El sector público y sus empresas se han quedado con la mitad de los fondos UE

Poco más de la mitad de los fondos europeos Next Generation adjudicados hasta la fecha se han repartido entre el sector público y sus empresas vinculadas, según los datos a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Una cifra que confirma que los grandes beneficiarios han sido ministerios, autonomías, ayuntamientos y organismos dependientes del Estado, y no el tejido empresarial y productivo que —en teoría— eran el gran objetivo del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia cuando se puso en marcha hace cuatro años.

La herramienta Elisa indica en su última actualización que hasta el 30 de septiembre se han adjudicado unos 58.700 millones de euros. De ellos, al menos 30.000 habrían ido a parar íntegramente al sector público en diferentes programas que incluyen infraestructuras ferroviarias, obras públicas viales e hídricas, rehabilitación de edificios públicos, planes de control de las emisiones en las grandes urbes, gestión de residuos y mejora de la administración digital.

En su discurso oficial, el Gobierno insiste en que los fondos europeos está llegando a las empresas y al tejido productivo, aunque en realidad el grueso se ha adjudicado a entidades, administraciones y empresas públicas o participadas por el Estado y el resto se ha repartido entre pymes, dejando un margen muy pequeño para las grandes empresas y los proyectos de transformación, Perte, que prometió el Ejecutivo cuando lanzó en 2021 el Plan de Recuperación.

Fondos europeos ‘públicos’

El detalle de los 100 mayores beneficiarios de los fondos europeos Next Generation (actualizada a 31 de octubre) es ilustrativo respecto del enorme peso estatal en el reparto. Este listado incluye ayudas por valor de 26.049 millones de euros, de las que 22.600 millones han ido a parar a algún tipo de entidad pública, y solo 3.500 millones a las privadas. Esto supone que el 87% de las entidades que han recibido más de 60 millones tienen alguna vinculación pública. Solo con estos datos, el Estado copa el 40% de todas las ayudas entregadas.

Un listado liderado por Adif, el gestor ferroviario que este año ha tenido que afrontar retrasos de trenes por el desgaste de sus infraestructuras. En total, ha recibido 5.876 millones: la mitad para la gestión de los cercanías, la larga y media distancia y la otra mitad exclusivamente para la alta velocidad. Le sigue la empresa propiedad de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Tragsa, con 1.653 millones; la Generalitat de Cataluña con 1.073; el Ministerio de Transportes con 819; el Ministerio para la Transformación Digital con 723; la Generalitat Valenciana con 524; y el Ministerio de Defensa con 515 millones.

La primera empresa privada en este listado es Telefónica con 816 millones entregados a dos de sus sociedades (Telefónica de España y Telefónica Móviles), aunque es parte del holding de la SEPI, ya que el Estado es uno de sus tres mayores accionistas con un 10% del capital. La operadora comparte el top 20 de los mayores beneficiarios de fondos europeos Next Generation con la Comunidad de Madrid (477 millones); Ineco (459); la Junta de Castilla y León (389); la Junta de Andalucía (339); la pública que gestiona el patrimonio del Estado, Segipsa (325); Acuaes (323); el Ministerio para la Transición Ecológica (319); y el CSIC (317 millones).

Grandes beneficiarios

En la lista de organismos públicos beneficiados también encontramos a la empresa de infraestructuras de la Generalitat (300 millones); la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (287); el Ministerio de Agricultura; el instituto de ciberseguridad, Incibe (275); el Canal de Isabel II de la Comunidad de Madrid (239); Renfe (233); el Ayuntamiento de Madrid (225); la EMT de Madrid (214); el Ministerio del Interior (190); la Xunta de Galicia (185); el SEPE (152); el Ministerio de Sanidad (149); la Autoridad Portuaria de La Coruña (132); Red.es (122); y Correos (100 millones).

Esto deja poco margen para las grandes empresas que han participado en este reparto de fondos europeos, casi exclusivamente a través de Pertes como el del vehículo conectado y el del hidrógeno verde u otros programas como los ÚNICO destinados a la digitalización. En el listado de los 100 grandes beneficiarios encontramos solo a 24 compañías privadas como Moeve (332 millones); las operadoras de telecomunicaciones, Avatel (301), y Adamo (246); la sociedad vinculada con la transición energética, ETF Renato PTX (245); Iberdrola (242); el gigante de baterías de litio, Envision (200 millones); y Orange, con 182 millones.

Este reparto en el que predomina el sector público también se refleja en las convocatorias y adjudicaciones que están por debajo del umbral de los 60 millones de euros. Este diario ha podido confirmar que este patrón se repite con licitaciones a ayuntamientos y sociedades públicas vinculadas a la Administración central, pero también a la autonómica y local. En total, habría como mínimo otros 8.000 millones más adjudicados a entidades vinculadas al sector público.

Impacto de los Perte

La plataforma Elisa indica que hay 24.300 millones de fondos europeos repartidos a microempresas y pymes, 15.900 a la gran empresa, 8.990 a uniones temporales de empresas (UTE), 6.760 a fundaciones y otros 2.760 millones a hogares. Aunque todos estos parámetros están salpicados por la participación de instituciones y entidades vinculadas al sector público en diferentes programas. Y es que pese a que el destinatario final es otro, las herramientas de seguimiento hacen imposible seguir el rastro del impacto de las adjudicaciones. El Gobierno habla de 1.294.000 beneficiarios pero, por protección de datos, no da detalles de personas físicas que no son sociedades.

Hay un poco más de claridad en los Perte, donde se han repartido ya 18.000 millones de euros. Aquí el peso de las grandes empresas es importante, pero también lo es el de la industria auxiliar que da soporte a estas compañías y que incluye a miles de pymes. El Perte más activo es el del hidrógeno, que ya lleva adjudicados 5.770 millones, seguidos del Perte del vehículo conectado, con otros 2.718 millones, y el de la economía social de los cuidados, con 2.477 millones.