuesto de 2026. Se espera que se cierre un acuerdo con el que se convaliden las cuentas.

Son presupuestos que, a pesar de las previsiones iniciales de 2021, tendrán que hacer frente a los intereses de la deuda de los fondos Next Generation, que se han duplicado. Su carga será mayor para todos los Estados miembros, detrayendo dinero para otras partidas como el programa Erasmus.

Beneficio para España

Durante el debate presupuestario de este miércoles, la eurodiputada del PP Isabel Benjumea recordó que «el Presupuesto es el origen y la razón de la existencia de un parlamento, pues es el acto legislativo democrático por excelencia». «Supone la plasmación concreta de las prioridades políticas, de las respuestas a los retos y de las soluciones a los problemas», por lo que ha criticado «la ausencia de presupuestos en España. Una triste excepción que el PP se ve en la obligación de denunciar».

Sobre la propuesta para el presupuesto de la UE para el año próximo, Benjumea asegura que el PP es «consciente de la limitación presupuestaria que supone el pago de los intereses de los fondos de recuperación, pero, aun así, el presupuesto aprobado responde a las grandes prioridades de Europa y de España».

Además, y en su opinión, España será beneficiada por muchos de los programas elaborados por el Parlamento Europeo de cara a los nuevos Presupuestos de 2026. Programas como los que afectan a la política de cohesión, ayudas a jóvenes agricultores y al sector del vino, la defensa de las fronteras y Erasmus+. También se ha incluido un aumento de tres millones de euros al Posei, el programa que aborda la ayuda a las regiones ultraperiféricas, además de una defensa expresa de las familias, sobre todo de aquellas con hijos y personas dependientes a su cargo.

El PP lleva al Constitucional la falta de PGE

Este miércoles, el PP hizo uso de su mayoría absoluta en el Senado para sacar adelante un conflicto de atribuciones con el Gobierno que podría acabar en última instancia en el Tribunal Constitucional (TC). La medida busca obligar al Ministerio de Hacienda a presentar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2026 ante las Cortes. Lo hizo tras un debate bronco, con reproches cruzados entre PP y PSOE a cuenta de las polémicas judiciales del Gobierno o la falta de Presupuestos en comunidades populares.

A partir de ahora, el Ejecutivo tiene un mes para contestar desde que recibe el planteamiento del conflicto de atribuciones, aunque también tiene la posibilidad de no contestar y darlo por sustanciado. En ese caso, o si la respuesta es negativa, el Senado decidirá si eleva el asunto al Tribunal Constitucional.