MasOrange tendrá que realizar 185 despidos forzosos, el 28% de los afectados por el ERE
La adhesión se situó en apenas 465 inscritos, el 72% del total acordado por la empresa con los sindicatos
La directiva de MasOrange se enfrenta al peor de los escenarios de su expediente de regulación de empleo (ERE) planteado para 650 trabajadores. Después de un mes de negociaciones, múltiples desacuerdos entre los sindicatos mayoritarios -CCOO y UGT- y severas discrepancias a su vez con la empresa y con su equipo directivo, los números finales de adscritos voluntarios fueron de 465 personas: 313 indemnizaciones y 152 prejubilaciones; lo que significa alcanzar apenas el 71,5% de las posibles salidas.
De esta manera, ahora MasOrange deberá abrir un proceso de despidos forzosos a 185 personas para completar los 650 despidos pactados con los sindicatos, propuesta aprobada pese al rechazo de Comisiones Obreras, que en todo momento se mostró contrarios a alcanzar un acuerdo con la compañía.
Recordemos que la directiva de MasOrange, liderada por el CEO Meinrad Spenger, en todo momento negó que fuesen necesarios realizar despidos forzosos. Incluso vendió el ERE como un proceso totalmente voluntario, pero erraron los cálculos y su propuesta no convenció a toda la plantilla. Desde UGT se achaca la baja adscripción a CCOO e indican que el 22% de sus delegados se han inscrito, validando implícitamente el acuerdo, aunque lo cierto es que el proceso estuvo en todo momento salpicado por diferencias entre la empresa y sus trabajadores.
Negociación del ERE
La primera propuesta claramente tuvo un sesgo de incluir a más empleados de la antigua Orange que de MásMóvil, al mismo tiempo que la oferta económica fue considerada inusualmente baja, incluso para el comienzo de una negociación. Una propuesta que, por cierto, se presentó varias semanas después de que comenzaran formalmente las conversaciones por el ERE. Con todo, siempre planeó sobre las negociaciones, el recuerdo de anteriores ERE de la plantilla de Orange, con mejores condiciones y una relación más cercana entre las partes representadas en la mesa.
Este diario ya adelantó que hasta las cinco de la tarde de ayer la adhesión se situó en 457 inscritos: 151 prejubilaciones y 306 indemnizaciones. Esto supuso que en las siete horas restantes para el cierre del proceso apenas se sumaron un puñado de empleados y todo pese a que el periodo de adscripción se prorrogó una semana.
Las condiciones pactadas en el ERE incluyen una indemnización de entre 47 y 34 días por año trabajado con un tope de 24 mensualidades para las personas que se adhieran de forma voluntaria. Por otro lado, para los trabajadores que salgan de la compañía de manera forzosa la indemnización será de entre 45 y 33 días por año trabajado con un máximo de 24 mensualidades.
Antigüedad en MasOrange
Del mismo modo, los trabajadores con menos de ocho años de antigüedad en la empresa y que se presenten de manera voluntaria al ERE cobrarán una prima de 3.000 euros, una cifra que se incrementa hasta los 8.000 euros para los empleados con una antigüedad de entre nueve y 12 años y que aumenta hasta los 15.000 euros para los que lleven más de 12 años en la compañía. El tope de la indemnización será de 300.000 euros.
El pacto alcanzado también recoge que podrán acogerse al plan de prejubilaciones los trabajadores de entre 56 y 57 años con una antigüedad en la empresa igual o superior a nueve años, mientras que, en el caso de las personas de entre 58 y 62 años, la antigüedad tendrá que ser igual o superior a los cinco años. En cuanto a las rentas del plan de prejubilaciones, estas se sitúan en el 80% del salario regulador.
Otro elemento que figura en el acuerdo es el mantenimiento durante dos años del seguro médico para aquellos empleados afectados por el ERE que dispongan del mismo, mientras que, en el caso de las prejubilaciones, el mantenimiento del seguro médico (en caso de disponer de esta prestación) será hasta los 63 años. A ello se suma una garantía del empleo hasta el 30 de junio de 2026, si bien esta cuestión está supeditada a que «no haya motivos económicos o estructurales graves» que puedan motivar un nuevo proceso de despido colectivo en la compañía. Es decir, todo queda relativamente abierto.