El ministro Óscar López tendrá todo el control sobre los medios de comunicación
El Ministerio de Transformación Digital buscará evitar, entre otras cosas, la concentración de grupos editoriales
Óscar López, ministro de Transformación Digital y Función Pública. | Matias Chiofalo / Europa Press
El Ministerio de Transformación Digital dirigido por Óscar López será el principal responsable de supervisar a los medios de comunicación en la nueva etapa que La Moncloa quiere abrir para controlar el ecosistema informativo. El Plan de Acción por la Democracia anunciado hace unas semanas le otorga nuevos poderes que se suman a una reforzada vigilancia de las cadenas de televisión, la concesión de licencias de TDT y el espectro de cadenas de radio, lo que le convertirá en una suerte de regulador en las sombras desde donde se articulará toda la estrategia de vigilancia que quiere establecer el Gobierno.
Según ha podido confirmar THE OBJECTIVE con fuentes relacionadas con estos movimientos, el ministerio de Óscar López será el que tendrá más competencias con esta nueva normativa que, según Moncloa, busca «reforzar la transparencia de nuestra democracia», pero que según sus críticos, solamente persigue un mayor control sobre medios incómodos a la vez que se premia a periódicos, televisiones y radios cercanas a Pedro Sánchez. Competencias que incluso van más allá de lo poco que ha trascendido públicamente y que ejercerán con apoyos puntuales de la Secretaría de Estado de Comunicación y el propio equipo del presidente.
Estas mismas fuentes indican que este ministerio será el eje del control que Sánchez quiere ejercer en los medios mediante esta batería normativa que -entre otras cosas- financiará a grupos afines con 100 millones de euros en ayudas públicas, supervisará a medios díscolos a través de la CNMC, establecerá nuevas reglas anticoncentración y concederá una nueva señal de televisión para un grupo cercano al presidente, previsiblemente Prisa.
Grupos de interés
No es casualidad que Óscar López, probablemente el asesor más cercano al presidente en los últimos dos años en Moncloa, sea el encargado de ejecutar la estrategia. Y tampoco es coincidencia que Antonio Hernando, su número dos en la sala de máquinas, sea el segundo al mando de este ministerio. En este punto, la idea es establecer una colaboración máxima entre la Secretaría de Estado de Comunicación y Presidencia, vasos comunicantes entre dos departamentos con los que el ministro trataba todos los días hasta hace menos de dos meses.
El Plan de Acción por la Democracia le atribuye al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública la potestad de terminar la ejecución del cuarto Plan de Gobierno abierto (2020-2024) y preparar el quinto; la aprobación del Sistema de Integridad de la Administración General del Estado; establecer una obligación legal de rendición de cuentas cada seis meses para todas las administraciones; y la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante.
Del mismo modo, será el responsable de la aprobación de la Ley de Grupos de Interés que regule su código de conducta y facilite el seguimiento del proceso legislativo. En relación con esta fiscalización, resulta paradójico que el número dos del ministerio y secretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Hernando, haya sido hace solo tres años parte de Acento, la consultora de Pepe Blanco que es actualmente el mayor grupo de lobby de España y el que mejor relación tiene con el Ejecutivo y con las principales empresas del país.
Concentración de medios
Entrando en el control de los medios, López tendrá a su cargo (junto con Economía) la revisión del marco regulatorio para garantizar el pluralismo «evitando la concentración de los medios de comunicación». Fuentes consultadas por este diario indican que esta norma será clave, ya que se busca supervisar todos los movimientos corporativos en grupos editoriales, una suerte de decreto antiopas para medios con el que el Ejecutivo siempre tenga la última palabra, una prerrogativa que podría recaer en el futuro en la cartera de López.
Otro de los puntos de la polémica es la concesión de 100 millones de euros en ayudas a los medios. En este caso, el Ministerio de Transformación Digital lo gestionará a través de la Secretaría de Digitalización e IA y a cargo de fondos del Perte de la Lengua. La justificación será promover la digitalización de los medios a través de «la creación de bases de datos, el desarrollo de herramientas de mejora de la productividad y calidad informativa, así como el refuerzo de la ciberseguridad». Parece difícil creer que estas ayudas se otorguen a periódicos críticos y que no lleguen solo a unos pocos grupos mediáticos fieles.
El Ministerio de Transformación Digital también será el encargado de la Reforma de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que esta cuente con competencias en materia de servicios digitales y medios de comunicación. La CNMC deberá crear un registro de medios de comunicación en el que se disponga de información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben, pero sus competencias no serán muy diferentes hasta las que tiene ahora. Quizás tenga mayor capacidad, pero realmente la labor fiscalizadora de los medios quedará en manos de la cartera de López, como con las telecos y las televisiones.
Publicidad institucional
Otro de los ejes del control de medios será la publicidad institucional. En este caso, el protagonismo lo tendrá la Secretaría de Estado de Comunicación dependiente del Ministerio de Presidencia, aunque con asesoría de Transformación Digital. Es así como se velará por la publicación anual de la inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas y la reforma de la Ley de Publicidad Institucional para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación.
También se quiere garantizar que los sistemas de medición de la audiencia y la metodología que se utilice cumplan los principios de transparencia, imparcialidad, inclusividad, proporcionalidad, no discriminación, comparabilidad y verificabilidad; además de la introducción de límites a la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, para que «no haya medios impulsados por o dependientes de administraciones públicas». También se quieren asegurar medidas de apoyo para aquellos medios de comunicación que estén íntegramente en lenguas oficiales diferentes del castellano.
Esta batería de medidas implica que el Ministerio de Transformación Digital esté presente en todos los ejes del plan de control de medios, de manera directa o indirecta. Además, este diario ha podido confirmar que se reforzarán las potestades que ya tiene como el control de las cadenas de televisión a través de la concesión de licencias. Esto supone estrechar la vigilancia sobre estas emisiones y estar atentos a cualquier movimiento que no sea del agrado del Gobierno.
Licencia de TDT
Las televisiones emiten gracias a la cesión de un espectro público que se concede por diez años o más, con posibilidad de renovación. Lo mismo pasa con las cadenas de radio, que hacen uso de este espectro público y que están sujetos a prórrogas periódicas si es que cumplen con los objetivos fijados cuando se les entregó la autorización de emitir. Todo esto está en manos del Ministerio de Transformación Digital.
Una potestad que también le permite a este departamento a realizar un reordenamiento del espectro para poner en marcha la licitación de una nueva cadena de televisión en abierto TDT, como así efectivamente se está haciendo en estos momentos. Proyecto que ya está en audiencia pública hasta mediados de este mes.
El plan está pensado para que la señal se la quede un grupo cercano al Ejecutivo, preferiblemente Prisa, con lo que Sánchez configuraría un mapa televisivo a su medida (a diferencia de internet y de las redes sociales), con RTVE a la espera de tener un administrador único, con Mediaset presidida por Cristina Garmendia, exministra socialista, y con una nueva cadena de nueva creación que haga pinza a la crítica Antena 3.
