Moncloa endurecerá el escudo antiopas tras la norma de la UE que amplía los sectores críticos

El Gobierno español ha tomado buena nota del nuevo reglamento provisional de control de la inversión extranjera acordado a mediados de diciembre por la presidencia del Consejo Europeo y los representantes del Parlamento. Este da vía libre al endurecimiento del escudo antiopas vigente desde la pandemia. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, de cara a su revisión a finales de 2026, el Ejecutivo ya prepara una nueva prórroga a la vigilancia del capital de la UE y la ampliación a nuevos sectores del veto que le permite decidir quiénes pueden invertir en áreas estratégicas de la economía.

El Consejo y el Parlamento refrendarán el pacto provisional en los próximos días. En cuanto lo hagan, los Estados miembros tendrán 18 meses para aplicarlo. El acuerdo establece una revisión del reglamento de control de la inversión extranjera directa (IED) para reforzar la capacidad de la Unión Europea «para identificar, evaluar y abordar los riesgos que plantean determinadas inversiones extranjeras, preservando al mismo tiempo la apertura al comercio y la inversión mundiales». Es un acuerdo básico que mantiene en los Gobiernos la prerrogativa para controlarlas.

El acuerdo refuerza el sistema actual —promulgado en 2020, en plena pandemia— y establece mecanismos de control con un alcance mínimo común que todos deberán llevar a cabo todos los Estados miembros, incluyendo a empresas extranjeras a través de filiales de la UE. También se aumenta la coherencia entre los mecanismos nacionales, «reduciendo la carga administrativa para los inversores y garantizando que se analicen las posibles implicaciones transfronterizas de las inversiones extranjeras para la seguridad».

Norma de la UE

El acuerdo logra «un marco equilibrado y proporcionado, centrado en las tecnologías e infraestructuras más sensibles, respetuoso con las prerrogativas nacionales y eficiente tanto para las autoridades como para las empresas», con una novedad fundamental: la inclusión de una serie de nuevos sectores económicos y áreas sensibles sobre los que se tendrá que establecer este control de inversiones. La UE lo define como «un alcance mínimo común de los controles».

En ellos se incluyen los artículos de doble uso y equipo militar; tecnologías hipercríticas, como la inteligencia artificial, las tecnologías cuánticas y los semiconductores; materias primas críticas; entidades críticas en los sectores de la energía, el transporte y las infraestructuras digitales; infraestructuras electorales; y una lista limitada de entidades del sistema financiero, que se reduce a incluir únicamente las entidades de contrapartida central, los depositarios centrales de valores, los operadores de mercados regulados, los operadores de sistemas de pago (excluidos los bancos centrales) y las instituciones de importancia sistémica.

España aplica una normativa similar desde 2020, bastante restrictiva al compararla con la de otros países del continente. Esta otorgaría al Consejo de Ministros la prerrogativa de vetar o aprobar inversiones —no solo a extracomunitarias a través de un decreto que se incorporó de manera permanente a la ley de 2023—, sino que también al capital de la Unión Europea, mediante un decreto provisional prorrogado en tres ocasiones, la última vez hasta finales de 2026.

Escudo antiopas

El objetivo es proteger a grandes empresas en sectores estratégicos, que coticen en bolsa o no cotizadas con operaciones de inversión superiores a los 500 millones. El Gobierno interviene si la operación supera el 10% del capital, un umbral que se rebaja al 5% si es en sociedades que puedan tener alguna vinculación con el sector de la Defensa. Un escudo que ha permitido al Gobierno irrumpir en operaciones como la entrada de Vivendi y Prisa, la de los saudíes de STC en Telefónica o de los húngaros de Magyar Vagon en Talgo.

En un principio, la idea era proteger a empresas afectadas por la pandemia y evitar que cayeran en manos de fondos extranjeros especulativos. Con el tiempo se convirtió en el filtro perfecto para que Moncloa controlara las grandes operaciones empresariales planteadas en España en los últimos cinco años. Es verdad que los vetos han sido mínimos, pero este escudo antiopas ha permitido al Gobierno asegurarse la lealtad de los inversores extranjeros y establecer condiciones a medida de sus intereses.

Es así como el Gobierno prepara una actualización de su propia normativa basándose en el decreto de la UE que debería estar plenamente operativo antes de que termine el primer semestre. Como la actual prórroga expira en diciembre, todo parece indicar que en esas fechas se publicará una nueva prolongación al veto a empresas europeas e incluso algunos miembros del Ministerio de Economía piden que este bloqueo se haga permanente. El control seguirá de todas maneras y además endurecido con nuevos sectores que hasta ahora escapaban al control de Moncloa.

Nuevos sectores

La actual normativa califica de sectores estratégicos las infraestructuras críticas de energía, transporte, agua, sanidad, defensa, medios de comunicación; tecnologías críticas y de doble uso; tecnologías clave para el liderazgo y la capacitación industrial como la IA o la seguridad digital; tecnologías desarrolladas al amparo de programas y proyectos con financiación pública; suministro de insumos fundamentales; y empresas con acceso a información sensible. Teniendo en cuenta el pacto alcanzado en la UE, se deberían incluir —como mínimo— las materias primas críticas, infraestructuras electorales o determinadas entidades financieras.

Según este acuerdo, España también debería participar en la creación de una nueva base de datos compartida para prevenir la elusión y facilitar el intercambio de experiencia relevante entre autoridades; de un portal único opcional para la presentación electrónica de solicitudes de inversión extranjera (que se establecerá si al menos nueve Estados miembros lo solicitan); y en un marco común de aclaración de los factores de riesgo para la evaluación de estas operaciones.