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Macroeconomía

Los inversores dudan del 'fondo soberano' de Sánchez: «Fracasará si lo controla el Gobierno»

Los interrogantes también tienen que ver con su financiación y el carácter real de esta nueva herramienta

Los inversores dudan del ‘fondo soberano’ de Sánchez: «Fracasará si lo controla el Gobierno»

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. | Alejandro Martínez Vélez / EP

El Gobierno ha intensificado los contactos para poner en marcha el ‘fondo soberano’ que Pedro Sánchez anunció el pasado 15 de enero, pero que no pudo explicar públicamente por qué su puesta de largo coincidió con la tragedia del choque de trenes en Adamuz. Las informaciones recopiladas por THE OBJECTIVE con inversores hablan de una profunda sensación de improvisación y de muchas dudas por la independencia de este instrumento financiero —«fracasará si lo controla el Gobierno»—, pero también por los recursos que utilizará y por los sectores en los que invertirá.

Pedro Sánchez anunció la creación de este fondo —que bautizó como ‘España crece’— ante 200 inversores extranjeros en el Spain Investors Day (SID) con gran boato, pero pocos detalles. En ese momento se dijo que estaría dotado de 10.500 millones de euros provenientes de créditos de los Next Generation y que tenía como objetivo movilizar 120.000 millones de inversión nacional e internacional, privada y pública. El responsable será el Instituto Oficial de Crédito (ICO), es decir, el Ministerio de Economía, y dará prioridad a sectores como vivienda, energía, digitalización, Inteligencia Artificial, reindustrialización, economía circular, agua y saneamientos, infraestructuras y seguridad.

En las primeras reuniones —antes y después del anuncio— el Ministerio de Economía ha aportado algo más de información a los fondos, como que a los 10.500 millones de inyección inicial se sumarán 50.000 millones de endeudamiento del ICO y otros 60.000 de empresas privadas. Siempre en régimen de coinversión para proyectos españoles en sitios a los que el venture capital no está llegando y con vocación de sostenibilidad, como exige la Unión Europea (UE). Del mismo modo, se podrán sumar otros 2.800 de ayudas directas del Plan de Recuperación y Resiliencia. Respecto de plazos, la idea es estar en funcionamiento en septiembre, cuando se acabe el periodo de ejecución de los Next Generation.

Sectores de inversión

¿Y qué opina el sector? Diferentes fuentes consultadas por este diario indican que la música suena bien, ya que siempre es una buena iniciativa crear vehículos de inversión y además con el respaldo del Estado. Pero insisten en que todavía hay muchas dudas, y no solo por la operativa del fondo, sino por su propia filosofía. Muchos dudan de que realmente estemos ante una herramienta soberana al uso, ya que hasta ahora no hay ninguna pista que haga pensar en que algo parecido al Government Pension Fund Global de Noruega, al China Investment Corporation o al Abu Dhabi Investment Authority (ADIA).

Lo primero que chirría es el montante que manejará: unos 120.000 millones como máximo frente al billón de euros en activos que superan todos los grandes fondos del mundo. Lo segundo es el carácter de la herramienta, destinada solo a proyectos españoles, con recursos europeos y no de excedentes como las pensiones (caso de Noruega) o el petróleo (como los árabes). De hecho, las fuentes consultadas apuntan a que el instrumento se parece más a un ICO al uso, que cede dinero para proyectos concretos, y no a lo que debería ser un ‘soberano’.

En este sentido, analistas que siguen el mercado han transmitido a este diario sus dudas de que realmente vaya a salir adelante. Incluso alguno cree que es un «globo sonda» que el Gobierno lanzó para medir su acogida en la opinión pública, y otros. que Pedro Sánchez simplemente anunció el proyecto sin tener nada realmente atado. En cualquiera de los dos casos el efecto es el mismo: una sensación de improvisación que no ha gustado entre los inversores y que deja en mala posición la imagen de España ante los grandes fondos privados.

Independencia del fondo soberano

Las fuentes consultadas advierten además de que hay otras tres dudas técnicas. La primera es la independencia que tendrá este ‘fondo soberano‘. El hecho de que lo haya anunciado Pedro Sánchez y lo gestione el ICO, organismo dependiente de Economía, no da demasiadas esperanzas de que sea un órgano independiente. La clave de un instrumento de estas características es que tenga un órgano propio no solo desde el punto de vista de la gobernanza, sino que también en sus decisiones de inversión. Incluso los fondos árabes —controlados por los jeques— intentan mantener esta independencia, y los nórdicos lo cumplen a rajatabla.

«Fracasará si lo controla el Gobierno», ha dicho un potencial inversor que advierte que —lo que se conoce— todos sus movimientos estarán dirigidos por el Ministerio de Economía y por su ministro, Carlos Cuerpo. Aunque hay quien incluso va más allá y piensa que las verdaderas decisiones, como la eventual entrada en una empresa estratégica, se tomarán directamente desde Moncloa por el equipo de Manuel de la Rocha, y, por tanto, solamente con criterios políticos, lo que le resta toda credibilidad a la herramienta.

Fondos ‘Next Generation’

Un segundo error del que se advierte es que ya de antemano se haya dicho en qué sectores se va a invertir. En el anuncio se marcaron nueve ejes, y posteriormente se ha incidido en que la vivienda será uno de los protagonistas de las inversiones. Un fondo soberano nunca debe dar pistas, y menos decirlo antes de empezar, porque está alterando el mercado y eventualmente «sobrecalentando» estos sectores y empresas que participan en sus respectivos mercados.

Y en tercer lugar está la financiación. El Ejecutivo sostiene que todo está cerrado con Bruselas, que ha dado su plácet a esta herramienta que invertirá 10.500 millones en créditos europeos y otros 2.800 de ayudas, también de Europa. No obstante, su carácter no tiene nada que ver con la forma en la que se financian el resto de fondos soberanos del mundo. Los inversores consultados advierten que los Next Generation no se pueden usar para estos fines, lo que lleva a pensar en dos opciones: o el Gobierno llevará adelante algo para lo que no tiene autorización o hará un ICO al uso que nada tiene que ver con un instrumento como el que se plantea.

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