Moncloa cree que Telefónica trata de retrasar un año la entrada de la SEPI en su consejo
La operadora celebrará una junta extraordinaria por vía de urgencia
Sede de Telefónica
Telefónica ha colgado el cartel de ‘no hay entradas’ en su consejo de administración con vistas a la junta general que celebrará el próximo día 12 de abril. Una decisión organizada por los servicios jurídicos de la operadora que ha provocado malestar en Moncloa. Hasta el punto ha llegado la crispación en el entorno de Presidencia del Gobierno que la SEPI, tras la compra del 3% de las acciones en la empresa que preside José María Álvarez-Pallete, está dispuesta a solicitar una junta general extraordinaria al antiguo monopolio para poder incorporarse a la gestión dentro del máximo órgano de gobierno.
Tal y como ha publicado THE OBJECTIVE, la citada participación formalizada en el capital de Telefónica por la sociedad estatal integrada en Hacienda permitiría solicitar la incorporación de un representante en el consejo de la operadora. El problema consiste en que dicha petición tendría que haberse realizado dentro de los cinco días siguientes a la convocatoria de la junta general que se publicó hace ya más de un mes. En definitiva, y como coloquialmente se dice, «el arroz hace tiempo que se le ha pasado» al Gobierno y para que no quepan dudas al respecto Telefónica lo dejó claro nada más conocerse la entrada oficial de la SEPI en su accionariado.
La citada convocatoria cerró a cal y canto la designación de nuevos consejeros toda vez que en la misma se incluyó la renovación de los independientes cuyo mandato vence este año, como son Javier Echenique, Peter Löscher, Verónica Pascual y Claudia Sender. A ellos cuatro se añade la ratificación de otros dos independientes, Solange Sobral y Alejandro Reynal, que entraron en el consejo por cooptación el pasado mes de diciembre. En definitiva, Telefónica no tiene ahora ninguna vacante, por lo que la SEPI debería teóricamente esperar a la junta del año que viene, a mediados de 2025, para poder formalizar su desembarco efectivo en la compañía.
En Moncloa consideran que esta es la intención oculta del equipo que preside Álvarez-Pallete y de ahí el plan de solicitar una junta extraordinaria a pesar de las repercusiones que dicho requerimiento legal pudiera generar en los mercados. La compra del 3% de las acciones, a la que se añade otro 2% en derivados, ha suscitado las críticas lógicas que se derivan de una inversión con recursos del Estado para tomar un paquete de control en una empresa privada. A partir de ahí, si la incorporación al consejo de la SEPI se canaliza de manera extraordinaria, tocando la campana en la plaza pública con una convocatoria de junta general, dejaría en evidencia el instinto intervencionista de Pedro Sánchez.
Para más inri, la entrada por las bravas del consejero de la SEPI obligaría a Telefónica a aumentar el número de miembros de su máximo órgano de gobierno. La CNMV fija en 15 consejeros el límite a este efecto y dicha recomendación establecida en el Código de Buen Gobierno Corporativo de las sociedades cotizadas se ha convertido en un puerto seguro que cumplimentan a rajatabla todas las grandes del Ibex. La operadora que preside Álvarez-Pallete tendría que pasar a disponer de 16 administradores en su consejo, lo que daría un ejemplo pésimo dentro del marco societario de las grandes empresas bursátiles. Tanto las autoridades comunitarias como los inversores internacionales tendrían un motivo adicional para recelar del mercado abierto que se supone debe presidir las actuaciones de política económica en todos los estados miembros de la Unión Europa.
