El Gobierno cuela a la patronal amadrinada por Begoña Gómez en el diálogo social

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha vuelto a saltar otra vez el diálogo social. Después de la sorpresa tras el Consejo de Ministros de cambiar, mediante la reforma del subsidio por desempleo, el sistema de prevalencia de los convenios laborales, cediendo protagonismo a las organizaciones provinciales, por encima de las nacionales y sectoriales, este miércoles el BOE ha dado una nueva sorpresa a las organizaciones empresariales. Y es que el Ejecutivo ha introducido cambios en la composición del Consejo Económico y Social (CES), incluyendo en menos de tres meses a aquellas organizaciones empresariales que tengan mayor representatividad a nivel autonómico.

De este modo, la apremiante decisión del equipo de Sánchez quita sillas y por tanto representatividad a las patronales CEOE y Cepyme, y por el contrario, brinda posiciones a organizaciones como PIMEC, que es la patronal de la pequeña y la mediana empresa de Cataluña que, depende de Conpymes, la organización que fue amadrinada en mayo de 2021 por Begoña Gómez y Yolanda Díaz.

Con este cambio de composición, con 61 miembros dentro de este Consejo, CEOE y Cepyme perderán influencia, algo que quedará de manifiesto en un periodo de tres meses cuando se celebre un pleno y se adapte el nuevo reglamento.

Este martes, el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, se refirió en la presentación de la Revista de Cepyme, El Empresario, a dos cuestiones que a su modo de ver han de preocupar: por un lado, la prevalencia de los convenios laborales provinciales «rompiendo la unidad de mercado» y, por otro, la introducción en el diálogo social de las «organizaciones de amiguetes» sin tener en cuenta la lealtad institucional.

La deriva intervencionista

Con estas premisas, CEOE, Cepyme y ATA han manifestado este miércoles que «el Gobierno sigue ahondando en la deriva intervencionista que hace mucho tiempo venimos denunciando en el ámbito de las relaciones laborales, al modificar sustancialmente, de forma unilateral y para cumplir con pactos políticos, el espacio de negociación exclusivo y autónomo del que se han dotado tradicionalmente empresas y trabajadores».

En este sentido, las patronales empresariales de CEOE, Cepyme y ATA han redactado un comunicado exprensando su posición contraria a esta decisión del Ejecutivo, que en ningún momento ha sido objeto de estudio en las mesas de diálogo, al tiempo que advierten de la «deriva intervencionista» de las políticas económicas y, en concreto laborales de Pedro Sánchez. Además, las patronales, también acusan al Gobierno por la entrada en foros de diálogo a «actores afines a sus intereses» y de querer romper así el diálogo social, tras introducir en la reforma del subsidio por desempleo medidas para modificar la composición de la representatividad empresarial en el Consejo Económico y Social (CES), ya que, en concreto, el Gobierno ha dado un plazo de tres meses al CES para que reforme su reglamento y dé cabida en el Consejo a las organizaciones empresariales autonómicas más representativas.

Las organizaciones empresariales presididas por Antonio Garamendi, Gerardo Cuerva y Lorenzo Amor, reprueban que el Gobierno, aprovechando una norma en materia de protección social -como es la reforma del subsidio por desempleo, pactada de manera bilateral con el Ministerio de Trabajo que dirige Yolanda Díaz-, «modifique de forma radical la estructura de la negociación colectiva para dar prevalencia a los convenios colectivos autonómicos y provinciales».

El trabajo «deliberado» de Díaz

Además -subrayan las patronales y agentes del diálogo social-, «lo ha vuelto a hacer saltándose la obligada consulta en el diálogo social, tal y como mandata el artículo 7 de la Constitución, del mismo modo que ha hecho con numerosas normas en los últimos meses, de nuevo socavando la autonomía de las partes y sin tener como objetivo el interés general y la prosperidad económica del país». «Más allá de las formas -continúa el comunicado-, en la práctica esta medida atenta contra la unidad de mercado a nivel nacional, en dirección contraria precisamente de los esfuerzos que a nivel europeo se están desarrollando para reforzarla como elemento fundamental de la futura competitividad de la UE y de España».

Además -sostienen las organizaciones empresariales reconocidas, al menos hasta ahora en las mesas de diálogo social que llevan más de 45 años-, «no es la primera vez tampoco que alertamos de que el Ministerio de Trabajo está deliberadamente vulnerando los acuerdos alcanzados en el marco de la última reforma laboral». Acuerdos -sustancia-, «en cuyas negociaciones ya pactamos no abordar la cuestión de la prevalencia de los convenios al entender todas las partes que era dañino para los intereses generales y anacrónico en el contexto actual».

«Consideramos -apostillan-, «que es una cuestión especialmente grave en tanto que dicha reforma laboral constituyó un hito del Plan de Recuperación y Resiliencia que sirvió para atraer cuantiosas cantidades de dinero a España».

«Actores afines a sus intereses»

Una vez más -sostienen CEOE, CEPYME y ATA-, «seguimos con la mano tendida para, desde el trabajo conjunto en las mesas de diálogo social y desde la autonomía de las partes en la negociación colectiva, como siempre hemos hecho, podamos ofrecer a la sociedad en general el necesario clima de entendimiento y convivencia y las mejores soluciones posibles a los problemas reales a los que nos enfrentamos en estos momentos».

Por ello -señalan-, «es todavía más incomprensible la actitud del Gobierno de querer romper el diálogo social al forzar la entrada en foros de diálogo a actores afines a sus intereses, como se ha vuelto a ver en el mismo Real Decreto-ley de este martes, con los cambios en el reglamento del CES».