Los expertos de Yolanda Díaz proponen que los sindicatos controlen la gestión de las empresas

La vicepresidenta primera de Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, presentó esta semana el Informe de la Comisión Internacional de expertos sobre la Democracia en el Trabajo que encargó a la socióloga Isabelle Ferreras. En un acto con escaso eco mediático, la líder de Sumar hizo suyas las recomendaciones para que los trabajadores tengan una participación cada vez más relevante en los órganos de gobernanza de las empresas con recetas que van desde una mayor presencia en los consejos de administración hasta la propiedad de las compañías. Incluso sugieren entregar buena parte de la supervisión de la gestión a sus sindicatos.

Las fuentes empresariales consultadas por THE OBJECTIVE consideran estas recetas totalmente «inviables» y alguno se atreve incluso a calificarlas de «disparatadas». Añaden que el mero hecho de ponerlas sobre la mesa puede generar muchos anticuerpos entre los inversores, un sector en el que la desconfianza ha aumentado en el último año al calor de anuncios populistas del Gobierno en un contexto de parálisis parlamentaria.

El problema es que este informe pueda convertirse en la hoja de ruta de Yolanda Díaz para lo que queda de legislatura. Un escenario económico cada vez más politizado, con un Gobierno con escasos apoyos y con un Sumar en modo electoral que intenta sobrevivir con propuestas radicales para conectar con sus votantes más extremos. No hay temor porque realmente se pongan en marcha estas recetas, sino por el ruido que generará una ministra de Trabajo necesitada de atención y foco mediático.

Comités de empresa

El informe parte de la base de que el artículo 129.2 de la Constitución Española no está desarrollado y tiene todavía mucho camino por recorrer; explican que indica que «los poderes públicos fomentarán las cooperativas, promoverán la participación en la empresa y facilitarán el acceso de los trabajadores a los medios de producción. Este precepto busca impulsar formas de propiedad democrática, cooperativas y la participación en la toma de decisiones». 

Díaz ya ha dicho que «una empresa sin la voz de los trabajadores es como un Parlamento sin el voto de sus ciudadanos. Si queremos una democracia fuerte, no podemos conformarnos con una democracia a medias. Es hora de que la democracia entre en nuestros lugares de trabajo. Es hora de democratizar las empresas y la economía», aseguró en la presentación del informe.

Las fuentes consultadas niegan la mayor y afirman que la representación de los trabajadores está suficientemente cubierta en los comités de empresa y que ya tienen las herramientas necesarias para hacer valer sus derechos, no solo en cuanto a la discusión de convenios colectivos, sino también en el día a día de la gestión de sus derechos laborales. En definitiva, creen que estas normas no buscan equipar derechos, sino sobrerrepresentar a los sindicatos.

CCOO y UGT

Advierten de que una representación excesiva de los trabajadores en la gestión podría terminar en que el control de las empresas termine en manos de los sindicatos mayoritarios, como Comisiones Obreras y UGT, y no de los trabajadores de a pie. Estas formaciones, además, ya han demostrado ser la guardia pretoriana de Díaz en las negociaciones con la patronal en el marco del Diálogo Social y no esconden su cercanía con el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar.

La medida que ha generado más polémica es la que dice que un tercio de los puestos en el consejo se asignará a los representantes de las personas que trabajan en compañías de entre 50 y 1.000 empleados; y la mitad para más de 1.000 empleados. Para los empresarios, esta norma vulneraría cualquier criterio de gobernanza porque implicaría reducir los vocales independientes y acotar mucho los dominicales (los que representan a los accionistas), generando una distorsión difícil de explicar al mercado.

Lo que propone el informe es que las empresas puedan elegir, mediante convenio colectivo, entre tres opciones para organizar esta representación: incluir a los representantes de quienes trabajan directamente en el consejo existente, de manera independiente al comité de empresa; otorgar al comité de empresa el peso de voto correspondiente junto al peso otorgado al consejo; o incluir en el consejo existente el mismo número de trabajadores ya representados en el comité de empresa, lo que implica que estos trabajadores tendrán un doble nombramiento.

Consejos y cotizadas

También proponen que en las empresas con entre 25 y 1.000 empleados, más del 2% de las acciones deben ser propiedad y/o estar gestionadas por quienes trabajan (a través de un fideicomiso u otro vehículo adecuado); en las empresas con más de 1.000 empleados, más del 10% de las acciones deben ser propiedad y/o estar gestionadas por los trabajadores y las trabajadoras. Aquí nuevamente la duda es saber de qué empresas estamos hablando. Por ejemplo, en Telefónica los tres mayores accionistas (la SEPI, Criteria y STC) tienen el 10% cada uno. Bajo esta fórmula, los empleados se quedarían como los principales accionistas.

El poder de los sindicatos no haría más aumentar, ya que el informe también propone que el ámbito de competencias de los comités de empresa «debería ampliarse para incluir el derecho a la información y la consulta en los procesos de toma de decisiones relativos a la reconfiguración de sus modelos organizativos o de producción», en particular cuando su objetivo sea «lograr una mayor eficiencia, sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social corporativa». Es decir, ya no solo aumentarán su peso en el capital o los consejos, sino que también la gestión pura y dura.

Del mismo modo, se propone que los deberes fiduciarios se reformen para abarcar más que las obligaciones hacia los accionistas, incluyendo un deber de deliberación respecto a las personas que trabajan, los accionistas y el medio ambiente. Los directores tendrían que tener en cuenta a estos distintos grupos de interés en sus decisiones, señalar la consideración de alternativas y describir los resultados asociados para cada grupo.

Observatorio de participación

El informe propone que las propias empresas remuneren a sus representantes de los trabajadores por el solo hecho de realizar su labor sindical. «En paralelo con la implementación de programas estratégicos de formación adaptados, el trabajo de los miembros sindicales sea debidamente remunerado». Se recomienda además considerar el establecimiento de límites en la proporción de remuneración entre el CEO y los trabajadores y las trabajadoras con menor salario para garantizar una distribución más equitativa de los beneficios de la empresa.

Finalmente, se pide la creación de un Observatorio sobre Acceso a la Participación y la Propiedad, bajo la supervisión de agentes sociales, científicos, y otras partes interesadas relevantes. «Este observatorio garantizaría un monitoreo continuo del acceso de los trabajadores y las trabajadoras a la voz y la propiedad en las empresas españolas. Su labor incluiría medir el progreso (utilizando métricas como las escalas de cinco niveles), identificar buenas prácticas y destacar obstáculos estructurales».